Una serie de voces se han levantado durante las últimas semanas para criticar la Agenda Corta Antidelincuencia promovida desde el gobierno por el ministro del Interior, Jorge burgos. El polémico proyecto de ley ha sido puesto en tela de juicio por incluir entre otras medidas el control preventivo de identidad y la denominada “Ley Mordaza”, disposiciones que fueron rechazadas el pasado martes y que serán debatidas en una Comisión Mixta.

La polémica ley incluye además que los jueces no podrán aplicar atenuantes para los delitos de hurto, receptación y extorsión. Esta medida ha sido sumamente cuestionada porque ese tipo de delitos son cometidos por la clases pobres.

Además, supondría una vulneración a los principios del derecho y dejaría al sistema penal en su conjunto con una desproporción dramática entre las penas. Lo anterior permitiría sancionar con mayor pena un delito contra la propiedad que un delito contra la vida o la salud de las personas. A modo de ejemplo, de aprobarse la Agenda Corta un robo podría ser más grave que una violación, o que el robo con homicidio tendría una pena menor que el homicidio solo.

En términos procesales el proyecto de ley permitirá a las policías utilizar agentes encubiertos para indagar bandas, interferir en posibles delitos y solicitar antecedentes sin previo requerimiento a un fiscal.

Desde el mundo académico se ha dicho que este proyecto permitirá criminalizar a los sectores socialmente marginados y que resulta lesivo para principios fundamentales del derecho, como el debido proceso, la proporcionalidad de las penas y la presunción de inocencia.

“Indudablemente la Agenda Corta no es una buena política pública, no es positiva y no va a ayudar a mejorar el problema contra la delincuencia (…) Este es un país profundamente desigual y esa es una causa fundamental de cierto tipo de delincuencia. Hay otro tipo de delincuencia, la de “cuello blanco” que es la de los ricos y poderosos que se trata con multas. Entonces, cuando tenemos dos conductas cuyo disvalor es equivalente como un hurto o robo y la colusión, y uno se castiga con cárcel y el otro con multa, estamos profundizando un sistema de desigualdad”, afirmó durante la semana el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Jaime Winter.

La Agenda Corta tiene 33 medidas de diferentes tipos lo que la ha convertido en una bolsa de gatos. Pese a eso, tiene un foco fundamental que son los delitos contra la propiedad. El problema es que la mayoría de estos delitos (robos, hurtos, robos por sorpresa) no se esclarecen y el enfoque del proyecto de ley está puesto en aumentar las penas, lo que resulta contraproducente porque las penas se aplican sólo en los delitos que se esclarecen.

Lo anterior tiene como consecuencia que se puede ser más duro con los casos que si se esclarecen y no pasará nada con los casos que no se resuelvan. Para Winter esta lógica termina “en que hay un problema real que en apariencia va a ser resuelto, cuando en realidad están escondiendo el problema y no están haciendo nada real por acabar con la delincuencia”.

El problema carcelario

Los académicos y doctores en Derecho del Centro de Estudios de la Justicia, Álvaro Castro Morales y María Inés Horvitz, señalaron en una carta al director de un diario de circulación nacional que la Agenda Corta aumentará en 12 por ciento la ya desbordante población carcelaria, esto es, a la actual cifra cercana a 44 mil privados de libertad se incorporaría una carga de más de cinco mil, sin olvidar que la reforma también restringe el acceso a los permisos de salida, generando con ello el peor escenario posible para el sistema: muchos entran y pocos salen.

“Seguir recargando el sistema penitenciario en las condiciones en que se encuentra significa activar una bomba de tiempo que puede volver a generar tragedias de la envergadura de San Miguel en 2010 o Puerto Montt en 2007. Recordemos que en el primero murieron 81 adultos, y en el segundo, 10 adolescentes. La solución no pasa por construir más cárceles y aumentar la dotación de Gendarmería: es urgente focalizarse en la profesionalización de los gendarmes y en una mejora de sus condiciones de trabajo; invertir recursos y realizar evaluaciones periódicas de los programas de reinserción social, y modernizar la normativa penitenciaria a través de la dictación de una ley que sistematice la actual dispersión regulativa y ponga énfasis en la efectiva tutela de los derechos de los presos”, puede leerse en el documento.

En la misma línea, el diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón, afirmó en entrevista con Radio Universidad de Chile que bajo la lógica de la Agenda Corta los delincuentes comunes van a convertirse en criminales, es decir, estar a la misma escala de los violadores, asesinos, secuestradores, quienes además tienen una tasa de reincidencia entre el 50 y el 60 por ciento.

En ese sentido el parlamentario criticó las nulas posibilidades que ofrece el sistema carcelario chileno y manifestó su preocupación por la situación de los reos.

“En Chile a las doce de la noche cumplen la condena y lo dejamos tirado al borde de la cárcel sin siquiera un peso en el bolsillo como si fuera un perro, eso es lo que se hace en Chile, y además se encierra a los menores de edad desde la más tierna infancia (…) Ver niños de uno a dos años encerrados con sus madres, o posteriormente niños encerrados en el sistema Sename cuando toda la normativa de todos quienes saben en el mundo indica que no hay que ocupar ese sistema respecto de los niños que están en riesgo social, ni siquiera niños infractores de ley. Chile los encierra, simplemente, los obliga a padecer el abandono de la noche en sus camas sin ningún ser querido que los cobije y les brinde amor”, afirmó Rincón.

El diagnóstico de Paz Ciudadana

En el marco de este debate, la Fundación Paz Ciudadana presentó los resultados de su última encuesta Delincuencia y Opinión Pública 2015 que arrojó un aumento en la percepción de la criminalidad por parte de la ciudadanía en Chile.

La medición que fue realizada a personas de 52 comunas del país, tuvo como resultado que en el último año un 65,2% de la población percibe que la delincuencia en su comuna es mayor en comparación al año 2014 y con ello la percepción de violencia con un aumento de 2% sobre el año pasado.

La directora ejecutiva de la Fundación, Catalina Metz, agregó que creció el temor de ser asaltados dentro del hogar y que este fenómeno tendría relación a la desconfianza en las instituciones expresada por los ciudadanos.

En la instancia la directora de la Fundación expresó que a pesar de que la normativa es un avance en materia de tomar responsabilidad en temas puntuales, no responde a una estrategia para frenar la delincuencia en el país.

“Hay por los menos diez reformas estructurales pendientes: primero la separación del Servicio Nacional de Menores y la creación de un órgano especializado en hacer valer las leyes y someter a los jóvenes que infringen la ley a programas con evaluación de resultados; lo mismo para las penas de adultos. Además de un organismo especializado que haga valer y de buenas intervenciones a personas que cumplen condenas en libertad, que es ahí donde se tiene que hacer la puesta más fuerte” sostuvo.

En este sentido según la socióloga del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, la percepción de la criminalidad que mide esta encuesta es relevante para generar condiciones que permitan dar seguridad a la población, pero dijo que es irresponsable basarse en ese factor para crear políticas públicas de este tipo.

“La agenda corta es una ley que apunta a lo que nosotros denominamos “populismo penal”, es decir esta percepción de las personas, exacerbada de la situación del delito en el país está llevando a tomar decisiones de políticas públicas en materias que no deben estar incididas por la percepción de las personas. Se puede alumbrar una calle en función de que las personas se sientan más seguras pero es irresponsable decidir aumentar las penas para que las personas tengan seguridad” afirmó.

“Les falta calle”

En entrevista con el Diario Electrónico, el diputado de la Democracia Cristiana Gabriel Silber, defendió enfáticamente la tramitación de la Agenda Corta y criticó duramente a los académicos opositores.

“Yo creo que a los académicos también les hace falta algo de calle y algo de terreno, si uno mira las encuestas de las instituciones se encuentra con que Carabineros es uno de los organismos que más respeto y prestigio merecen a la opinión pública”, afirmó el también miembro de la Bancada Transversal por la Seguridad Ciudadana, descartando posibles abusos de poder y faltas de criterio de parte de la policía ante un eventual aumento de atribuciones.

“Hay muchos académicos que apuntan con el dedo porque tal vez les es indiferente cuando son víctimas de un asalto por su posibilidad económica de rápidamente reponerse de este tipo de ataques, pero a los más pobres este tipo de delitos les causa indignación. Le pediría a esos académicos que hagan sus propuestas pensando en el país y poniéndose un minuto en los zapatos de las víctimas”, agregó.

Ante las declaraciones de su camarada de la DC Ricardo Rincón, Silber respondió: “Si tomamos las palabras de este diputado, la señal es que como no estamos haciendo bien la pega simplemente cualquiera puede cometer un delito o un crimen y va a quedar en impunidad. No podemos legislar con anteojeras respecto a lo que pasa en nuestro país. Yo creo que muchos hablan desde estudios académicos con poco conocimiento de la realidad carcelaria en nuestro país”

Sobre las divisiones que el proyecto de ley ha generado, el diputado Silber afirmó que no es posible que la Nueva Mayoría se mantenga sin un programa que unifique las posiciones en torno a la política criminal del Estado.

“No puede ocurrir que la Nueva Mayoría no tenga un programa en un tema tan sensible para los chilenos como es la Seguridad Pública y en consecuencia abogo porque las próximas semanas nos pongamos de acuerdo frente al país y digamos “esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a implementar”, en una de las principales preocupaciones de los chilenos”, finalizó el parlamentario.

Se espera que durante esta semana se constituya la Comisión Mixta que deberá dirimir, en definitiva, los puntos críticos de la Agenda Corta Antidelincuencia.