A través de un oficio enviado al Senado, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, propuso eliminar dos numerales del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. La normativa, hoy vigente, señala que podrán declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal: el Presidente de la República, los ministros de Estado, los senadores y diputados, los subsecretarios, pero también el arzobispo y los obispos, los vicarios generales, los provisores, los vicarios y provicarios capitulares; y los párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo.
Recientemente, el cardenal Francisco Javier Errázuriz se acogió al beneficio y declaró en su domicilio ubicado en la comuna de Providencia. Testimonio entregado en el marco de la demanda que tres víctimas de Fernando Karadima presentaron en contra el Arzobispado de Santiago.
Sin embargo, las cosas podrían cambiar toda vez que la Asamblea Plenaria de Obispos, Ricardo Ezzati, se mostró a favor de la eliminación del beneficio: “Para nosotros es una liberación. Estamos muy de acuerdo y queremos adelantar también que queremos renunciar al fuero, porque creemos que en el momento actual no tenemos ninguna necesidad de fuero. Somos ciudadanos como todos los demás y, en ese sentido, nosotros mismos vamos a proponerlo, considerando que la legislación no nos toca a nosotros”.
La ex presidenta y actual consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, explicó a La Tercera que la norma tenía un fundamento, ya que la actividad de un párroco o un religioso, no es conciliable con una ida a un tribunal en cualquier día y hora. Además, antes había defendió la extensión de estos beneficios a todos los credos religiosos.
¿Pero es esto una imposición del Estado sobre la Iglesia? Emiliano Soto, obispo de la Iglesia Pentecostal Reformada y presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas (UNE), sostuvo que esto no pasa por la separación de los poderes, sino que va más por un tema de igualdad ante la Ley. “Si fuera por eso históricamente la Iglesia Católica siempre ha tenido sus privilegios”, sostuvo.
Por su parte, el teólogo y ex presidente de Acción, Álvaro Ramis se refirió a la reforma al Código de Procedimiento Civil, afirmando que se debería privilegiar el principio de igualdad en éste y otros varios casos: “Debería tender a un marco legal donde haya igualdad ante la ley y se eliminen los abusos”, dijo.
Entre los otros casos apuntó a la aplicación arbitraria de la Justicia Militar, donde también se ven privilegios y discriminaciones.
Además, se refirió al abuso de los parlamentarios de la sobreprotección en el caso del fuero parlamentario, lo que cobra vital importancia en medio de las investigaciones por corrupción en la actividad política. En ese sentido, afirmó que hay mucho trabajo que hacer para lograr que la igualdad ante la ley comience en las propias leyes.
Así, con los apoyos que ya cuenta la idea de modificar este beneficio, se le augura una rápida tramitación. Esto en un contexto de fuertes cuestionamientos a la Iglesia por su participación en casos de pedofilia y su eventual encubrimiento.
A través de un oficio enviado al Senado, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, propuso eliminar dos numerales del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. La normativa, hoy vigente, señala que podrán declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal: el Presidente de la República, los ministros de Estado, los senadores y diputados, los subsecretarios, pero también el arzobispo y los obispos, los vicarios generales, los provisores, los vicarios y provicarios capitulares; y los párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo.
Recientemente, el cardenal Francisco Javier Errázuriz se acogió al beneficio y declaró en su domicilio ubicado en la comuna de Providencia. Testimonio entregado en el marco de la demanda que tres víctimas de Fernando Karadima presentaron en contra el Arzobispado de Santiago.
Sin embargo, las cosas podrían cambiar toda vez que la Asamblea Plenaria de Obispos, Ricardo Ezzati, se mostró a favor de la eliminación del beneficio: “Para nosotros es una liberación. Estamos muy de acuerdo y queremos adelantar también que queremos renunciar al fuero, porque creemos que en el momento actual no tenemos ninguna necesidad de fuero. Somos ciudadanos como todos los demás y, en ese sentido, nosotros mismos vamos a proponerlo, considerando que la legislación no nos toca a nosotros”.
La ex presidenta y actual consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, explicó a La Tercera que la norma tenía un fundamento, ya que la actividad de un párroco o un religioso, no es conciliable con una ida a un tribunal en cualquier día y hora. Además, antes había defendió la extensión de estos beneficios a todos los credos religiosos.
¿Pero es esto una imposición del Estado sobre la Iglesia? Emiliano Soto, obispo de la Iglesia Pentecostal Reformada y presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas (UNE), sostuvo que esto no pasa por la separación de los poderes, sino que va más por un tema de igualdad ante la Ley. “Si fuera por eso históricamente la Iglesia Católica siempre ha tenido sus privilegios”, sostuvo.
Por su parte, el teólogo y ex presidente de Acción, Álvaro Ramis se refirió a la reforma al Código de Procedimiento Civil, afirmando que se debería privilegiar el principio de igualdad en éste y otros varios casos: “Debería tender a un marco legal donde haya igualdad ante la ley y se eliminen los abusos”, dijo.
Entre los otros casos apuntó a la aplicación arbitraria de la Justicia Militar, donde también se ven privilegios y discriminaciones.
Además, se refirió al abuso de los parlamentarios de la sobreprotección en el caso del fuero parlamentario, lo que cobra vital importancia en medio de las investigaciones por corrupción en la actividad política. En ese sentido, afirmó que hay mucho trabajo que hacer para lograr que la igualdad ante la ley comience en las propias leyes.
Así, con los apoyos que ya cuenta la idea de modificar este beneficio, se le augura una rápida tramitación. Esto en un contexto de fuertes cuestionamientos a la Iglesia por su participación en casos de pedofilia y su eventual encubrimiento.
A través de un oficio enviado al Senado, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, propuso eliminar dos numerales del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. La normativa, hoy vigente, señala que podrán declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal: el Presidente de la República, los ministros de Estado, los senadores y diputados, los subsecretarios, pero también el arzobispo y los obispos, los vicarios generales, los provisores, los vicarios y provicarios capitulares; y los párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo.
Recientemente, el cardenal Francisco Javier Errázuriz se acogió al beneficio y declaró en su domicilio ubicado en la comuna de Providencia. Testimonio entregado en el marco de la demanda que tres víctimas de Fernando Karadima presentaron en contra el Arzobispado de Santiago.
Sin embargo, las cosas podrían cambiar toda vez que la Asamblea Plenaria de Obispos, Ricardo Ezzati, se mostró a favor de la eliminación del beneficio: “Para nosotros es una liberación. Estamos muy de acuerdo y queremos adelantar también que queremos renunciar al fuero, porque creemos que en el momento actual no tenemos ninguna necesidad de fuero. Somos ciudadanos como todos los demás y, en ese sentido, nosotros mismos vamos a proponerlo, considerando que la legislación no nos toca a nosotros”.
La ex presidenta y actual consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, explicó a La Tercera que la norma tenía un fundamento, ya que la actividad de un párroco o un religioso, no es conciliable con una ida a un tribunal en cualquier día y hora. Además, antes había defendió la extensión de estos beneficios a todos los credos religiosos.
¿Pero es esto una imposición del Estado sobre la Iglesia? Emiliano Soto, obispo de la Iglesia Pentecostal Reformada y presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas (UNE), sostuvo que esto no pasa por la separación de los poderes, sino que va más por un tema de igualdad ante la Ley. “Si fuera por eso históricamente la Iglesia Católica siempre ha tenido sus privilegios”, sostuvo.
Por su parte, el teólogo y ex presidente de Acción, Álvaro Ramis se refirió a la reforma al Código de Procedimiento Civil, afirmando que se debería privilegiar el principio de igualdad en éste y otros varios casos: “Debería tender a un marco legal donde haya igualdad ante la ley y se eliminen los abusos”, dijo.
Entre los otros casos apuntó a la aplicación arbitraria de la Justicia Militar, donde también se ven privilegios y discriminaciones.
Además, se refirió al abuso de los parlamentarios de la sobreprotección en el caso del fuero parlamentario, lo que cobra vital importancia en medio de las investigaciones por corrupción en la actividad política. En ese sentido, afirmó que hay mucho trabajo que hacer para lograr que la igualdad ante la ley comience en las propias leyes.
Así, con los apoyos que ya cuenta la idea de modificar este beneficio, se le augura una rápida tramitación. Esto en un contexto de fuertes cuestionamientos a la Iglesia por su participación en casos de pedofilia y su eventual encubrimiento.
