El pasado viernes 22 de abril empezó a regir en Perú una disposición que amplió las modalidades de retiros de pensiones. La norma consagra que los mayores de 65 años podrán retirar hasta el 95,5 por ciento de sus ahorros previsionales.

En Perú al igual que en nuestro país, al cumplir la edad legal de jubilación, las personas deben acercarse a su AFP para recibir una estimación preliminar de sus pensiones ya sea que opte por la modalidad de renta vitalicia, retiro programado, entre otras opciones.

La nueva ley agregó la opción de retiro total y quienes opten por esta modalidad podrán retirar sus dineros 10 días hábiles después de iniciado el proceso, fijado por el gobierno peruano para el próximo 16 de mayo.

La norma ha causado un intenso debate en el país vecino. La ley fue aprobada originalmente en el año 2015, momento en el cual fue rechazada por el presidente Ollanta Humala y devuelta al parlamento para su revisión, por considerarla contraria a los tratados internacionales ratificados por Perú.

Este año el congreso peruano continuó legislando hasta conseguir su aprobación por 84 votos a favor contra dos. Tras esta nueva aprobación la ley entra inmediatamente en vigencia y el gobierno se ve legalmente imposibilitado revisarla nuevamente. Pese a lo anterior, Humala ha señalado que solicitará su revisión al Tribunal Constitucional.

El economista de Fundación Sol, Gonzalo Durán, afirmó que esta norma rompe en parte el esquema que fue importado desde Chile a través del plan original de José Piñera, bajo el cual en términos estrictos no es posible realizar modificaciones como esta.

“En ese sentido le da un alivio a los jubilados del caso peruano. De todos modos no significa una solución de fondo. A nuestro modo de ver la solución de fondo va por cambiar el paradigma bajo el cual funciona el sistema de pensiones que en Perú, tal como en Chile, es un modelo de capitalización individual. La solución de fondo es avanzar hacia un modelo de reparto que sea solidario”.

Por su parte, el diputado Osvaldo Andrade sostuvo que conceptualmente es una medida “extraña” para un sistema de pensiones “porque de lo que se trata es que las personas no tengan una libertad para operar sobre sus fondos de forma tal de que obligatoriamente tengan acceso a una pensión y no sean solo carga fiscal. Por eso el sistema de pensiones es obligatorio. Sin embargo, también es cierto que como el sistema de capitalización individual no garantiza pensiones, puede ocurrir que una persona tenga tan poco ahorro que le convenga mucho más recibir esos recursos e invertirlos en algún tipo de emprendimiento para mejorar sus ingresos, lo que incluye el riesgo de que si no funciona el negocio va a ser carga fiscal completa. Es una medida bien discutible”.

¿Y Chile cuándo?

El caso peruano ha abierto una serie de preguntas respecto a la forma en que actúan las AFP y sobre el estatuto jurídico privilegiado que las rige.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja, Patricio Vallespín, afirmó que este es un tema que Chile tiene pendiente.

“Mi impresión es que el actual Gobierno no va a tener la fuerza, ni el tiempo legislativo suficiente para hacer una reforma estructural en esa materia. Ojalá avancemos en dos o tres puntos que yo creo que la Comisión Bravo dejó bastante bien instalados y creo que no es sólo una tarea pendiente de la Nueva Mayoría sino de todos los actores”, agregó.

Además, sobre las escandalosas ganancias anuales de las AFP, sostuvo que “queda en evidencia que tenemos un sistema en que a los administradores les ha ido muy bien y a los pensionados no tan bien y por lo tanto hay que revisarlo en su estructura conceptual. Creo que no solo en el problema de la capitalización individual estamos fallando, creo que hay que hacer un mix distinto de lo que hay ahora y en eso es donde tenemos que avanzar”.

El diputado Vallespín aseguró que la Comisión que preside durante el mes de mayo se abocará a la tarea de escuchar distintas visiones que pueden suscitarse a propósito de este tema y de sacar adelante algunos de los aspectos ya resueltos y propuestos por la comisión Bravo.

“Tenemos situaciones de AFP que calculan la esperanza de vida de algunas personas en más de  cien años lo cual es absolutamente absurdo y con eso justifican la pensión más baja. Por lo tanto creo que hay un sistema que hay que pensarlo en su conjunto, integralmente”, sostuvo.

Por su parte, Osvaldo Andrade concordó con Vallespín en la necesidad de repensar conceptualmente el sistema de pensiones y añadió dentro de las preocupaciones el problema del lucro.

“Las AFP son un negocio que tiene una garantía y es que tienen ingresos permanentes. Las AFP tienen un flujo de recursos permanentes que son los que aportan sus afiliados, y el riesgo que tienen es muy bajo. Como son un negocio, el sentido del negocio es lucrar con esos recursos, el punto es si el lucro de esos recursos va a las pensiones o va a otras cosas y ese es un desafío conceptual que hay que enfrentar”, declaró el diputado del Partido Socialista.

Sobre las promesas incumplidas de la Nueva Mayoría el diputado Andrade afirmó que “El gran desafío que tiene el sistema chileno es mejorar las pensiones, esa es la promesa incumplida. Eso significa que hay que mejorar el sistema de ahorro, incorporar más sentidos de solidaridad, innumerables cosas por hacer, pero el sentido básico es mejorar las pensiones. En Chile las pensiones son bajas”.

Pensar de nuevo el modelo previsional

Gonzalo Durán explica que un moderno modelo reparto supone un modelo de seguridad social, cuestión que el modelo de AFP no entrega.

“Este modelo cumple un objetivo central para la economía que es financiar a los principales grupos económicos. Inyecta capitales frescos para que estos grupos puedan aumentar su capacidad de inversión. Cencosud, Banco de Chile y CMPC por nombrar algunas involucradas en casos de colusión son parte de este negocio. La plata de los trabajadores va hacia esas empresas y a través de esos recursos pueden generar suculentas inversiones que luego rentabilizan en capitales para ellos, para sus accionistas”, afirmó.

En opinión de Durán, un sistema de reparto solidario sería una mejor opción para los trabajadores. En un sistema de este tipo las cotizaciones recaudadas todos los meses son utilizadas para pagar pensiones y no para capitalizar a grupos económicos, es decir son utilizadas para entregar seguridad social. Ese sistema se podría aplicar desde el próximo año si se quisiera, sin tocar los fondos, entregando pensiones que podrían hasta duplicar las cifras actuales.

“El problema entonces es que no existe ninguna intención de quitarle esta especie de inyección que tienen los grupos económicos con la plata de los trabajadores. Se abandonó la lógica solidaria y se trata entonces de un derecho mercantilizado en la dictadura. La Nueva Mayoría ha sido cómplice de esto”, argumentó el economista.

En la misma línea, el investigador señala que varias ex autoridades como ministros, subsecretarios y asesores de gobierno de la Concertación aparecen en los listados de candidatos para ser directores de alguna de las AFP que publica la Superintendencia de Pensiones.

“Es decir, tenemos una situación en que incluso personas del Partido Socialista, PPD y DC quieren ser directores de AFP lo cual revela la intención de mantener este modelo. Uno observa que no hay una intención de desmantelar este legado dictatorial que ha favorecido mucho a los grupos económicos,  y es ahí donde uno puede ver las conexiones entre la política, la economía y los grandes empresarios en Chile”, declaró enfático Durán.

Según datos de la Fundación Sol entregados en marzo de este año, con el modelo actual de AFP, el 87 por ciento de los hombres y el 94 por ciento de las mujeres jubiladas en nuestro país recibe una pensión igual o inferior a 154 mil pesos.