Marginar y castigar: el conflicto sistémico de la Agenda Corta más allá del control de identidad
La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó el control preventivo de identidad. La votación se realizó en medio de las críticas de diferentes sectores por considerar la medida como “un atentado contra la paz social”.
Jueves 14 de abril 2016 11:33 hrs.
Este miércoles la Comisión de Seguridad ciudadana de la cámara de diputados aprobó por siete votos contra dos el articulo 12 de la Agenda corta antidelincuencia, el denominado control preventivo de identidad.
La medida había sido cuestionada desde distintos sectores del mundo académico y político por considerar que vulnera derechos y libertades civiles, y que concede excesivas facultades a las fuerzas policiales.
La norma aprobada consideró parte de las indicaciones realizadas por el Senado y las reparos que presentó la Unicef respecto al trato de los niños. El organismo de Naciones Unidas expresó previo a la votación que “la delincuencia juvenil debe abordarse con medidas de largo plazo que se hagan cargo del problema de fondo y no con iniciativas cortoplacistas que no contribuirán a reducir el número de adolescentes involucrados en hecho delictuales (…) no hay evidencia que demuestre que el control preventivo de identidad tenga éxito en esta materia”.
Adicionalmente, UNICEF recordó que los menores de 18 años no están obligados a portar ningún documento de identificación, lo que claramente dificultará la diligencia policial. “Esta norma dejaría a los menores de 18 años expuestos a eventuales estigmatizaciones, al considerarlos sospechosos de una situación sin que exista ningún indicio de culpabilidad o una acusación formal”.
En consideración a este reclamo, la redacción del artículo será inaplicable a los menores de 14 años. Los niños que tengan entre 14 y 18 años podrán ser efectos por el control y carabineros podrá retenerlos por este motivo por un plazo máximo de una hora. En el caso de los mayores de edad el tiempo de la retención podría llegar a cuatro horas.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Daniel Farcas, reconoció como un triunfo la aprobación de la norma y explicó que resulta necesario incluir mecanismos tecnológicos que agilicen el procedimiento.
La inclusión de aparatos que permitan identificar a los sujetos mediante la indicación del rut o la huella digital, serian a juicio del parlamentario, instrumentos que modernizarían los procesos y sobre todo podrían evitar la retención que ha sido uno de los argumentos de los detractores de la norma.
“Aquí también nos encontramos con nuestros fantasmas. Haber vivido 17 años en dictadura no fueron en vano, a todos los que nos tocó luchar contra el régimen de Pinochet, sabemos perfectamente cuan mal utilizadas fueron estas herramientas que no eran de seguridad ciudadana sino que para reprimir a los opositores. Yo también empatizo y entiendo a aquellos que tienen el fantasma de Carabineros haciendo mal uso de estos insumos”, afirmó el parlamentario del PPD.
El diputado Leonardo Soto, uno de los opositores a la aprobación, declaró en la mesa de la Comisión que “Es una ilusión que afecta los derechos de las personas y los mas desventajados socialmente van a pagar las consecuencias”.
Con el sistema de control de identidad actualmente vigente, se realizan al año cerca de 10 millones de procedimientos de este tipo al año, según las cifras de Carabineros de Chile.
El problema sistémico
El proyecto ha tenido un fuerte rechazo en diferentes sectores de la sociedad. Académicos, políticos y grupos sociales organizados están realizando movimientos por diferentes lugares del país para oponerse a la aprobación de la ley en general, puesto que consideran, supone una importante vulneración a los derechos personales, libertades individuales e incluso a principios juridicos fundamentales, como la presunción de inocencia y el debido proceso.
“Hay que hacerse preguntas de fondo sobre cómo el Estado esta tratando a su gente, y principalmente a aquellos que son mano de obra, a los que le proporcionan las principales ganancias y bueno son justo a ellos a quienes dejan de lado “, afirmó la socióloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux.
“Hay una construcción de estado que plantea de manera recurrente el perseguir, arrestar, castigar, delatar a los sectores que el mismo estado abandona, esa es la construcción fundamental. Abandona a unos sectores sociales, los hace vivir completamente hacinados al interior y al exterior de sus casas, alejados de los centros, castigados en colegios calificados como malos colegios y luego a esas mismas personas que el estado abandona, son las personas que el estado castiga, entonces es una cuestión que no tiene nunca fin”, agregó enfática.
Desde el punto de vista jurídico, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Jaime Winter, explicó que sistemáticamente, el proyecto encubre problemas de fondo y que tiene una gran cantidad de deficiencias.
“Desde el punto de vista global es un mal proyecto legal que enfrenta la criminalidad de manera inadecuada y por lo tanto las medidas referentes a los delitos contra la propiedad van en sentido equivocado. Mas allá de lo malo del proyecto, esto hace que se esconda la necesidad de lo que podríamos llamar una “agenda larga”: una preocupación profunda sobre el problema de la delincuencia y la desigualdad en Chile que van de la mano”, explicó el penalista.
En este sentido, resulta pertinente mencionar que el código penal actualmente vigente rige desde 1874 y que aunque han existido modificaciones y constituído distinatas comisiones para reformarlo, finalmente ninguna ha conseguido elaborar un nuevo Código que reúna todos los delitos que están en distintas leyes especiales. Lo anterior, supone también que al no existir un cuerpo, resulta dificil para la regulación penal establecer normas y penas coherentes y plenas.
Por su parte, Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, señaló que “no se está considerando el primer eslabón, lo más grave es que no se aborda el sistema penitenciario que debiera ser la primera preocupación. Las cárceles y centros de detención en Chile muestran graves niveles de hacinamiento. Ningún gobierno ha querido solucionar realmente esta problemática, que atraviesa una verdadera crisis”.
Más aspectos críticos de la ley
El diputado Guillermo Ceroni explica que el control preventivo de identidad y denominada “Ley Mordaza”, no son los únicos aspectos cuestionables de este proyecto.
La Agenda Corta Antidelincuencia incluye, desde el punto de vista de la regulación penal, que los jueces no podrán aplicar atenuantes para los delitos de hurto, receptación y extorsión. Esta medida ha sido sumamente cuestionada porque precisamente ese tipo de delitos son cometidos por la clase pobre. Además, supondría una vulneración a los principios del derecho y dejaría al sistema penal en su conjunto con una desproporción dramática entre las penas. Lo anterior permitiría sancionar, por ejemplo con mayor pena, un delito contra la propiedad que un delito contra la vida o la salud de las personas.
En términos procesales el proyecto de ley permitirá a las policías utilizar agentes encubiertos para indagar bandas, interferir en posibles delitos y solicitar antecedentes sin previo requerimiento a un fiscal. Esto podría constituir una vulneración grave al debido proceso y de ser aprobada debería evaluarse en un control de constitucionalidad por atentar contra este principio, las diferenciación de atribuciones entre entes públicos y por inviolabilidad de la vivienda.
Otro aspecto importante es que ordena que un procedimiento penal podrá continuar desarrollándose aunque en las audiencias no se presente el imputado o acusado. Esta medida atentaría contra el derecho a la defensa.
“En todas estas facultades que se les han dado a las policías, uno piensa que ellos deben tener criterio para actuar, se parte de ese supuesto. Yo creo que hay una falta a veces de ese criterio y creo que deberían tener un proceso de preparación mayor. Actualmente alguien que sale de cuarto medio, estudia un año y puede ser carabinero, estar en servicio y con armas”, sostuvo el diputado Ceroni.
En la misma línea señaló que es muy probable que el pleno de la cámara rechace la Ley Mordaza, aunque manifestó no estar seguro respecto al control preventivo debido a que existen sectores duros de la Nueva Mayoría que estarían avalando este proyecto.
“Como hay una presión ciudadana el proyecto sigue adelante porque el ejecutivo no lo puede dejar parado, aunque sabiendo muchos expertos de que esta no es la solución, pienso que el Ejecutivo quedó en un callejón sin salida al proponer este proyecto”, concluyó Ceroni.
El proyecto de ley pasará durante los próximos días a la sala de la Cámara baja donde se votará cada una de las 54 indicaciones realizadas por el Senado. Las disposiciones que se rechacen pasarán a una Comisión Mixta que tendrá un plazo límite de 60 días para su total despacho.
Este miércoles la Comisión de Seguridad ciudadana de la cámara de diputados aprobó por siete votos contra dos el articulo 12 de la Agenda corta antidelincuencia, el denominado control preventivo de identidad.
La medida había sido cuestionada desde distintos sectores del mundo académico y político por considerar que vulnera derechos y libertades civiles, y que concede excesivas facultades a las fuerzas policiales.
La norma aprobada consideró parte de las indicaciones realizadas por el Senado y las reparos que presentó la Unicef respecto al trato de los niños. El organismo de Naciones Unidas expresó previo a la votación que “la delincuencia juvenil debe abordarse con medidas de largo plazo que se hagan cargo del problema de fondo y no con iniciativas cortoplacistas que no contribuirán a reducir el número de adolescentes involucrados en hecho delictuales (…) no hay evidencia que demuestre que el control preventivo de identidad tenga éxito en esta materia”.
Adicionalmente, UNICEF recordó que los menores de 18 años no están obligados a portar ningún documento de identificación, lo que claramente dificultará la diligencia policial. “Esta norma dejaría a los menores de 18 años expuestos a eventuales estigmatizaciones, al considerarlos sospechosos de una situación sin que exista ningún indicio de culpabilidad o una acusación formal”.
En consideración a este reclamo, la redacción del artículo será inaplicable a los menores de 14 años. Los niños que tengan entre 14 y 18 años podrán ser efectos por el control y carabineros podrá retenerlos por este motivo por un plazo máximo de una hora. En el caso de los mayores de edad el tiempo de la retención podría llegar a cuatro horas.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Daniel Farcas, reconoció como un triunfo la aprobación de la norma y explicó que resulta necesario incluir mecanismos tecnológicos que agilicen el procedimiento.
La inclusión de aparatos que permitan identificar a los sujetos mediante la indicación del rut o la huella digital, serian a juicio del parlamentario, instrumentos que modernizarían los procesos y sobre todo podrían evitar la retención que ha sido uno de los argumentos de los detractores de la norma.
“Aquí también nos encontramos con nuestros fantasmas. Haber vivido 17 años en dictadura no fueron en vano, a todos los que nos tocó luchar contra el régimen de Pinochet, sabemos perfectamente cuan mal utilizadas fueron estas herramientas que no eran de seguridad ciudadana sino que para reprimir a los opositores. Yo también empatizo y entiendo a aquellos que tienen el fantasma de Carabineros haciendo mal uso de estos insumos”, afirmó el parlamentario del PPD.
El diputado Leonardo Soto, uno de los opositores a la aprobación, declaró en la mesa de la Comisión que “Es una ilusión que afecta los derechos de las personas y los mas desventajados socialmente van a pagar las consecuencias”.
Con el sistema de control de identidad actualmente vigente, se realizan al año cerca de 10 millones de procedimientos de este tipo al año, según las cifras de Carabineros de Chile.
El problema sistémico
El proyecto ha tenido un fuerte rechazo en diferentes sectores de la sociedad. Académicos, políticos y grupos sociales organizados están realizando movimientos por diferentes lugares del país para oponerse a la aprobación de la ley en general, puesto que consideran, supone una importante vulneración a los derechos personales, libertades individuales e incluso a principios juridicos fundamentales, como la presunción de inocencia y el debido proceso.
“Hay que hacerse preguntas de fondo sobre cómo el Estado esta tratando a su gente, y principalmente a aquellos que son mano de obra, a los que le proporcionan las principales ganancias y bueno son justo a ellos a quienes dejan de lado “, afirmó la socióloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux.
“Hay una construcción de estado que plantea de manera recurrente el perseguir, arrestar, castigar, delatar a los sectores que el mismo estado abandona, esa es la construcción fundamental. Abandona a unos sectores sociales, los hace vivir completamente hacinados al interior y al exterior de sus casas, alejados de los centros, castigados en colegios calificados como malos colegios y luego a esas mismas personas que el estado abandona, son las personas que el estado castiga, entonces es una cuestión que no tiene nunca fin”, agregó enfática.
Desde el punto de vista jurídico, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Jaime Winter, explicó que sistemáticamente, el proyecto encubre problemas de fondo y que tiene una gran cantidad de deficiencias.
“Desde el punto de vista global es un mal proyecto legal que enfrenta la criminalidad de manera inadecuada y por lo tanto las medidas referentes a los delitos contra la propiedad van en sentido equivocado. Mas allá de lo malo del proyecto, esto hace que se esconda la necesidad de lo que podríamos llamar una “agenda larga”: una preocupación profunda sobre el problema de la delincuencia y la desigualdad en Chile que van de la mano”, explicó el penalista.
En este sentido, resulta pertinente mencionar que el código penal actualmente vigente rige desde 1874 y que aunque han existido modificaciones y constituído distinatas comisiones para reformarlo, finalmente ninguna ha conseguido elaborar un nuevo Código que reúna todos los delitos que están en distintas leyes especiales. Lo anterior, supone también que al no existir un cuerpo, resulta dificil para la regulación penal establecer normas y penas coherentes y plenas.
Por su parte, Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, señaló que “no se está considerando el primer eslabón, lo más grave es que no se aborda el sistema penitenciario que debiera ser la primera preocupación. Las cárceles y centros de detención en Chile muestran graves niveles de hacinamiento. Ningún gobierno ha querido solucionar realmente esta problemática, que atraviesa una verdadera crisis”.
Más aspectos críticos de la ley
El diputado Guillermo Ceroni explica que el control preventivo de identidad y denominada “Ley Mordaza”, no son los únicos aspectos cuestionables de este proyecto.
La Agenda Corta Antidelincuencia incluye, desde el punto de vista de la regulación penal, que los jueces no podrán aplicar atenuantes para los delitos de hurto, receptación y extorsión. Esta medida ha sido sumamente cuestionada porque precisamente ese tipo de delitos son cometidos por la clase pobre. Además, supondría una vulneración a los principios del derecho y dejaría al sistema penal en su conjunto con una desproporción dramática entre las penas. Lo anterior permitiría sancionar, por ejemplo con mayor pena, un delito contra la propiedad que un delito contra la vida o la salud de las personas.
En términos procesales el proyecto de ley permitirá a las policías utilizar agentes encubiertos para indagar bandas, interferir en posibles delitos y solicitar antecedentes sin previo requerimiento a un fiscal. Esto podría constituir una vulneración grave al debido proceso y de ser aprobada debería evaluarse en un control de constitucionalidad por atentar contra este principio, las diferenciación de atribuciones entre entes públicos y por inviolabilidad de la vivienda.
Otro aspecto importante es que ordena que un procedimiento penal podrá continuar desarrollándose aunque en las audiencias no se presente el imputado o acusado. Esta medida atentaría contra el derecho a la defensa.
“En todas estas facultades que se les han dado a las policías, uno piensa que ellos deben tener criterio para actuar, se parte de ese supuesto. Yo creo que hay una falta a veces de ese criterio y creo que deberían tener un proceso de preparación mayor. Actualmente alguien que sale de cuarto medio, estudia un año y puede ser carabinero, estar en servicio y con armas”, sostuvo el diputado Ceroni.
En la misma línea señaló que es muy probable que el pleno de la cámara rechace la Ley Mordaza, aunque manifestó no estar seguro respecto al control preventivo debido a que existen sectores duros de la Nueva Mayoría que estarían avalando este proyecto.
“Como hay una presión ciudadana el proyecto sigue adelante porque el ejecutivo no lo puede dejar parado, aunque sabiendo muchos expertos de que esta no es la solución, pienso que el Ejecutivo quedó en un callejón sin salida al proponer este proyecto”, concluyó Ceroni.
El proyecto de ley pasará durante los próximos días a la sala de la Cámara baja donde se votará cada una de las 54 indicaciones realizadas por el Senado. Las disposiciones que se rechacen pasarán a una Comisión Mixta que tendrá un plazo límite de 60 días para su total despacho.
Este miércoles la Comisión de Seguridad ciudadana de la cámara de diputados aprobó por siete votos contra dos el articulo 12 de la Agenda corta antidelincuencia, el denominado control preventivo de identidad.
La medida había sido cuestionada desde distintos sectores del mundo académico y político por considerar que vulnera derechos y libertades civiles, y que concede excesivas facultades a las fuerzas policiales.
La norma aprobada consideró parte de las indicaciones realizadas por el Senado y las reparos que presentó la Unicef respecto al trato de los niños. El organismo de Naciones Unidas expresó previo a la votación que “la delincuencia juvenil debe abordarse con medidas de largo plazo que se hagan cargo del problema de fondo y no con iniciativas cortoplacistas que no contribuirán a reducir el número de adolescentes involucrados en hecho delictuales (…) no hay evidencia que demuestre que el control preventivo de identidad tenga éxito en esta materia”.
Adicionalmente, UNICEF recordó que los menores de 18 años no están obligados a portar ningún documento de identificación, lo que claramente dificultará la diligencia policial. “Esta norma dejaría a los menores de 18 años expuestos a eventuales estigmatizaciones, al considerarlos sospechosos de una situación sin que exista ningún indicio de culpabilidad o una acusación formal”.
En consideración a este reclamo, la redacción del artículo será inaplicable a los menores de 14 años. Los niños que tengan entre 14 y 18 años podrán ser efectos por el control y carabineros podrá retenerlos por este motivo por un plazo máximo de una hora. En el caso de los mayores de edad el tiempo de la retención podría llegar a cuatro horas.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Daniel Farcas, reconoció como un triunfo la aprobación de la norma y explicó que resulta necesario incluir mecanismos tecnológicos que agilicen el procedimiento.
La inclusión de aparatos que permitan identificar a los sujetos mediante la indicación del rut o la huella digital, serian a juicio del parlamentario, instrumentos que modernizarían los procesos y sobre todo podrían evitar la retención que ha sido uno de los argumentos de los detractores de la norma.
“Aquí también nos encontramos con nuestros fantasmas. Haber vivido 17 años en dictadura no fueron en vano, a todos los que nos tocó luchar contra el régimen de Pinochet, sabemos perfectamente cuan mal utilizadas fueron estas herramientas que no eran de seguridad ciudadana sino que para reprimir a los opositores. Yo también empatizo y entiendo a aquellos que tienen el fantasma de Carabineros haciendo mal uso de estos insumos”, afirmó el parlamentario del PPD.
El diputado Leonardo Soto, uno de los opositores a la aprobación, declaró en la mesa de la Comisión que “Es una ilusión que afecta los derechos de las personas y los mas desventajados socialmente van a pagar las consecuencias”.
Con el sistema de control de identidad actualmente vigente, se realizan al año cerca de 10 millones de procedimientos de este tipo al año, según las cifras de Carabineros de Chile.
El problema sistémico
El proyecto ha tenido un fuerte rechazo en diferentes sectores de la sociedad. Académicos, políticos y grupos sociales organizados están realizando movimientos por diferentes lugares del país para oponerse a la aprobación de la ley en general, puesto que consideran, supone una importante vulneración a los derechos personales, libertades individuales e incluso a principios juridicos fundamentales, como la presunción de inocencia y el debido proceso.
“Hay que hacerse preguntas de fondo sobre cómo el Estado esta tratando a su gente, y principalmente a aquellos que son mano de obra, a los que le proporcionan las principales ganancias y bueno son justo a ellos a quienes dejan de lado “, afirmó la socióloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux.
“Hay una construcción de estado que plantea de manera recurrente el perseguir, arrestar, castigar, delatar a los sectores que el mismo estado abandona, esa es la construcción fundamental. Abandona a unos sectores sociales, los hace vivir completamente hacinados al interior y al exterior de sus casas, alejados de los centros, castigados en colegios calificados como malos colegios y luego a esas mismas personas que el estado abandona, son las personas que el estado castiga, entonces es una cuestión que no tiene nunca fin”, agregó enfática.
Desde el punto de vista jurídico, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Jaime Winter, explicó que sistemáticamente, el proyecto encubre problemas de fondo y que tiene una gran cantidad de deficiencias.
“Desde el punto de vista global es un mal proyecto legal que enfrenta la criminalidad de manera inadecuada y por lo tanto las medidas referentes a los delitos contra la propiedad van en sentido equivocado. Mas allá de lo malo del proyecto, esto hace que se esconda la necesidad de lo que podríamos llamar una “agenda larga”: una preocupación profunda sobre el problema de la delincuencia y la desigualdad en Chile que van de la mano”, explicó el penalista.
En este sentido, resulta pertinente mencionar que el código penal actualmente vigente rige desde 1874 y que aunque han existido modificaciones y constituído distinatas comisiones para reformarlo, finalmente ninguna ha conseguido elaborar un nuevo Código que reúna todos los delitos que están en distintas leyes especiales. Lo anterior, supone también que al no existir un cuerpo, resulta dificil para la regulación penal establecer normas y penas coherentes y plenas.
Por su parte, Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, señaló que “no se está considerando el primer eslabón, lo más grave es que no se aborda el sistema penitenciario que debiera ser la primera preocupación. Las cárceles y centros de detención en Chile muestran graves niveles de hacinamiento. Ningún gobierno ha querido solucionar realmente esta problemática, que atraviesa una verdadera crisis”.
Más aspectos críticos de la ley
El diputado Guillermo Ceroni explica que el control preventivo de identidad y denominada “Ley Mordaza”, no son los únicos aspectos cuestionables de este proyecto.
La Agenda Corta Antidelincuencia incluye, desde el punto de vista de la regulación penal, que los jueces no podrán aplicar atenuantes para los delitos de hurto, receptación y extorsión. Esta medida ha sido sumamente cuestionada porque precisamente ese tipo de delitos son cometidos por la clase pobre. Además, supondría una vulneración a los principios del derecho y dejaría al sistema penal en su conjunto con una desproporción dramática entre las penas. Lo anterior permitiría sancionar, por ejemplo con mayor pena, un delito contra la propiedad que un delito contra la vida o la salud de las personas.
En términos procesales el proyecto de ley permitirá a las policías utilizar agentes encubiertos para indagar bandas, interferir en posibles delitos y solicitar antecedentes sin previo requerimiento a un fiscal. Esto podría constituir una vulneración grave al debido proceso y de ser aprobada debería evaluarse en un control de constitucionalidad por atentar contra este principio, las diferenciación de atribuciones entre entes públicos y por inviolabilidad de la vivienda.
Otro aspecto importante es que ordena que un procedimiento penal podrá continuar desarrollándose aunque en las audiencias no se presente el imputado o acusado. Esta medida atentaría contra el derecho a la defensa.
“En todas estas facultades que se les han dado a las policías, uno piensa que ellos deben tener criterio para actuar, se parte de ese supuesto. Yo creo que hay una falta a veces de ese criterio y creo que deberían tener un proceso de preparación mayor. Actualmente alguien que sale de cuarto medio, estudia un año y puede ser carabinero, estar en servicio y con armas”, sostuvo el diputado Ceroni.
En la misma línea señaló que es muy probable que el pleno de la cámara rechace la Ley Mordaza, aunque manifestó no estar seguro respecto al control preventivo debido a que existen sectores duros de la Nueva Mayoría que estarían avalando este proyecto.
“Como hay una presión ciudadana el proyecto sigue adelante porque el ejecutivo no lo puede dejar parado, aunque sabiendo muchos expertos de que esta no es la solución, pienso que el Ejecutivo quedó en un callejón sin salida al proponer este proyecto”, concluyó Ceroni.
El proyecto de ley pasará durante los próximos días a la sala de la Cámara baja donde se votará cada una de las 54 indicaciones realizadas por el Senado. Las disposiciones que se rechacen pasarán a una Comisión Mixta que tendrá un plazo límite de 60 días para su total despacho.
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