Este lunes, las defensas de los imputados por la fallida alerta de tsunami el pasado 27 de febrero de 2010, llegaron a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente para reunirse con el fiscal José Luis Pérez Calaf, con quien concretaron el acuerdo anunciado por el persecutor hace algunos días, el que implica que no habrá juicio oral ni sentencia en contra de los acusados.
Entre las condiciones que deberán cumplir los imputados para hacer efectivo el acuerdo, está el pago de una indemnización a las víctimas, que asciende a un monto total de 245 millones de pesos, que se desglosan en 80 millones por parte del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende; 40 millones la ex directora de la Onemi Carmen Fernández; 5 millones el ex jefe del Centro de Alerta Temprana Johaziel Jamett; y 40 millones los ex funcionarios del SHOA, Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina.
Trascendió además que, en principio, una de las cláusulas del entendimiento implicaba que los acusados pidieran perdón a las víctimas, no obstante desde las defensas de las víctimas señalaron que las ex autoridades sólo leerán un texto reconociendo su responsabilidad y señalando que el sistema completo falló aquella madrugada.
Los abogados defensores anunciaron en la reunión con el fiscal Pérez Calaf, que se opondrán a esta salida alternativa, lo que se concretará en la audiencia del 14 de marzo próximo, preparatoria -inicialmente- para el juicio oral: “Nos vamos a oponer todos en la audiencia como abogados querellantes, y también requerimos que se notificara a todas y cada una de las víctimas para que tuvieran la oportunidad de ser escuchadas ante el tribunal”, señaló el abogado querellante Alfredo Morgado.
“Esto es vergonzoso para el estado de Derecho chileno”, añadió uno de los abogados de las víctimas Raúl Meza.
Finalmente, el fiscal regional José Luis Pérez Calaf justificó esta salida alternativa ante la eventualidad que una sentencia en un juicio oral podría no “reparar a una víctima que sufrió la pérdida de un pariente”, y que lo que obtendrían con esta determinación, potencialmente puede ser más de lo que recibirían al finalizar esta causa.
“Si bien fue una investigación larga, acuciosa, creemos que no siempre una sentencia es la solución a un conflicto. Una sentencia no necesariamente va a determinar reparar a una víctima que sufrió la pérdida de un pariente, la muerte de una persona (…) Quizás no es la que uno esperaría una víctima que ha sufrido la pérdida de un hijo, o de otro pariente, reciba de parte de un imputado. Pero es algo más que hoy mismo tienen derecho a recibir. Es más que lo que tendrían derecho incluso, una vez finalizado un juicio”
Este lunes, las defensas de los imputados por la fallida alerta de tsunami el pasado 27 de febrero de 2010, llegaron a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente para reunirse con el fiscal José Luis Pérez Calaf, con quien concretaron el acuerdo anunciado por el persecutor hace algunos días, el que implica que no habrá juicio oral ni sentencia en contra de los acusados.
Entre las condiciones que deberán cumplir los imputados para hacer efectivo el acuerdo, está el pago de una indemnización a las víctimas, que asciende a un monto total de 245 millones de pesos, que se desglosan en 80 millones por parte del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende; 40 millones la ex directora de la Onemi Carmen Fernández; 5 millones el ex jefe del Centro de Alerta Temprana Johaziel Jamett; y 40 millones los ex funcionarios del SHOA, Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina.
Trascendió además que, en principio, una de las cláusulas del entendimiento implicaba que los acusados pidieran perdón a las víctimas, no obstante desde las defensas de las víctimas señalaron que las ex autoridades sólo leerán un texto reconociendo su responsabilidad y señalando que el sistema completo falló aquella madrugada.
Los abogados defensores anunciaron en la reunión con el fiscal Pérez Calaf, que se opondrán a esta salida alternativa, lo que se concretará en la audiencia del 14 de marzo próximo, preparatoria -inicialmente- para el juicio oral: “Nos vamos a oponer todos en la audiencia como abogados querellantes, y también requerimos que se notificara a todas y cada una de las víctimas para que tuvieran la oportunidad de ser escuchadas ante el tribunal”, señaló el abogado querellante Alfredo Morgado.
“Esto es vergonzoso para el estado de Derecho chileno”, añadió uno de los abogados de las víctimas Raúl Meza.
Finalmente, el fiscal regional José Luis Pérez Calaf justificó esta salida alternativa ante la eventualidad que una sentencia en un juicio oral podría no “reparar a una víctima que sufrió la pérdida de un pariente”, y que lo que obtendrían con esta determinación, potencialmente puede ser más de lo que recibirían al finalizar esta causa.
“Si bien fue una investigación larga, acuciosa, creemos que no siempre una sentencia es la solución a un conflicto. Una sentencia no necesariamente va a determinar reparar a una víctima que sufrió la pérdida de un pariente, la muerte de una persona (…) Quizás no es la que uno esperaría una víctima que ha sufrido la pérdida de un hijo, o de otro pariente, reciba de parte de un imputado. Pero es algo más que hoy mismo tienen derecho a recibir. Es más que lo que tendrían derecho incluso, una vez finalizado un juicio”
Este lunes, las defensas de los imputados por la fallida alerta de tsunami el pasado 27 de febrero de 2010, llegaron a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente para reunirse con el fiscal José Luis Pérez Calaf, con quien concretaron el acuerdo anunciado por el persecutor hace algunos días, el que implica que no habrá juicio oral ni sentencia en contra de los acusados.
Entre las condiciones que deberán cumplir los imputados para hacer efectivo el acuerdo, está el pago de una indemnización a las víctimas, que asciende a un monto total de 245 millones de pesos, que se desglosan en 80 millones por parte del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende; 40 millones la ex directora de la Onemi Carmen Fernández; 5 millones el ex jefe del Centro de Alerta Temprana Johaziel Jamett; y 40 millones los ex funcionarios del SHOA, Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina.
Trascendió además que, en principio, una de las cláusulas del entendimiento implicaba que los acusados pidieran perdón a las víctimas, no obstante desde las defensas de las víctimas señalaron que las ex autoridades sólo leerán un texto reconociendo su responsabilidad y señalando que el sistema completo falló aquella madrugada.
Los abogados defensores anunciaron en la reunión con el fiscal Pérez Calaf, que se opondrán a esta salida alternativa, lo que se concretará en la audiencia del 14 de marzo próximo, preparatoria -inicialmente- para el juicio oral: “Nos vamos a oponer todos en la audiencia como abogados querellantes, y también requerimos que se notificara a todas y cada una de las víctimas para que tuvieran la oportunidad de ser escuchadas ante el tribunal”, señaló el abogado querellante Alfredo Morgado.
“Esto es vergonzoso para el estado de Derecho chileno”, añadió uno de los abogados de las víctimas Raúl Meza.
Finalmente, el fiscal regional José Luis Pérez Calaf justificó esta salida alternativa ante la eventualidad que una sentencia en un juicio oral podría no “reparar a una víctima que sufrió la pérdida de un pariente”, y que lo que obtendrían con esta determinación, potencialmente puede ser más de lo que recibirían al finalizar esta causa.
“Si bien fue una investigación larga, acuciosa, creemos que no siempre una sentencia es la solución a un conflicto. Una sentencia no necesariamente va a determinar reparar a una víctima que sufrió la pérdida de un pariente, la muerte de una persona (…) Quizás no es la que uno esperaría una víctima que ha sufrido la pérdida de un hijo, o de otro pariente, reciba de parte de un imputado. Pero es algo más que hoy mismo tienen derecho a recibir. Es más que lo que tendrían derecho incluso, una vez finalizado un juicio”
