Con anuncios de mejoras en los controles de gestión y auditorías más severas se desarrolló la sesión de la Comisión Investigadora por el caso de corrupción del Ejército. En la cita, participó el Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe de la institución castrense.
José Antonio Gómez se comprometió a que “las investigaciones deben seguir caiga quien caiga”. Además, explicó que solicitarán al Ejército una planificación con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, para explicar a quiénes manejan esos recursos.
En respuesta al fraude que alcanzaría los 1800 millones de pesos, Defensa también se comprometió a una “total transparencia” en torno al manejo de la información que solicite la instancia fiscalizadora, porque “no hay lógica de que eso se mantenga en absoluta reserva”.
En ese sentido, José Antonio Gómez explicó que la investigación no ha derivado en procesos de oficiales superiores del Ejército, porque “las investigaciones internas, que son los sumarios, los hace la institución y, por lo tanto, ahí tienen que ser interrogados todos los responsables en la línea de mando. En la responsabilidades penales les corresponde a quiénes investigan, hasta este minuto hay una investigación de varios que han sido mencionados entre los que hay generales, pero eso depende exclusivamente de la justicia”.
Por su parte, el comandante en jefe del Ejército, General Humberto Oviedo, reconoció falta de control por parte de las instancias administrativas de la institución y, por lo mismo, anunció una reestructuración para mejorar el trabajo de la Contraloría interna.
El uniformado reafirmó que la institución reaccionó inmediatamente después de conocidos los hechos y descartó un manto de protección en torno a otros posibles oficiales involucrados: “El sumario sale de la propia iniciativa del Comando de Apoyo a la Fuerza, aquí no hay un aro de secreto o de protección. El Fiscal podrá citar a todos los que corresponda y ojalá se esclarezcan todas las responsabilidades ni importa si son coroneles, generales o cabos”.
Pese a las explicaciones y compromisos, los parlamentarios se quejaron por la demora en la entrega de información, más cuando las autoridades tomaron constancia de este hecho a mediados del año pasado.
El DC Jaime Pilowsky sostuvo que el objetivo de la comisión es determinar qué falló al interior del Ejército para permitir que se produjera este desfalco, por eso les interesa “llegar hasta las últimas consecuencias independiente de la graduación de los responsables. Queremos saber por qué las medidas de mayor control no se impulsaron con anterioridad a los hechos”.
La Comisión retomará el trabajo en el mes de enero, para lograr determinar un desfalco cercano a los 1.800 millones de pesos.
Con anuncios de mejoras en los controles de gestión y auditorías más severas se desarrolló la sesión de la Comisión Investigadora por el caso de corrupción del Ejército. En la cita, participó el Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe de la institución castrense.
José Antonio Gómez se comprometió a que “las investigaciones deben seguir caiga quien caiga”. Además, explicó que solicitarán al Ejército una planificación con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, para explicar a quiénes manejan esos recursos.
En respuesta al fraude que alcanzaría los 1800 millones de pesos, Defensa también se comprometió a una “total transparencia” en torno al manejo de la información que solicite la instancia fiscalizadora, porque “no hay lógica de que eso se mantenga en absoluta reserva”.
En ese sentido, José Antonio Gómez explicó que la investigación no ha derivado en procesos de oficiales superiores del Ejército, porque “las investigaciones internas, que son los sumarios, los hace la institución y, por lo tanto, ahí tienen que ser interrogados todos los responsables en la línea de mando. En la responsabilidades penales les corresponde a quiénes investigan, hasta este minuto hay una investigación de varios que han sido mencionados entre los que hay generales, pero eso depende exclusivamente de la justicia”.
Por su parte, el comandante en jefe del Ejército, General Humberto Oviedo, reconoció falta de control por parte de las instancias administrativas de la institución y, por lo mismo, anunció una reestructuración para mejorar el trabajo de la Contraloría interna.
El uniformado reafirmó que la institución reaccionó inmediatamente después de conocidos los hechos y descartó un manto de protección en torno a otros posibles oficiales involucrados: “El sumario sale de la propia iniciativa del Comando de Apoyo a la Fuerza, aquí no hay un aro de secreto o de protección. El Fiscal podrá citar a todos los que corresponda y ojalá se esclarezcan todas las responsabilidades ni importa si son coroneles, generales o cabos”.
Pese a las explicaciones y compromisos, los parlamentarios se quejaron por la demora en la entrega de información, más cuando las autoridades tomaron constancia de este hecho a mediados del año pasado.
El DC Jaime Pilowsky sostuvo que el objetivo de la comisión es determinar qué falló al interior del Ejército para permitir que se produjera este desfalco, por eso les interesa “llegar hasta las últimas consecuencias independiente de la graduación de los responsables. Queremos saber por qué las medidas de mayor control no se impulsaron con anterioridad a los hechos”.
La Comisión retomará el trabajo en el mes de enero, para lograr determinar un desfalco cercano a los 1.800 millones de pesos.
Con anuncios de mejoras en los controles de gestión y auditorías más severas se desarrolló la sesión de la Comisión Investigadora por el caso de corrupción del Ejército. En la cita, participó el Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe de la institución castrense.
José Antonio Gómez se comprometió a que “las investigaciones deben seguir caiga quien caiga”. Además, explicó que solicitarán al Ejército una planificación con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, para explicar a quiénes manejan esos recursos.
En respuesta al fraude que alcanzaría los 1800 millones de pesos, Defensa también se comprometió a una “total transparencia” en torno al manejo de la información que solicite la instancia fiscalizadora, porque “no hay lógica de que eso se mantenga en absoluta reserva”.
En ese sentido, José Antonio Gómez explicó que la investigación no ha derivado en procesos de oficiales superiores del Ejército, porque “las investigaciones internas, que son los sumarios, los hace la institución y, por lo tanto, ahí tienen que ser interrogados todos los responsables en la línea de mando. En la responsabilidades penales les corresponde a quiénes investigan, hasta este minuto hay una investigación de varios que han sido mencionados entre los que hay generales, pero eso depende exclusivamente de la justicia”.
Por su parte, el comandante en jefe del Ejército, General Humberto Oviedo, reconoció falta de control por parte de las instancias administrativas de la institución y, por lo mismo, anunció una reestructuración para mejorar el trabajo de la Contraloría interna.
El uniformado reafirmó que la institución reaccionó inmediatamente después de conocidos los hechos y descartó un manto de protección en torno a otros posibles oficiales involucrados: “El sumario sale de la propia iniciativa del Comando de Apoyo a la Fuerza, aquí no hay un aro de secreto o de protección. El Fiscal podrá citar a todos los que corresponda y ojalá se esclarezcan todas las responsabilidades ni importa si son coroneles, generales o cabos”.
Pese a las explicaciones y compromisos, los parlamentarios se quejaron por la demora en la entrega de información, más cuando las autoridades tomaron constancia de este hecho a mediados del año pasado.
El DC Jaime Pilowsky sostuvo que el objetivo de la comisión es determinar qué falló al interior del Ejército para permitir que se produjera este desfalco, por eso les interesa “llegar hasta las últimas consecuencias independiente de la graduación de los responsables. Queremos saber por qué las medidas de mayor control no se impulsaron con anterioridad a los hechos”.
La Comisión retomará el trabajo en el mes de enero, para lograr determinar un desfalco cercano a los 1.800 millones de pesos.
