Mauricio Valero y Natalia Compagnon están querellados como presuntos autores de delitos tributarios como la presentación de declaraciones maliciosamente falsas y presentación de documentos por servicios no prestados. Ni Caval, ni inversiones Lo Beltrán Limitada, propiedad del ex UDI Patricio Cordero fueron capaces de presentar antecedentes que acreditaran los servicios prestados.
Valero y su socia Natalia Compagnon habrían generado un perjuicio fiscal de casi 120 millones de pesos en su vinculación a la empresa de Patricio Cordero, quien fuera administrador municipal en Las Condes y Santiago bajo la gestión de Joaquín Lavín.
Sobre esta situación, el diputado del Partido Comunista Daniel Núñez hizo énfasis en la presencia de personeros vinculados a la UDI en el caso Caval.
“Había una red de corrupción y especulación inmobiliaria en el municipio de Machalí y esto encubría también a figuras políticas vinculadas a la UDI. ¿Quién es Juan Díaz? ¿Un Chileno común y corriente? ¿Una persona que vio una oportunidad de negocios? ¿O era el hombre de confianza de Pablo Longueira que lo estuvo apoyando en el caso Spiniak, militante de la UDI? ¿Quién era el señor Patricio Cordero? uno de los señores que hacía negocios con Caval y cometió irregularidades tributarias, ex administrador de la Municipalidad de Santiago cuando era alcalde (Joaquín) Lavín, y toda esta gente no sabía que estaba actuando en forma irregular con Caval, al igual que -hoy día lo sabemos- Natalia Compagnon. Claro que lo sabían, aquí no había nada de ingenuidad en lo que se hacía”.
Mientras, la diputada RN Marcela Sabat, que al igual que Núñez integró ambas comisiones investigadoras del caso, aseguró que Natalia Compagnon debiese ser formalizada el próximo 29 de enero.
“Yo creo que hoy día lo importante es que la investigación está avanzando y que las formalizaciones sigan en la misma línea, ya que la piedra de tope era justamente el SII que no se querellaba. No se entendería que las formalizaciones que siguen no fueran contra la señora Compagnon ya que su socio el señor Valero ya está formalizado”.
Por su parte, el fiscal del caso Luis Toledo revisa los últimos detalles de las nuevas formalizaciones, agrupando hechos y antecedentes para la audiencia fijada para el próximo 29 de enero, en la cual se contempla la comparecencia de Valero.
Según el fiscal nacional (s) Andrés Montes, la decisión sobre la situación de Natalia Compagnon pasa directamente por el persecutor a cargo de la causa: “Una querella del SII es un antecedente importante para iniciar una investigación, específicamente cuando estamos en presencia de un delito tributario y el fiscal tiene que ponderar los antecedentes, definir si hay que hacer diligencias adicionales y con ello determinar si procede o no pedir la formalización de la investigación”.
Mientras, el diputado Daniel Nuñez afirmó que no se puede endosar a la Mandataria la responsabilidad por los actos de su nuera, sin embargo, las acciones realizadas por su hijo, Sebastián Dávalos, acercan la investigación a la Sede de Gobierno.
Primero porque la PDI pidió los registros de las cámaras de La Moneda para aclarar cómo se borró la información del computador del ex director sociocultural de la Presidencia.
Además el OS-9 de Carabineros rastreó a pedido de la Fiscalía los teléfonos celulares que usaron a fines de 2013, la Presidenta Michelle Bachelet y el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, quien visó el polémico préstamo a la compañía de su nuera.
Las compañías involucradas habrían señalado que no pueden obtener el tráfico de llamadas del año en cuestión, sin embargo una de ellas podría facilitar la información a través de los Tribunales de Garantía.
Desde el Gobierno aún no se pronuncian ante el avance de la investigación ni de las conclusiones de la comisión investigadora que pide la salida del administrador del Palacio Cristián Riquelme.
Mauricio Valero y Natalia Compagnon están querellados como presuntos autores de delitos tributarios como la presentación de declaraciones maliciosamente falsas y presentación de documentos por servicios no prestados. Ni Caval, ni inversiones Lo Beltrán Limitada, propiedad del ex UDI Patricio Cordero fueron capaces de presentar antecedentes que acreditaran los servicios prestados.
Valero y su socia Natalia Compagnon habrían generado un perjuicio fiscal de casi 120 millones de pesos en su vinculación a la empresa de Patricio Cordero, quien fuera administrador municipal en Las Condes y Santiago bajo la gestión de Joaquín Lavín.
Sobre esta situación, el diputado del Partido Comunista Daniel Núñez hizo énfasis en la presencia de personeros vinculados a la UDI en el caso Caval.
“Había una red de corrupción y especulación inmobiliaria en el municipio de Machalí y esto encubría también a figuras políticas vinculadas a la UDI. ¿Quién es Juan Díaz? ¿Un Chileno común y corriente? ¿Una persona que vio una oportunidad de negocios? ¿O era el hombre de confianza de Pablo Longueira que lo estuvo apoyando en el caso Spiniak, militante de la UDI? ¿Quién era el señor Patricio Cordero? uno de los señores que hacía negocios con Caval y cometió irregularidades tributarias, ex administrador de la Municipalidad de Santiago cuando era alcalde (Joaquín) Lavín, y toda esta gente no sabía que estaba actuando en forma irregular con Caval, al igual que -hoy día lo sabemos- Natalia Compagnon. Claro que lo sabían, aquí no había nada de ingenuidad en lo que se hacía”.
Mientras, la diputada RN Marcela Sabat, que al igual que Núñez integró ambas comisiones investigadoras del caso, aseguró que Natalia Compagnon debiese ser formalizada el próximo 29 de enero.
“Yo creo que hoy día lo importante es que la investigación está avanzando y que las formalizaciones sigan en la misma línea, ya que la piedra de tope era justamente el SII que no se querellaba. No se entendería que las formalizaciones que siguen no fueran contra la señora Compagnon ya que su socio el señor Valero ya está formalizado”.
Por su parte, el fiscal del caso Luis Toledo revisa los últimos detalles de las nuevas formalizaciones, agrupando hechos y antecedentes para la audiencia fijada para el próximo 29 de enero, en la cual se contempla la comparecencia de Valero.
Según el fiscal nacional (s) Andrés Montes, la decisión sobre la situación de Natalia Compagnon pasa directamente por el persecutor a cargo de la causa: “Una querella del SII es un antecedente importante para iniciar una investigación, específicamente cuando estamos en presencia de un delito tributario y el fiscal tiene que ponderar los antecedentes, definir si hay que hacer diligencias adicionales y con ello determinar si procede o no pedir la formalización de la investigación”.
Mientras, el diputado Daniel Nuñez afirmó que no se puede endosar a la Mandataria la responsabilidad por los actos de su nuera, sin embargo, las acciones realizadas por su hijo, Sebastián Dávalos, acercan la investigación a la Sede de Gobierno.
Primero porque la PDI pidió los registros de las cámaras de La Moneda para aclarar cómo se borró la información del computador del ex director sociocultural de la Presidencia.
Además el OS-9 de Carabineros rastreó a pedido de la Fiscalía los teléfonos celulares que usaron a fines de 2013, la Presidenta Michelle Bachelet y el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, quien visó el polémico préstamo a la compañía de su nuera.
Las compañías involucradas habrían señalado que no pueden obtener el tráfico de llamadas del año en cuestión, sin embargo una de ellas podría facilitar la información a través de los Tribunales de Garantía.
Desde el Gobierno aún no se pronuncian ante el avance de la investigación ni de las conclusiones de la comisión investigadora que pide la salida del administrador del Palacio Cristián Riquelme.
Mauricio Valero y Natalia Compagnon están querellados como presuntos autores de delitos tributarios como la presentación de declaraciones maliciosamente falsas y presentación de documentos por servicios no prestados. Ni Caval, ni inversiones Lo Beltrán Limitada, propiedad del ex UDI Patricio Cordero fueron capaces de presentar antecedentes que acreditaran los servicios prestados.
Valero y su socia Natalia Compagnon habrían generado un perjuicio fiscal de casi 120 millones de pesos en su vinculación a la empresa de Patricio Cordero, quien fuera administrador municipal en Las Condes y Santiago bajo la gestión de Joaquín Lavín.
Sobre esta situación, el diputado del Partido Comunista Daniel Núñez hizo énfasis en la presencia de personeros vinculados a la UDI en el caso Caval.
“Había una red de corrupción y especulación inmobiliaria en el municipio de Machalí y esto encubría también a figuras políticas vinculadas a la UDI. ¿Quién es Juan Díaz? ¿Un Chileno común y corriente? ¿Una persona que vio una oportunidad de negocios? ¿O era el hombre de confianza de Pablo Longueira que lo estuvo apoyando en el caso Spiniak, militante de la UDI? ¿Quién era el señor Patricio Cordero? uno de los señores que hacía negocios con Caval y cometió irregularidades tributarias, ex administrador de la Municipalidad de Santiago cuando era alcalde (Joaquín) Lavín, y toda esta gente no sabía que estaba actuando en forma irregular con Caval, al igual que -hoy día lo sabemos- Natalia Compagnon. Claro que lo sabían, aquí no había nada de ingenuidad en lo que se hacía”.
Mientras, la diputada RN Marcela Sabat, que al igual que Núñez integró ambas comisiones investigadoras del caso, aseguró que Natalia Compagnon debiese ser formalizada el próximo 29 de enero.
“Yo creo que hoy día lo importante es que la investigación está avanzando y que las formalizaciones sigan en la misma línea, ya que la piedra de tope era justamente el SII que no se querellaba. No se entendería que las formalizaciones que siguen no fueran contra la señora Compagnon ya que su socio el señor Valero ya está formalizado”.
Por su parte, el fiscal del caso Luis Toledo revisa los últimos detalles de las nuevas formalizaciones, agrupando hechos y antecedentes para la audiencia fijada para el próximo 29 de enero, en la cual se contempla la comparecencia de Valero.
Según el fiscal nacional (s) Andrés Montes, la decisión sobre la situación de Natalia Compagnon pasa directamente por el persecutor a cargo de la causa: “Una querella del SII es un antecedente importante para iniciar una investigación, específicamente cuando estamos en presencia de un delito tributario y el fiscal tiene que ponderar los antecedentes, definir si hay que hacer diligencias adicionales y con ello determinar si procede o no pedir la formalización de la investigación”.
Mientras, el diputado Daniel Nuñez afirmó que no se puede endosar a la Mandataria la responsabilidad por los actos de su nuera, sin embargo, las acciones realizadas por su hijo, Sebastián Dávalos, acercan la investigación a la Sede de Gobierno.
Primero porque la PDI pidió los registros de las cámaras de La Moneda para aclarar cómo se borró la información del computador del ex director sociocultural de la Presidencia.
Además el OS-9 de Carabineros rastreó a pedido de la Fiscalía los teléfonos celulares que usaron a fines de 2013, la Presidenta Michelle Bachelet y el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, quien visó el polémico préstamo a la compañía de su nuera.
Las compañías involucradas habrían señalado que no pueden obtener el tráfico de llamadas del año en cuestión, sin embargo una de ellas podría facilitar la información a través de los Tribunales de Garantía.
Desde el Gobierno aún no se pronuncian ante el avance de la investigación ni de las conclusiones de la comisión investigadora que pide la salida del administrador del Palacio Cristián Riquelme.
