Este lunes, el Gobierno anunció el relanzamiento de la campaña “Entrega tu arma, una oportunidad para la paz”, que busca incentivar a las personas para que entreguen, de manera anónima, sus armas de fuego, lo que fue calificado como un éxito por el vicepresidente de la República, Jorge Burgos.

Paralelamente, el diputado Cristián Monckeberg, presidente de Renovación Nacional, realizó un llamado precisamente al Ejecutivo para que “no desplumen la Agenda Corta Antidelincuencia”, iniciativa que se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado.

Además de insistir en el fortalecimiento del control de identidad, considerando que el proyecto apunta a una mayor penalidad y mayores atribuciones para Carabineros.

Sin embargo, hay quienes plantean la delincuencia desde otros planos. Por ejemplo, el Defensor Nacional, abogado Andrés Mahnke, reconoce la necesidad de generar programas que permitan que niños y jóvenes infractores de ley puedan incorporarse a la sociedad de una forma diferente, considerando que muchos de ellos son infractores por la condición de marginalidad, abuso y el contexto de pobreza en que viven.

Jóvenes que se encuentran fuera del sistema educacional, con un alto consumo de drogas y alcohol y abandonados por sus familias. Por lo que, asegura, “la cárcel no es un disuasivo”.

Por ello, el Defensor Nacional propone la necesidad de favorecer medidas alternativas y penas sustitutivas.

En ese contexto, la socióloga Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, explica que si bien “en el contexto de la comisión de delitos, las medidas de control son necesarias, en ningún caso generarán transformaciones significativas en el mediano y largo plazo”.

Es decir, “la sanción por sí sola no va a impedir que una persona vuelva a cometer un delito o que otras dejen de cometerlos”

¿Qué se requiere, entonces? “Que las personas privadas de libertad, como sanción a la comisión de un delito, puedan disponer al interior de las cárceles de los recursos necesarios, humanos y materiales, para desarrollar procesos de reinserción social. Pero lo que hoy está ocurriendo es que nuestras cárceles tienen una capacidad muy limitada de prestar servicios en torno a la rehabilitación, pese a que es una de las funciones establecidas estatutariamente en Gendarmería de Chile”, explica la socióloga.

Esto, respecto de programas de nivelación de estudios, acceso a capacitación, formación y habilidades laborales, así como oportunidades de empleabilidad al interior de las cárceles.

“También hay familias, las que requieren acompañamiento, y procesos arraigados en lo territorial, en las comunas de donde tienen origen las personas privadas de libertad”, agrega Alejandra Mohor. Esto, con el objetivo de que al cumplir con su sentencia, puedan llevar una vida normal, no dependiente de la comisión de delitos.

Una escuela más flexible

Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile hace varios años que vienen trabajando en este tema, particularmente a través de la Educación.

Una de sus académicas, Marcela Gaete, se desempeña como coordinadora general de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro (Redpece), instancia que si bien fue lanzada en noviembre, representa el trabajo de hace cuatro años a partir de varios proyectos de investigación, donde también se suman académicos de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso), del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI), de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu) y de otras universidades.

El objetivo esencial apunta a formular un modelo educativo-pedagógico para trabajar en contextos de encierro y vulneración de derechos. “Queremos armar un modelo integral que cubra desde los adolescentes hasta los que ya están en las cárceles y personas que están en otros procesos de judicialización”, detalla la académica.

Un trabajo que considera planes pilotos concentrados en algunos centros del Sename, además de centros de protección, centros semicerrados y cárceles de menores y de adultos.

“Chile tiene un modelo de educación que fomenta la desigualdad y la reproducción social, por lo que hoy, la escuela no está siendo un modelo como lo que se pensó en la modernidad, sino que cada uno repite el mismo círculo cultural y social en el que se encuentra inmerso”, explica la académica.

Por ello, agrega, “la Educación no está siendo un factor determinante, no solo para quienes están en el Sename o en las cárceles, sino también para quienes asisten a las escuelas comunes y corrientes”.

En ese sentido, plantea que el trabajo de la Redpece se basa en que “la educación no es una cura a una enfermedad. Segundo, no estamos en el paradigma de los “RE”, como reinserción y rehabilitación, porque ellos son un producto de la exclusión social, por lo tanto, no se tiene que reinsertar solo. No es un problema individual, sino que colectivo”.

“Estamos en la pedagogía del reconocimiento del otro. También en una pedagogía de la potencia, donde nosotros no hacemos diagnósticos de lo que no saben, sino que de lo que sí saben y de lo que pueden llegar a saber. Una metodología que impulsa que ellos tomen decisiones”.

Otro antecedente que aporta la académica es que “las adecuaciones curriculares no son suficientes, porque parten de la base de que la escuela lo está haciendo bien. Entonces, habría que replicar la escuela dentro del Sename y de las cárceles, lo que en definitiva no funciona”.

“Trabajamos para garantizar el derecho a la educación y con el paradigma de ciudadanía cultural, donde los sujetos son constructores de cultura”, concluye la coordinadora de la Redpece.

Trabajo territorial en conjunto con los municipios

Hace bastante tiempo que existe la idea de transferir a las municipalidades la responsabilidad, de manera más concreta, sobre cómo abordar la prevención del delito en los territorios.

“Una obligación de constituir consejos comunales presididos por el alcalde e integrado por otras autoridades y representantes de la sociedad civil”, explica Alejandra Mohor, lo que daría paso a aprobar anualmente un plan comunal de seguridad pública que permita articular acciones de diversos ámbitos.

Efectivamente, la legislación también podría ayudar en esta dirección, tal como lo plantea el alcalde de Talagante, Raúl Leiva, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades.

“Un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se encuentra en el Congreso en segundo trámite constitucional, y que innova de una manera bastante activa en el plano de seguridad, creando consejos comunales de seguridad pública”.

Y agrega: “Se trata de consejos comunales que no son voluntarios, sino que están establecidos por ley, lo que les entrega mayor operatividad”.

En ese sentido, aclara que es muy distinto planificar la seguridad a nivel nacional, sin considerar cada uno de los factores y variables que intervienen en este tema.

Precisamente, un tema ante el que surgen diversos reparos. “Solo con el tres por ciento del presupuesto destinado a seguridad pública, asociado a la prevención, no sirve ni es solución para nada”, cuestiona Alejandra Mohor, añadiendo que “en la medida que sigamos transmitiendo un discurso sancionador, de castigo, de más cárceles, de más años presos, de que los jóvenes son malos y delincuentes, no vamos a conseguir una transformación real, por ejemplo, en las instituciones que trabajan en el sistema”.

“Nuestra meta como Red es avanzar en investigación e incidir en las políticas públicas para que se piense la escuela que está dentro de los centros carcelarios de una manera diferente”, plantea esperanzada Marcela Gaete, para quien la escuela tradicional ha fracasado. “Y para estos niños y adolescentes, que ya no le encuentran ningún sentido, no puedes seguir replicando la misma escuela. Necesitan tener la creencia y la posibilidad de que son capaces de construir otra cosa”.

“Es evidente que el Sename no puede estar a cargo de la protección y de la sanción simultáneamente”, concluye Alejandra Mohor.