“Es un día de profunda alegría para quienes llevamos más de 25 años pidiendo transparencia” afirmó el especialista en temas de Defensa, Eduardo Santos, en referencia al texto firmado por Augusto Pinochet y los otros miembros de la Junta de Gobierno en julio de 1976.

El documento garantiza el diez por ciento de los ingresos del cobre y establece un piso de recursos de 180 millones de dólares, dado que si los ingresos de Codelco son inferiores a esa cifra, el fisco debe completar la diferencia. Además, en su artículo siete se agrega que “los recursos establecidos no se incluirán en la contabilidad general de la nación”.

Se puede observar en la ley el amarre del secreto, cuando garantiza la reserva en el manejo de los recursos. El artículo tres, prohibido por el Consejo para la Trasparencia, fija las cuentas reservadas y el artículo seis apunta a la reserva de los mecanismos de control por parte de la Contraloría General de la República.

Ante esto, Santos sostuvo que quienes no conocían el texto de la ley se pueden dar cuenta de que no dice nada que resuelva los graves problemas que se están viviendo.

“En el mismo contexto de lo que esperábamos de esta ley, su lectura detallada va a identificar que esta ley no resuelve los problemas de corrupción y de robo, porque lo que se busca es que se tenga sistema de gestión y de doctrinas bastante más desarrolladas de la que aquí hay, pero, con esta ley, perfectamente se podrían haber hecho esas auditorías, el artículo seis de esta ley, si los chilenos lo leen, permite la fiscalización de la Contraloría, aunque esta nunca lo hizo porque tenía una versión anterior de la ley, lo cual es una paradoja sin comentarios”, sostuvo.

En ese sentido, el analista afirmó que la ley permite, tanto los abusos que se han conocido, como las fiscalizaciones que no se han hecho, ante lo que apuntó a la “absoluta obsolescencia del estatuto orgánico de las Fuerzas Armadas y de nuestras leyes administrativas”, las que “no se han modificado por falta de voluntad política”.

“Sin cambiar ni un punto de esta ley se puede mejorar dramáticamente la gestión de los recursos de Defensa”, dijo y advirtió que tampoco es la panacea generar una ley con un sistema de financiamiento especial: “Si no va a asociado a nuevos sistemas de control y un fortalecimiento de las capacidades de fiscalización del Congreso Nacional una nueva ley va a valer maní”, sostuvo.

Esto porque el Parlamento “está interdicto” en lo presupuestario ya que el Decreto de Ley de Administración Financiera del Estado, indica que “cualquier ministro de Hacienda tiene potestad para apropiar fondos y cambiar ítems de un lado a otro, como se le ocurra, con lo que la tramitación de dos meses de todos los años es sólo referencial”.

Bajo esta lógica Santos indicó, no sólo se ve poca disposición política de realizar estos cambios, sino que un temor ante la institución militar que pese al restablecimiento de la democracia, aún continua.

“Lo digo con mucho dolor pero tengo que decirlo: He llegado a la conclusión de que la política de Defensa de nuestras Fuerzas Armadas, de comprarle a las Fuerzas Armadas un equipamiento absolutamente excesivo siguió una lógica de pagar el retorno a la democracia”, sostuvo Santos.

El analista añadió que: “nosotros le compramos 11 mil millones de dólares en equipamiento militar durante los últimos 25 años y las instituciones militares se sentían tranquilas y dejaban que los políticos administraran el país y, por lo tanto, nadie quiso mover a las Fuerzas Armadas por temor a ejercicios de enlace, boinazos u otro tipo de cosas”.

Santos afirmó que “después de todo este tiempo ya terminamos de pagar las cuentas” y ahora hay que hacer las cosas bien. Eso significa llevar a las Fuerzas Armadas al siglo XXI, ver cómo “se nos pasó el tejo con la Defensa que tenemos, revisar su orientación”.

En ese sentido, el analista insistió en que “hay que hacer una profunda reingenería de los sistemas de gestión y control, tanto de las Fuerzas Armadas, como del Estado”.

Parlamentarios plantean derogar la Ley Reservada

Por su parte, desde el Parlamento el diputado de Izquierda Autónoma, Gabriel Boric señaló que el tema de fondo con la Ley Reservada del Cobre tiene que ver con cuál es el presupuesto que deben tener las FFAA en Chile, más allá de eliminar este cuerpo legal.

“Yo más que discutir lo simbólico de la Ley Reservada del Cobre me preocuparía de cómo disminuimos el presupuesto de gasto en Defensa en Chile, de manera sustantiva para poder redistribuir esa plata, y si eso implica derogación de la Ley Reservada del Cobre, yo al menos estoy totalmente disponible, aunque en el Congreso eso sigue siendo minoritario”.

En tanto, la senadora del PPD Adriana Muñoz, recordó que desde 1990 que distintos congresistas han planteado la necesidad de derogar la Ley Reservada del Cobre “y acabar con este privilegio para las FFAA”, y que sea el Estado el que pueda disponer de estos fondos para acometer las diversas tareas propias de su quehacer.

“Nosotros en la comisión de Pesca, hemos planteado que para hacer frente a la catastrófica situación en la zona sur por la marea roja, dícese la marea roja o el impacto de la mortandad de miles de toneladas de salmones, hoy día hay familias enteras que están sin su ingreso, porque no podemos en una ley corta, acceder a fondos de la Ley Reservada del Cobre, porque tenemos esta figura que todavía distorsiona el presupuesto de la nación, y que además ha sido fuente de esta situación de corrupción que se ha conocido, al interior de quienes tienen que administrar estos fondos en el Ejército”.