En medio de la discusión que ha generado el proceso constituyente que propuso el Gobierno para cambiar la Constitución, está el punto del nuevo capítulo que se le agregará a la Constitución, el XVI, que estipula los mecanismos a través de los cuales se podría cambiar la Carta Magna: Comisión Bicameral, Comisión Constituyente (parlamentarios y ciudadanos) o una asamblea constituyente.

Si bien se ha señalado que existiría un “acuerdo total”, propiciado por el ministro del Interior, Jorge Burgos, para que dicho agregado a la Ley Fundamental sea aprobado por el Congreso, se va a exigir que sea por dos tercios de los parlamentarios para su aprobación (80 diputados y 25 senadores), como una forma de entregar “garantías” a la centro-derecha de que no se busca ningún tipo de “atajos”.

De hecho, el fin de semana, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre manifestó en entrevista con La Tercera se cuadró con la interpretación de que es necesario que dos tercios de los integrantes del Congreso “tienen que estar de acuerdo con la reforma constitucional para poder habilitar a que el próximo Congreso decida la sede: si es una asamblea constituyente,  una comisión bicameral, una comisión constituyente o un plebiscito para elegir. Con esto usted tiene la participación de dos Congresos sucesivos”.

Sin embargo, algunos juristas han planteado que esto contraviene incluso los lineamientos constitucionales sobre reforma a la Carta Magna.

En efecto, el artículo 127 del Capítulo XV sobre Reforma de la Constitución establece que “El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio”.

El abogado de la Universidad de Chile Renato Garín, investigador del Centro de Análisis e Investigación Política (CAIP), criticó las “analogías y metáforas” con las cuales se califica al proceso constituyente, como es el caso de los “atajos” o los “fumadores de opio”, que sólo enturbian el debate, y que, finalmente, son los juristas y parlamentarios que están a favor de la norma de los dos tercios quienes no estarían “siendo leales” con la Constitución

“No están siendo leales con el texto constitucional, sino con el régimen que rodea la Constitución, entonces lo que están buscando imponer es la norma de los dos tercios porque creen que es parte de la naturaleza del asunto, pero si así lo creen que elijan un mecanismo constitucional que implique dos tercios. Yo lo que no entiendo es por qué han elegido un mecanismo de tres quintos, y lo han comunicado como uno de dos tercios”.

Garín recordó que cuando se agregó el capítulo VII sobre el Ministerio Público, se requirió la aprobación, efectivamente, de tres quintos del Parlamento. Por esta razón, manifiesta que no debe ser distinto en relación con el capítulo XVI.

El diputado de la UDI, y miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara, Arturo Squella sostuvo que el capítulo XV sobre Reformas Constitucionales establece claramente los quórums para cambiar los contenidos de la Constitución, y que en el caso de las reformas de la Carta Magna, a su juicio es dos tercios, y el capítulo XVI versaría sobre estas materias, “si no cuál sería el sentido de establecer estos dos quórums. Si yo pudiera cambiar, únicamente, por la vía fácil, por la vía de los tres quintos, el capítulo de las reformas constitucionales, evidentemente que ese sería el que se aplicaría a todas las disposiciones de la Constitución”.

“Yo, humildemente, sugeriría no caer en esa lógica y empezar a aprovechar el tiempo en ponernos de acuerdo. Al final del día, tres quintos también es una cantidad importante de votos y ese es el camino más fácil, y así y todo yo me atrevería a decir que para lograr cambios con tres quintos o dos tercios se necesita la voluntad de los mismos grupos políticos, es decir todos”, agregó Squella.

El diputado gremialista recordó que esta es la opinión de algunos juristas ligados a la Nueva Mayoría, como es el caso de Francisco Zúñiga, Jorge Correa Sutil y Patricio Zapata, entre otros, y llamó a que la discusión sobre el contenido debe superar la lógica de los mecanismos, ya que estaría claro que “hay que juntar una gran cantidad de votos” para hacer cualquier cambio.

Por su parte el diputado de la DC Fuad Chahín espera que el proyecto que envíe el Gobierno establezca quórums “alcanzables”, pero que sean de generar un amplio consenso: “La interpretación que le ha dado el Gobierno es que esto sería, en el fondo, una modificación a las normas de modificación de la Constitución, y que por lo tanto debiera tener dos tercios. Creo que es un tema que debemos resolver, adecuadamente, en la Comisión de Constitución cuando llegue el proyecto. Sin conocer el proyecto habilitante, es difícil pronunciarse”.

Fernando Atria, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile, indicó que “no me sorprende que los políticos digan que se requiere dos tercios. Lo que me sorprende son que profesores de derechos constitucional que digan que requiere dos tercios, porque eso es manifiestamente falso. Lo otro que me sorprende es que nadie haya dicho en nombre del Congreso que es inaceptable que el Presidente de la República, le venga a decir al Congreso cuál es el quorum por el cual se aprueban proyectos. El Presidente manda un proyecto de ley al Congreso y el Congreso verá cómo se aprueba”.

Para Atria, los calificativos como “avivada”, “pillería” o “atajos” con que se ha caricaturizado las propuestas de cambio de la Constitución, se dicen “en ausencia de razones. Es lo propio de quien no tiene razones”, y que la “interpretación mañosa” de este artículo, al igual como plantea Garín, viene de parte de quienes postulan los dos tercios para aprobar el nuevo capítulo.

Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, cree que quienes enarbolan la tesis de los dos tercios “simplemente no quieren cambiar la Constitución, y prefieren esta Constitución porque mantiene el statu-quo, no les preocupa la legitimidad, por eso argumentan que cualquier mecanismo es un atajo”, y emplazó a los grupos de centro-derecha a abrirse al diálogo, y no poner vetos previos a la discusión.

Sobre el futuro del proceso constituyente el diputado de la UDI Arturo Squella planteó sus inquietudes sobre la educación cívica que el Gobierno implementará: “Obviamente que genera dudas sobre cuál va a ser el verdadero uso que se le va a dar a esa, entre comillas, educación cívica”, y emplazó al Gobierno a que realice este proceso con transparencia e incorporando a todos los sectores políticos, para que no pierda su “credibilidad”.

El senador independiente pro DC, Pedro Araya emplazó a la derecha “a no tener miedo” en el debate por una nueva Constitución.

Por su parte, El senador De Urresti como “extemporáneas y risibles” las críticas de parte de la derecha al proceso constituyente, sector que a juicio del parlamentario “disfruta y amparó una Constitución hecha entre cuatro paredes y en plena Dictadura, quien hable de adoctrinamiento”.