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Comentario económico: Todos somos socialistas

En lo social perjudica a los consumidores, no solo extrayéndole ilegítimamente recursos que pueden tener otros usos útiles, sino que incide, por ejemplo, en más inflación, elevando el IPC, el que, a su turno, aumenta las tasas de interés, encarece los créditos, pagos de dividendos y reduce la capacidad adquisitiva de los consumidores.

Roberto Meza

  Lunes 2 de noviembre 2015 14:40 hrs. 
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Entre las primeras reacciones del mercado ante el proceso iniciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por colusión en contra de las empresas CMPC y SCA, la marca alternativa, Scott, producida por la firma Kimeberly Clark, que no formó parte del llamado “cartel del confort”, mostró un fuerte avance en sus ventas, según informaciones y fotografías de estantes de supermercados que circulan en las redes sociales, las que, adicionalmente, han llamado a sumarse a un “boicot ciudadano contra los ladrones”.

Otro efecto ha golpeado el valor de las acciones de CMPC, las que luego que la semana pasada cayeran 10 por ciento, en la apertura de este lunes siguieron la misma senda y perdían casi el 2 por ciento, bajando a $ 1.676,1 cada una, su valor más bajo desde el 9 de julio, siendo, además, los títulos más transados  ($ 717,3 millones), es decir, incrementando el grupo de personas que se deshace de aquella inversión.

Una baja del 12 por ciento de las acciones de la CMPC implica pérdidas muy cuantiosas en la capitalización bursátil de la firma, cuyo valor de mercado estimado oscila entre los US$ 9.000 millones y los US$ 10 mil millones; es decir, la caída de su precio podría alcanzar a los US$ US$ 1.200 millones, cifra que se compara muy negativamente con los supuestos beneficios que el cartel habría conseguido mediante el artificio de la colusión y que se ha calculado en unos US$ 500 millones en los 10 años de mala práctica.

Es cierto que el valor de la compañía puede recuperarse en los próximos años y, en consecuencia, limitar estas pérdidas. Pero, el efecto reputacional sobre una empresa con 95 años de tradición, es de difícil recuperación y según un reciente informe de BanChile Inversiones, el impacto en la acción de CMPC sería entre $ 50 y $ 60, “con una volatilidad elevada en el corto plazo”, considerando una pérdida de alrededor del 10 por ciento en los volúmenes de venta de papeles tissue en Chile y menores precios previsibles, los que se acercarían al promedio de Sudamérica, en donde los papeles de CMPC en Chile son un 7 por ciento por sobre el promedio del segmento.

De allí que la colusión, como práctica ilegal, no solo sea castigada en todas las legislaciones de las democracias de mercado por su impacto económico, sino que, además, tenga incidencias en ámbitos éticos, sociales, políticos y prácticos. En efecto, en lo ético, la colusión es un tipo de práctica desleal que atenta en contra del fair play que supone la libertad de empresa y emprendimiento, para que se cumpla el objetivo de que los intereses individuales sean compatibles con los sociales, como quería Adam Smith.

En lo económico, daña la competencia, la que, en teoría, mejora la calidad de los bienes y servicios y los precios a los que se puede acceder a ellos. Asimismo, al impedir el ingreso de nuevos players se afecta la posibilidad de integrar innovación, mejorar la calidad y eficiencia del producto, producción y productividad para toda la industria en su conjunto.

En lo social perjudica a los consumidores, no solo extrayéndole ilegítimamente recursos que pueden tener otros usos útiles, sino que incide, por ejemplo, en más inflación, elevando el IPC, el que, a su turno, aumenta las tasas de interés, encarece los créditos, pagos de dividendos y reduce la capacidad adquisitiva de los consumidores. Si bien el gasto familiar en papel tissue es aproximadamente del 0,5 por ciento del total, en una casa que gasta $600 mil al mes, la cifra alcanza a los $30 mil, de los cuales, si el cartel subió artificialmente el precio en 10 por ciento, son $3 mil que pudieran haberse destinado a tres kilos de pan. Y multiplicado por 3,5 millones de familias es mucho dinero mal gastado y desviado alevosamente hacia otros bolsillos.

En el ámbito de sus efectos prácticos, si bien la colusión puede lograr defraudar por un tiempo a los consumidores es, como hemos visto en los casos Farmacias Pollos o en este, muy difícil de sostener, porque más temprano que tarde, el acuerdo es denunciado, haciendo caer a las empresas partícipes en el descrédito y fuerte daño de marca, con costos casi irreparables y muy superiores a los beneficios del cartel, como lo muestran los casos internacionales de varios mega bancos quebrados, de Volskwagen y, eventualmente, la CMPC y SCA.

Finalmente, en el ámbito político, este tipo de prácticas nacidas de la ansiedad de quienes tienen la obligación de generar ganancias para sus accionistas y mostrar resultados que los validen y les aseguren su puesto y buenas ganancias en bonos, liquida las confianzas ciudadanas en la actividad privada, estimulando la emergencia de críticas que apuntan a mayores regulaciones y control estatal de la actividad particular, pues, en los hechos, al fijar precios y mercados a través de la colusión con la competencia, dichas gerencias y/o directorios, operan con igual lógica con la que podría actuar una oficina estatal fijadora de precios y cuotas de mercado, aunque, por cierto, con objetivos socialmente diferentes.

Entonces, ¿si aceptáramos la colusión de las grandes empresas para que fijen precios y cuotas de mercado, por qué no mejor nos declaramos todos de inmediato y masivamente como socialistas?

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