Este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) de forma unánime declaró admisible analizar el recurso presentado por Chile Vamos en contra de la glosa de gratuidad. Ahora, la institución tendrá 10 días de plazo para tomar una decisión sobre la inconstitucionalidad del mecanismo propuesto por el gobierno para alcanzar la gratuidad 2016 en educación superior.

El requerimiento presentado por 31 parlamentarios de Chile Vamos busca rechazar ésta vía de financiamiento, porque existiría una “discriminación arbitraria” por parte del Gobierno, en los criterios para liberar del pago de aranceles, también en los requisitos definidos para que las instituciones se sumen al mecanismo. Así, se busca eliminar la gratuidad desde el Presupuesto 2016, argumentando además que existió poco debate en el Congreso. La idea de los requirentes es que el pago de transfiera mediante fondos de becas.

En conversación con Radio Universidad de Chile, horas antes de conocer el resultado del Tribunal, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Aldo Valle, se refirió a la política gubernamental de financiar a través de una glosa presupuestaria el inicio de la implementación del derecho de gratuidad y al debate que en torno a esta figura se desarrolla en el Tribunal Constitucional.

En este sentido, Aldo Valle indicó que el requerimiento presentado por los parlamentarios de derecha da cuenta de dos formas encontradas de ver el mundo que conviven en el Chile de postdictadura.

Además, el Rector señaló que en caso de que el requerimiento sea aprobado, es responsabilidad del Gobierno y sus parlamentarios encontrar el modo de implementar la gratuidad conforme a lo planteado.

Para el vicepresidente del Consejo de Rectores, hay muchas voces interesadas en que continúe el sistema de becas, pues de ese modo es el mercado el único regulador del sistema de educación superior. “Es evidente que quienes quieran que sigan habiendo solo becas, lo que quieren es que las instituciones que las reciben, sigan alejadas de la regulación pública para que en Chile persevere la libertad de comercio que hay en educación superior”.

En relación al sentido de oportunidad de comenzar la ejecución del derecho de gratuidad a través de una glosa presupuestaria, Aldo Valle señaló que lo ideal hubiese sido que se hiciera mediante un proyecto de ley que estableciera las bases de lo que será la reforma a la educación superior.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que uno de los escenarios posibles en caso que se declare inconstitucional la medida es que los montos destinados a otorgar la gratuidad, se focalicen sólo en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), lo que encendió las alarmas entre algunas universidades privadas que han manifestado querer ser parte de este beneficio.

Fue el caso del rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, quien dijo a La Segunda que de ser impugnada la gratuidad, “lo más serio sería suspender su entrega”, mientras que el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, expresó que la incertidumbre que plantea este escenario complica que se pueda cumplir el plazo impuesto por el Gobierno a las instituciones que se van a acoger a la gratuidad, que es el 22 de diciembre.

Para Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech), la posibilidad de que el Tribunal Constitucional rechace la glosa de gratuidad, podría convertirse, desde su punto de vista, en “un gran escenario para el Gobierno”, ya que tensionaría las relaciones con este “cuarto poder”, que a juicio de Sobarzo, es una institución que tuerce la voluntad democrática.

De hecho, para Sobarzo “el peor escenario” para el Ejecutivo sería que la gratuidad fuera visada por el TC: “El peor escenario es justamente que esto pase como si nada porque, en el fondo, el Gobierno se va a tener que ver obligado a tener que aplicar una muy mala gratuidad, como es la que tiene hoy día. Si esto pasa sin pena ni gloria, cuando la gratuidad realmente reviente que no va a resolver los problemas de fondo, el Gobierno va a tener que hacerse cargo, en cambio si revienta ahora lo bueno es que tensiona y obliga justamente, a llevar la pelea a la derecha, eso es lo más interesante del escenario”.

Asimismo, criticó que la gratuidad se haya otorgado a través de una glosa presupuestaria decidida por el Congreso, y no se haya construido a partir de un diálogo de carácter nacional y participativo.

Desde el Cruch manifestaron que se reunirán en el lapso de dos semanas para evaluar las posibilidades reales de las instituciones de plegarse al beneficio de la gratuidad, plazo que expira el próximo 22 de diciembre, siempre y cuando el Tribunal Constitucional no se pronuncie en contra, lo que obligaría al Congreso a tramitar una posible “ley corta” para implementar esta medida.

Ya el lunes, el TC había aceptado revisar el recurso, por lo que en la sesión de hoy se declaró admisible y se organizó el calendario de trabajo que define que el próximo miércoles recibirán a representantes de la sociedad civil para escuchar su opinión sobre la gratuidad y el mecanismo de entrega de los fondos. Así, los alegatos de las partes enfrentadas se realizarían el jueves 10 de diciembre.

La resolución final podría darse a conocer el 23 de diciembre, un día después que las universidades deban definir si se sumarán a la gratuidad propuesta por el gobierno, y menos de una semana antes que los estudiantes conozcan sus puntajes PSU y deban iniciar su proceso de postulación.

Desde el Gobierno insisten que se alcanzará la gratuidad para 2016. Ahora, después del fallo, evaluarán los caminos a seguir.