Luego de ser anunciada la querella de la Presidenta Michelle Bachelet contra la revista Qué Pasa, se conocieron los términos de la acción judicial, los cuales contemplan penas de cárcel y multas, esto por los delitos de injurias.

En el libelo que fue acogido a tramitación por el Segundo Juzgado en Garantía de Santiago, se solicita una pena de tres años de cárcel para los cuatro profesionales del medio y el pago de una multa de 150 UTM, alrededor de 7 millones de pesos, además de las costas del juicio.

En términos legales, el abogado y académico de derecho penal de la Universidad de Chile, Lautaro Contreras explicó que al ser una querella relacionada con un delito de acción privada tiene una tramitación particular en la que no interviene la Fiscalía.

“Interviene solamente el querellante y el o los querellados y en este procedimiento siempre hay una instancia de conciliación inicial, un momento en el juicio donde el juez llama a las partes a un acuerdo”, expuso.

Respecto de las penas, el abogado manifestó que como estas querellas normalmente se interponen a personas que no han delinquido con anterioridad, la pena suele ser remitida, es decir, el sujeto es condenado, pero nunca cumple pena privativa de libertad.

Para el académico, este tipo de acciones judiciales son complejas ya que se debe comprobar que el autor de la injuria tuvo una intención positiva o un ánimo de menoscabar el honor, y en muchas ocasiones -usualmente en temas periodísticos-, el ánimo no es dañar el honor, si no generar una crítica o entregar información. Además, al tratarse de procesos psicológicos, tanto como de intenciones o ánimos, son pruebas difíciles de demostrar.

En esa línea, Contreras reconoce que son pocas las veces que las autoridades políticas toman acciones respecto a este tipo de situaciones,  por los costos y la aceptación de que están bajo constante escrutinio público.

“Pienso que en el ámbito de la crítica a las autoridades políticas se tiende a ser más laxo, en el sentido que como esta ejerce un rol público está sometida a un mayor reproche”, finalizó.

Por parte de la querellante, el abogado de la Presidenta Michelle Bachelet, Juan Pablo Hermosilla sostuvo que a pesar de que se pidió pena de cárcel para los responsables de la publicación, estas podrían flexibilizarse dentro del juicio.

A pesar de que el libelo fue interpuesto por la mandataria en calidad de ciudadana, la defensa de la Presidenta ofreció de testigos al ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, la jefa de gabinete de la Gobernante, Ana Lya Uriarte y al periodista Ascanio Cavallo, actual asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores para el juicio en La Haya con Bolivia.

En este caso, Hermosilla argumentó que se eligieron a ciertos testigos por ser cercanos a ella, y por esto pueden testificar sobre su reacción ante esta publicación: “Es un tema personal, es gente cercana que puede declarar cómo reaccionó ella cuando recibió la noticia, qué informaciones obtuvieron y si a ella se le afectó su honor y su reputación”.

No obstante, después de publicar la lista de testigos, consultado por el diario La Segunda, el periodista Ascanio Cavallo señaló no haberse enterado de su participación en este contencioso: “Entiendo que lo único que puedo decir al respecto es una cuestión de tipo pericial. Del caso no sé absolutamente nada”, dijo al medio.

Recordemos que la Presidenta ha sido fuertemente cuestionada por parte de algunos parlamentarios que argumentan que se trataría de un atentado a la libertad de expresión, así también por parte de organismos internacionales.

En declaraciones publicadas por el diario El Mercurio, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco expresó que la querella es un error jurídico y político, y agregó: “Que un Jefe de Estado interponga una acción penal no es consistente con estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes también se refirió a la polémica enfatizando que la libertad de expresión es un elemento que no puede ser inhibido ni amenazado en ninguna democracia que funcione bien.

La directora del INDH recalcó que las autoridades públicas tienen un nivel de exposición y de escrutinio mayor a cualquier otro ciudadano, y en ese sentido se deben asumir los costos.

“Responsabilizar a los medios de comunicación sobre una afectación a un derecho humano como lo es la honra lo que se ha establecido en termino de estándares no es la vía penal, es la vía civil, en este caso la ley de prensa, no el delito de injurias o calumnias porque se entiende que la libertad de prensa es tan importante que se debe pagar por lo mal hecho desde el punto de vista de una indemnización civil y de una rectificación. Las injurias o calumnias, como delito penal están en retirada en toda la región y así lo ha solicitado desde los años 60 en adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así lo ha establecido también la Corte Interamericana”.