La gravedad de lo acontecido en Argentina desde las elecciones del 22 de noviembre no remite a lo que podríamos abordar en términos de simple alternancia entre distintas visiones y proyectos de país dentro del normal desarrollo de una democracia. Lo que está en juego no es –fundamentalmente– determinar quienes salieron ganando o perdiendo con este cambio de gobierno sino el juego mismo: las normas del juego (político) e, incluso, sencillamente pero trágicamente, la posibilidad de jugar.

Tal como sucedió en Chile, con la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera en el año 2010, se corrió la voz en Argentina de que el país estaba de ahora en más “atendido por sus dueños”. Sin ser falsa, la afirmación resulta insuficiente. Se trata de algo mucho más considerable que no estaba presente en el escenario chileno del año 2010. Los nuevos gobernantes, además de sus intereses más inmediatos y previsibles, parecen haber definido dos otros objetivos: destruir una obra (el conjunto de medidas, políticas públicas pero, más allá, algo que se podría llamar el entramado social de los gobiernos kirchneristas) y hacerlo saber, volverlo visible, generar la gran puesta en escena del “se (les) acabó la fiesta”, “acá mandamos nosotros”.

Casi palabra por palabra, eso fue lo que los policías que se llevaron presos a los jóvenes de “Batalla Cultural”, la noche en que irrumpieron para desalojar y clausurar el lugar –un centro cultural de Vicente López (barrio acomodado de las afueras de Buenos Aires, zona norte)– a raíz de denuncias de vecinos. En algo raro andaban esos chicos, dijeron los que dijeron, por algo será. He dicho bien: denuncia/vecino/algo habrán hecho.

Salvando algunas excepciones, la clausura repentina y particularmente violenta de “Batalla Cultural” no contó con cobertura de la prensa pero en cambio circularon grabaciones caseras por las redes sociales que el lector puede buscar y consultar. Pero sigamos.

¿De qué se trata? Se trata de que, por un lado, “de eso no se habla” y por otro tenemos un impresionante despliegue mediático destinado a dejar bien claro que el cambio tan anunciado, el cambio con mayúscula se perfila como restauración de cierta forma de orden y, a su vez, con un espíritu de revancha que da cuenta de la bronca acumulada por los sectores acomodados del país: hay que humillar. Es llamativo: hay que humillar. Sólo así se explica que ciertas decisiones particularmente problemáticas (despidos masivos e intervención en medios y otras instancias vinculadas a las comunicaciones) se den bajo esta modalidad: las personas se ven impedidas de penetrar en sus lugares de trabajo y/o son sacadas de sus lugares de trabajo, custodiadas por la policía. Remito en particular a la intervención de la AFSCA pero también al despido de Víctor Hugo Morales de Radio Continental. En este último caso, la notificación del despido en vivo (durante su programa matinal) resultó impactante: “me están echando de la radio”, alcanza a decir el periodista antes de que le corten el micrófono. No es posible no recordar otras escenas, en diferentes contextos políticos, cuando otros periodistas fueron sacados de sus oficinas en las que estaban ejerciendo no solamente su oficio sino la dignidad de cierta forma de ciudadanía: su derecho fundamental a ser oposición.

Así, para los nuevos gobernantes se hace necesario declarar y poner en escena día tras día la derrota del kirchnerismo y esto pasa, primero, por destruir lo obrado, por desmantelar cierta cantidad de ejes de sus políticas. Pero no cualquier eje sino principalmente los que dicen relación con los intereses de las clases dominantes (léase: con los grupos económicos que se piensan a sí mismos y actúan como los dueños del país, entre ellos Clarín) y con el protagonismo que en los últimos doce años alcanzaron los sectores populares.

Entre las medidas más espectaculares en este sentido: la disolución mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC). Organismos encargados de la aplicación de la nueva ley de medios. Una de las leyes más relevantes del período anterior: primero en su objetivo –disputar y terminar con el monopolio ejercido por el grupo Clarín; luego en su manera, en su metodología –fue una ley elaborada desde abajo, pacientemente discutida en distintos foros a través de todo el país. Se entiende el ataque: en esta nueva democracia sui generis estamos bajo el nuevo-viejo lema según el cual todos tenemos derecho a expresarnos pero no todos por igual. Ya que, de últimas, la comunicación es un bien de consumo como cualquier otro y debe ser sometido a la sacrosanta ley del libre (¿?) mercado.

Entre las otras medidas adoptadas (lista no exhaustiva): designación por decreto en comisión de dos jueces de la corte suprema (medida que generó un enorme rechazo incluso en las propias filas y que fue revertida); anuncio de elaboración de un protocolo de acciones ante protestas callejeras, cortes y piquetes; se decreta la emergencia nacional en el ámbito de la seguridad interior; despidos masivos en distintas esferas del Estado argentino; se reprime violentamente dos movilizaciones protagonizadas por trabajadores; se encarcela a la dirigente Milagro Sala por supuesta incitación a la violencia, en circunstancias en que organismos de DD.HH. entre ellos Amnistía Internacional han denunciado la ilegitimidad de la acusación, del procedimiento de detención y de las condiciones de encarcelamiento; se anuncia agenda de encuentros con el fin de poner fin al litigio con fondos buitres y otros acreedores; se liberan restricciones cambiarias para la compra de dólares estadounidenses.

Que el lector no se equivoque. No estamos diciendo acá que estamos sorprendidos porque un gobierno de derecha gobierna a la derecha y en pos de los intereses de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Desde ese punto de vista, por cierto, y retomando esta idea del país “atendido por sus dueños”, las dos últimas medidas implican –una vez más– terminar con el principio de soberanía que defendió contra vientos y mareas el kirchnerismo siguiendo en esto las tres banderas históricas del peronismo (soberanía política, independencia económica, justicia social). Por consiguiente, la lista de dueños se vuelve cada vez más difusa y compleja de enunciar.

Un paréntesis sobre este término: soberanía. Quizás sea este término –junto con la relación que se mantiene con los sectores populares–, una de las claves que definen los escenarios políticos en Argentina; una de las claves de las divisiones más allá del buen nombre de sus protagonistas: existen los que trabajan en pos de un país soberano y existen los que trabajan en pos de intereses financieros que no tienen patria o, más precisamente, y a lo mejor no es lo mismo, que no tienen ciudadanía que defender. Son sectores que no precisan del concepto de ciudadano, salvo durante sus campañas electorales para lograr junto con el voto de sus aliados naturales la adhesión de pobre gente que aspira “a ser como ellos”. ¿Y qué significa ser como ellos? Entre otras cosas: situarse por encima de la ley. De la ley de los simples mortales tal como emana de las instituciones que caracterizan los regímenes democráticos.

En síntesis, todo ocurre, en Argentina, como si estuviéramos no ante un nuevo tipo de gobierno sino ante un nuevo régimen político, en el que estos “elegidos” se atribuyen la misión de restaurar una modalidad del derecho divino que nadie estará en condiciones de cuestionar porque, abriendo grietas desde la misma institucionalidad o, de ser necesario, violando la misma institucionalidad, no solamente las críticas serán silenciadas sino que los cuerpos serán, de ahora en más, reprimidos.

Ante esta embestida absolutista de los poderosos de siempre una serie de debates se están desarrollando. Más o menos organizados. Más o menos coordinados. En ese malestar creciente, algunas voces hablan fuerte y claro. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, señalaba hace unos días la necesidad de que el Congreso se auto-convoque ante la masificación de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que el nuevo gobierno ha adoptado en este periodo de “vacaciones” que rige para (casi) todos. La periodista Sandra Russo (una de las figuras claves del programa 678 que fue clausurado hace pocas semanas) se refirió a la necesidad de conformar un “Frente anti-neoliberal”. Desde las redes sociales algunos grupos han declarado la Emergencia Democrática en Argentina. Una serie de movilizaciones se han desarrollado en distintas plazas del país y en repudio al accionar del nuevo gobierno. En el día de mañana, desde el espacio Carta Abierta, en Parque Centenario, se convoca a una asamblea popular abierta en torno a estas tres temáticas: no a la entrega del país; en defensa de lo conquistado por el pueblo argentino; en defensa de las libertades públicas.

Me permito señalar acá un artículo publicado en Página 12, el martes 19 de enero, por el profesor Diego Tatián (Frente a la violencia) en el que afirma sin pelos en la lengua:

“La vertiginosa descarga de decretos antidemocráticos, antirrepublicanos e inconstitucionales que la nueva ‘administración’ fue capaz de producir en tan poco tiempo, constituyen el más formidable ataque institucional que un gobierno electo le haya jamás perpetrado a la Argentina”.

Es un artículo que recomiendo al lector. Entre otras cosas porque, al leerlo, queda claro que frente a esta nueva forma de absolutismo de los poderosos, sólo cabe estar absolutamente alertas, absolutamente lúcidos, absolutamente conscientes, absolutamente movilizados, absolutamente decididos y absolutamente apegados a los valores que nos distinguen por encima de nombres y agrupaciones. Entre esos muchos valores, la idea del derecho a tener derechos.