Este jueves el ministro del Interior, Jorge Burgos, visita la provincia de Arauco. Esto en un momento complejo, donde los hechos de violencia han tenido un aumento importante. En ese contexto, se siguen realizando juicios a dirigentes mapuche y las defensas denuncian irregularidades y trato discriminatorio.

El jefe de gabinete comenzaría la jornada reuniéndose con un comité policial en la Intendencia. Mientras, los alcaldes de la provincia de Arauco se mantienen atentos al itinerario de Burgos, pues esperan juntarse con el secretario de Estado para plantear sus inquietudes.

El alcalde de Contulmo, Diego Ibáñez, comuna donde se han registrado ataques en las últimas semanas, aseguró que se enteró “por la prensa” de esta visita y añadió que es necesario que el Ministro escuche a la ciudadanía, ya que no sirve que sólo se reúna con el alto mando policial y político.

Para la comunidad y sus representantes también es un viaje esperado, toda vez que durante los últimos días se han registrado más de 20 atentados, incluso, en la última semana se invocó dos veces la Ley de Seguridad del Estado, en medio de una fuerte presión de los parlamentarios de la oposición.

Otro de los antecedentes que precede la visita de Jorge Burgos es la condena de ocho años de cárcel para el comunero mapuche Guido Carihuentro, declarado culpable por un atentado incendiario en la parcela de Alejo Vielma en la Región de La Araucanía.

En la sentencia, el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Temuco anuló el primer fallo que dejaba al comunero con cinco años de libertad vigilada.

Para el intendente de la Región, Andrés Jouannet “esta sentencia permite demostrar que la presentación de querellas por parte del Gobierno es muy importante”. La autoridad anunció que se continuará por esta senda “a fin de seguir resguardando el orden público, y persiguiendo a aquellas personas que comenten delitos”.

De inmediato la comunidad mapuche reaccionó a las declaraciones de Jouannet. También cuestionaron la decisión de Burgos de seguir invocando la Ley Antiterrorista para estos casos, sin considerar lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT que pide utilizar otras vías para hacer frente a conflictos políticos y territoriales. Los dirigentes acusaron “agudización de la represión policial” y una “vuelta sin retorno” a la política de judicialización y criminalización de la protestan social.

El abogado defensor de Guido Carihuentro comparte la visión. Para el jurista, el caso puede ser tomado como un ejemplo de lo que está ocurriendo. Sebastián Saavedra calificó de desproporcionada la sanción aplicada a su defendido, más cuando se la compara con el juicio que se realizó al peón de fundo que mató a un dirigente mapuche al atropellarlo con un tractor.

“A la persona que atropelló y mató al comunero mapuche José Quintriqueo en los faldeos del cerro Chiguaihue se lo condenó a cinco años y un día. La sentencia, incluso, fue anulada por la Corte y ahora debe comenzar un nuevo juicio. Pero, para hacer la comparación la vida de una persona en términos criminales son cinco años y un día, la quema de propiedad, son ocho años. En ese sentido, evidentemente, a juicio de la defensa, la sanción es demasiado alta”.

El abogado afirmó que existe también una presión indebida por parte de los medios de comunicación. Esto porque al darse una sentencia inicial de cinco años, la prensa tradicional criticó con fuerza el fallo: “Claramente las organizaciones de empresarios, dueños de camiones y agricultores, tienen una mayor acogida en la prensa que estos comuneros que viven en la pobreza”.

Saavedra recordó que producto de un allanamiento su representado perdió la visión total de un ojo y parte del otro, además de caminar con bastante dificultad. Además afirmó que el comunero es machife, es decir, ayudante de una machi, que es su esposa, lo que complica el caso para su familia y su comunidad.

En esa línea, aseguró que se observa una clara discriminación a nivel social a la hora de abordar el tema de seguridad del que hablan las autoridades, o – como algunos abogados, políticos y académicos prefieren llamarle- el conflicto político y social entre el Estado y el pueblo mapuche.