La Cámara Baja aprobó proyecto de ley que declara inembargables las viviendas adquiridas por subsidios del Estado. La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Comunista Karol Cariola, y aprobada por 70 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones.
Según las palabras de la diputada Karol Cariola “el proyecto tiene por objetivo resguardar el derecho social a la vivienda para aquellas personas que no pueden adquirir una con recursos propios, pero el problema es que muchos de esos beneficiarios, después de adquirir su vivienda la pierden por tener deudas con un banco o por tener una hipoteca pendiente, y esto trae como consecuencia que ellos y sus familias terminen en la calle”.
La iniciativa aprobada modifica el Código de Procedimiento Civil introduciendo un artículo único, declarando inembargable la vivienda social adquirida mediante subsidio estatal, cuyo valor no supere las 520 UF, y sea la primera única vivienda adquirida por la persona y su familia.
Karol Cariola se mostró contenta con el avance y señaló que: “Esperamos que en el Senado sea bien recibida la moción y, por supuesto, mejorada en algunas aspectos, pero que no se vaya a distorsionar el sentido de este proyecto de ley que busca resguardar la vivienda social”. Ahora, debe ser revisada, en segundo trámite constitucional por la Cámara Alta.
La Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) está en desacuerdo con el proyecto de ley, porque creen que la iniciativa es un pequeño ajuste y maquillaje, que no soluciona la concepción de “mercancías” que rige la voluntad del gobierno de Michelle Bachelet y sus parlamentarios.
Lautaro Guanca, miembro de la federación, recalcó que, “así como Karol Cariola, Camila Vallejos y los parlamentarios de la Nueva Mayoría, en general no están conectados con el movimiento social, ellos están desvinculados de las luchas de los pobladores. Entonces, parece ser un proyecto paracaídas para un conflicto que se va abrir este año, no desde el Congreso sino desde las calles”.
Dentro de sus propuestas para generar una real solución es: crear un modelo de planificación de producción social por comunidades y trabajadores que vayan diseñando el buen vivir en ámbitos como educación, vivienda y salud. De esta manera, se podría dar fin al sistema subsidiario, que según Lautaro Guanca, “es para enriquecer los bolsillos de la Cámara Chilena de la Construcción”.
Respecto al análisis del problema en torno a la vivienda social, Jorge Larenas, académico del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, consideró que es pertinente un proyecto de ley de esta naturaleza, con el fin de garantizar un derecho fundamental como el resguardo de un lugar para vivir.
Aun así, recalcó que existe un vació total y, por ello, el proyecto sería un buen primer paso. El académico acotó que “el tema de la vivienda y de los deudores habitacionales está inmerso en un conjunto de situaciones complejas que viven las familias subsidiadas”.
Jorge Larenas sugiere que “es imprescindible avanzar hacia el tratamiento de estos problemas con un enfoque territorial. Cómo uno intenta comprender y resolver los conflictos en contextos específicos, es decir, el problema de la vivienda se articula con dificultades de acceso al trabajo, a educación, etc”. Según el profesor, el problema que existe es la tendencia a criminalizar a las familias de escasos recursos, sobre todo por parte de los medios de comunicación que son duros al tratar estas materias.
La Cámara Baja aprobó proyecto de ley que declara inembargables las viviendas adquiridas por subsidios del Estado. La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Comunista Karol Cariola, y aprobada por 70 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones.
Según las palabras de la diputada Karol Cariola “el proyecto tiene por objetivo resguardar el derecho social a la vivienda para aquellas personas que no pueden adquirir una con recursos propios, pero el problema es que muchos de esos beneficiarios, después de adquirir su vivienda la pierden por tener deudas con un banco o por tener una hipoteca pendiente, y esto trae como consecuencia que ellos y sus familias terminen en la calle”.
La iniciativa aprobada modifica el Código de Procedimiento Civil introduciendo un artículo único, declarando inembargable la vivienda social adquirida mediante subsidio estatal, cuyo valor no supere las 520 UF, y sea la primera única vivienda adquirida por la persona y su familia.
Karol Cariola se mostró contenta con el avance y señaló que: “Esperamos que en el Senado sea bien recibida la moción y, por supuesto, mejorada en algunas aspectos, pero que no se vaya a distorsionar el sentido de este proyecto de ley que busca resguardar la vivienda social”. Ahora, debe ser revisada, en segundo trámite constitucional por la Cámara Alta.
La Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) está en desacuerdo con el proyecto de ley, porque creen que la iniciativa es un pequeño ajuste y maquillaje, que no soluciona la concepción de “mercancías” que rige la voluntad del gobierno de Michelle Bachelet y sus parlamentarios.
Lautaro Guanca, miembro de la federación, recalcó que, “así como Karol Cariola, Camila Vallejos y los parlamentarios de la Nueva Mayoría, en general no están conectados con el movimiento social, ellos están desvinculados de las luchas de los pobladores. Entonces, parece ser un proyecto paracaídas para un conflicto que se va abrir este año, no desde el Congreso sino desde las calles”.
Dentro de sus propuestas para generar una real solución es: crear un modelo de planificación de producción social por comunidades y trabajadores que vayan diseñando el buen vivir en ámbitos como educación, vivienda y salud. De esta manera, se podría dar fin al sistema subsidiario, que según Lautaro Guanca, “es para enriquecer los bolsillos de la Cámara Chilena de la Construcción”.
Respecto al análisis del problema en torno a la vivienda social, Jorge Larenas, académico del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, consideró que es pertinente un proyecto de ley de esta naturaleza, con el fin de garantizar un derecho fundamental como el resguardo de un lugar para vivir.
Aun así, recalcó que existe un vació total y, por ello, el proyecto sería un buen primer paso. El académico acotó que “el tema de la vivienda y de los deudores habitacionales está inmerso en un conjunto de situaciones complejas que viven las familias subsidiadas”.
Jorge Larenas sugiere que “es imprescindible avanzar hacia el tratamiento de estos problemas con un enfoque territorial. Cómo uno intenta comprender y resolver los conflictos en contextos específicos, es decir, el problema de la vivienda se articula con dificultades de acceso al trabajo, a educación, etc”. Según el profesor, el problema que existe es la tendencia a criminalizar a las familias de escasos recursos, sobre todo por parte de los medios de comunicación que son duros al tratar estas materias.
La Cámara Baja aprobó proyecto de ley que declara inembargables las viviendas adquiridas por subsidios del Estado. La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Comunista Karol Cariola, y aprobada por 70 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones.
Según las palabras de la diputada Karol Cariola “el proyecto tiene por objetivo resguardar el derecho social a la vivienda para aquellas personas que no pueden adquirir una con recursos propios, pero el problema es que muchos de esos beneficiarios, después de adquirir su vivienda la pierden por tener deudas con un banco o por tener una hipoteca pendiente, y esto trae como consecuencia que ellos y sus familias terminen en la calle”.
La iniciativa aprobada modifica el Código de Procedimiento Civil introduciendo un artículo único, declarando inembargable la vivienda social adquirida mediante subsidio estatal, cuyo valor no supere las 520 UF, y sea la primera única vivienda adquirida por la persona y su familia.
Karol Cariola se mostró contenta con el avance y señaló que: “Esperamos que en el Senado sea bien recibida la moción y, por supuesto, mejorada en algunas aspectos, pero que no se vaya a distorsionar el sentido de este proyecto de ley que busca resguardar la vivienda social”. Ahora, debe ser revisada, en segundo trámite constitucional por la Cámara Alta.
La Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) está en desacuerdo con el proyecto de ley, porque creen que la iniciativa es un pequeño ajuste y maquillaje, que no soluciona la concepción de “mercancías” que rige la voluntad del gobierno de Michelle Bachelet y sus parlamentarios.
Lautaro Guanca, miembro de la federación, recalcó que, “así como Karol Cariola, Camila Vallejos y los parlamentarios de la Nueva Mayoría, en general no están conectados con el movimiento social, ellos están desvinculados de las luchas de los pobladores. Entonces, parece ser un proyecto paracaídas para un conflicto que se va abrir este año, no desde el Congreso sino desde las calles”.
Dentro de sus propuestas para generar una real solución es: crear un modelo de planificación de producción social por comunidades y trabajadores que vayan diseñando el buen vivir en ámbitos como educación, vivienda y salud. De esta manera, se podría dar fin al sistema subsidiario, que según Lautaro Guanca, “es para enriquecer los bolsillos de la Cámara Chilena de la Construcción”.
Respecto al análisis del problema en torno a la vivienda social, Jorge Larenas, académico del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, consideró que es pertinente un proyecto de ley de esta naturaleza, con el fin de garantizar un derecho fundamental como el resguardo de un lugar para vivir.
Aun así, recalcó que existe un vació total y, por ello, el proyecto sería un buen primer paso. El académico acotó que “el tema de la vivienda y de los deudores habitacionales está inmerso en un conjunto de situaciones complejas que viven las familias subsidiadas”.
Jorge Larenas sugiere que “es imprescindible avanzar hacia el tratamiento de estos problemas con un enfoque territorial. Cómo uno intenta comprender y resolver los conflictos en contextos específicos, es decir, el problema de la vivienda se articula con dificultades de acceso al trabajo, a educación, etc”. Según el profesor, el problema que existe es la tendencia a criminalizar a las familias de escasos recursos, sobre todo por parte de los medios de comunicación que son duros al tratar estas materias.
