Los ministros de la Undécima Sala del tribunal de alzada de Santiago -Hernán Crisosto, Alejandro Rivera y Jorge Norambuena-, determinaron de manera unánime la reapertura de la investigación por presunta malversación de caudales públicos, en contra de la fundación Cema Chile, que preside la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart.
La corte acogió la petición realizada por el Consejo de Defensa del Estado, ordenando una serie de diligencias y procedimientos, esto en el marco de las nuevas revelaciones que se han realizado sobre la propiedad por parte de Cema Chile de numerosos inmuebles y terrenos, los cuales fueron entregados de manera gratuita por parte del fisco durante la dictadura, siendo el más bullado el caso de la Plaza de Armas de Paine, que según los registros legales pertenece a la institución de Lucía Hiriart.
En el fallo, el tribunal señala que “estudiados los antecedentes y considerando los invocados en la alegación oral efectuada por la representante del Consejo de Defensa del Estado, en particular aquellos que se identifican como recientes y que son indiciarios en demostrar la existencia de ventas de bienes de propiedad de la fundación Cema-Chile a terceros en diversas localidades del país; la inexistencia de registro del ingreso de esos dineros a la citada persona jurídica; la necesidad de contar con un registro total de esos mismos inmuebles, los que previamente le fueron donados por reparticiones públicas, tales como el Ministerio de Bienes Nacionales, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y también por Municipalidades; esta Corte es del parecer de proceder a la reapertura solicitada por el CDE”.
Entre las diligencias ordenadas por la corte figura que la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, determine la situación actual de Cema Chile, en relación con su estado patrimonial “y un levantamiento acerca de la existencia de bienes desde el año 1973 al presente, sus fuentes de ingreso así como determinar sus actividades”.
Además, se pide averiguar el origen de los terrenos en que funcionana las universidades Bernardo O´Higgins, Mayor y San Sebastián, que de acuerdo al catastro presentado por el Ministerio de Bienes Nacionales, pertenecían a Cema Chile y fueron vendidos a estas casas de estudio.
“Recopilará las modificaciones de estatutos, memorias y balances de Cema Chile desde 1973 a la fecha. Precisará las cuentas corrientes y productos bancarios, financieros o de inversión a nombre de la citada fundación”, señalan desde el tribunal.
La determinación de la corte pide que se detalle “el destino de los bienes que contaba en su patrimonio Cema Chile, montos de dinero o equivalentes recibidos por sus enajenaciones, donaciones o traspasos, la secuencia de esas transferencias y sucesivos propietarios, valores y precios de mercado involucrados”.
Por último, el tribunal de alzada citará, bajo apercibimiento de arresto, a quien figura como director administrativo de Cema Chile, Julio Véjar Zamorano, “a quien se interrogará circunstanciadamente acerca de los hechos denunciados y, en los referidos a la enajenación del inmueble ubicado en la comuna de Chillán”, terreno que fue vendido en 780 millones de pesos, y que dio origen a la investigación de Ciper sobre este caso.
Los ministros de la Undécima Sala del tribunal de alzada de Santiago -Hernán Crisosto, Alejandro Rivera y Jorge Norambuena-, determinaron de manera unánime la reapertura de la investigación por presunta malversación de caudales públicos, en contra de la fundación Cema Chile, que preside la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart.
La corte acogió la petición realizada por el Consejo de Defensa del Estado, ordenando una serie de diligencias y procedimientos, esto en el marco de las nuevas revelaciones que se han realizado sobre la propiedad por parte de Cema Chile de numerosos inmuebles y terrenos, los cuales fueron entregados de manera gratuita por parte del fisco durante la dictadura, siendo el más bullado el caso de la Plaza de Armas de Paine, que según los registros legales pertenece a la institución de Lucía Hiriart.
En el fallo, el tribunal señala que “estudiados los antecedentes y considerando los invocados en la alegación oral efectuada por la representante del Consejo de Defensa del Estado, en particular aquellos que se identifican como recientes y que son indiciarios en demostrar la existencia de ventas de bienes de propiedad de la fundación Cema-Chile a terceros en diversas localidades del país; la inexistencia de registro del ingreso de esos dineros a la citada persona jurídica; la necesidad de contar con un registro total de esos mismos inmuebles, los que previamente le fueron donados por reparticiones públicas, tales como el Ministerio de Bienes Nacionales, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y también por Municipalidades; esta Corte es del parecer de proceder a la reapertura solicitada por el CDE”.
Entre las diligencias ordenadas por la corte figura que la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, determine la situación actual de Cema Chile, en relación con su estado patrimonial “y un levantamiento acerca de la existencia de bienes desde el año 1973 al presente, sus fuentes de ingreso así como determinar sus actividades”.
Además, se pide averiguar el origen de los terrenos en que funcionana las universidades Bernardo O´Higgins, Mayor y San Sebastián, que de acuerdo al catastro presentado por el Ministerio de Bienes Nacionales, pertenecían a Cema Chile y fueron vendidos a estas casas de estudio.
“Recopilará las modificaciones de estatutos, memorias y balances de Cema Chile desde 1973 a la fecha. Precisará las cuentas corrientes y productos bancarios, financieros o de inversión a nombre de la citada fundación”, señalan desde el tribunal.
La determinación de la corte pide que se detalle “el destino de los bienes que contaba en su patrimonio Cema Chile, montos de dinero o equivalentes recibidos por sus enajenaciones, donaciones o traspasos, la secuencia de esas transferencias y sucesivos propietarios, valores y precios de mercado involucrados”.
Por último, el tribunal de alzada citará, bajo apercibimiento de arresto, a quien figura como director administrativo de Cema Chile, Julio Véjar Zamorano, “a quien se interrogará circunstanciadamente acerca de los hechos denunciados y, en los referidos a la enajenación del inmueble ubicado en la comuna de Chillán”, terreno que fue vendido en 780 millones de pesos, y que dio origen a la investigación de Ciper sobre este caso.
Los ministros de la Undécima Sala del tribunal de alzada de Santiago -Hernán Crisosto, Alejandro Rivera y Jorge Norambuena-, determinaron de manera unánime la reapertura de la investigación por presunta malversación de caudales públicos, en contra de la fundación Cema Chile, que preside la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart.
La corte acogió la petición realizada por el Consejo de Defensa del Estado, ordenando una serie de diligencias y procedimientos, esto en el marco de las nuevas revelaciones que se han realizado sobre la propiedad por parte de Cema Chile de numerosos inmuebles y terrenos, los cuales fueron entregados de manera gratuita por parte del fisco durante la dictadura, siendo el más bullado el caso de la Plaza de Armas de Paine, que según los registros legales pertenece a la institución de Lucía Hiriart.
En el fallo, el tribunal señala que “estudiados los antecedentes y considerando los invocados en la alegación oral efectuada por la representante del Consejo de Defensa del Estado, en particular aquellos que se identifican como recientes y que son indiciarios en demostrar la existencia de ventas de bienes de propiedad de la fundación Cema-Chile a terceros en diversas localidades del país; la inexistencia de registro del ingreso de esos dineros a la citada persona jurídica; la necesidad de contar con un registro total de esos mismos inmuebles, los que previamente le fueron donados por reparticiones públicas, tales como el Ministerio de Bienes Nacionales, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y también por Municipalidades; esta Corte es del parecer de proceder a la reapertura solicitada por el CDE”.
Entre las diligencias ordenadas por la corte figura que la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, determine la situación actual de Cema Chile, en relación con su estado patrimonial “y un levantamiento acerca de la existencia de bienes desde el año 1973 al presente, sus fuentes de ingreso así como determinar sus actividades”.
Además, se pide averiguar el origen de los terrenos en que funcionana las universidades Bernardo O´Higgins, Mayor y San Sebastián, que de acuerdo al catastro presentado por el Ministerio de Bienes Nacionales, pertenecían a Cema Chile y fueron vendidos a estas casas de estudio.
“Recopilará las modificaciones de estatutos, memorias y balances de Cema Chile desde 1973 a la fecha. Precisará las cuentas corrientes y productos bancarios, financieros o de inversión a nombre de la citada fundación”, señalan desde el tribunal.
La determinación de la corte pide que se detalle “el destino de los bienes que contaba en su patrimonio Cema Chile, montos de dinero o equivalentes recibidos por sus enajenaciones, donaciones o traspasos, la secuencia de esas transferencias y sucesivos propietarios, valores y precios de mercado involucrados”.
Por último, el tribunal de alzada citará, bajo apercibimiento de arresto, a quien figura como director administrativo de Cema Chile, Julio Véjar Zamorano, “a quien se interrogará circunstanciadamente acerca de los hechos denunciados y, en los referidos a la enajenación del inmueble ubicado en la comuna de Chillán”, terreno que fue vendido en 780 millones de pesos, y que dio origen a la investigación de Ciper sobre este caso.
