Puerto Rico, nación considerada por José Martí como la llamada a contener la vocación imperial de Estados Unidos hacia las Américas, ha sin embargo girado a lo que es hoy: un territorio no incorporado de la potencia del norte, cuya soberanía en gran medida recae en Estados Unidos. Esto, a pesar de que ejerce una forma de autogobierno y tiene su propia constitución.

Esta circunstancia, que se evidencia como uno de los últimos resabios coloniales del planeta, podría profundizarse, a propósito de la Junta de Control Fiscal que se tramita en el Congreso estadounidense, con el apoyo del gobierno de ese país, y cuya motivación explicitada es la crisis económica que atraviesa la isla. Según el presidente Barack Obama, Puerto Rico enfrenta una situación “devastadora” y aprovechó de exhortar al Senado a aprobar el proyecto cameral 5278, que impone esta nueva figura administrativa que tendrá control fiscal sobre el gobierno de la isla, con poder para impulsar la reestructuración de la deuda pública.

La propuesta ya había sido aprobada el pasado jueves 9 de junio con fuerte respaldo bipartidista en la Cámara de Representantes. En aquella instancia, la única posición disidente fue la del congresista demócrata boricua Luis Gutiérrez, de Illinois, quien consideró a la Junta como una ofensa, al tiempo que recordó el carácter colonial de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. “No puedo votar por esto”, afirmó, junto con acusar al Congreso de Estados Unidos de tratar a la gente de Puerto Rico como si fuera “basura” y con sentenciar que “a la comunidad internacional les va a recordar la junta de Pinochet”.

El principio de la soberanía de Estados Unidos sobre Puerto Rico está fuertemente consolidado en los poderes de la potencia norteamericana y fue ratificado por la propia Corte Suprema, en un fallo sobre tráfico de armas que coincidió con el proyecto de ley que se discute en el Congreso. En este caso, el Tribunal dictaminó, por seis votos contra dos, que la soberanía de la isla de Puerto Rico “reside” en Washington. El caso de Luis Sánchez Valle y Jaime Gómez Vázquez, acusados de venta ilegal de armas, ya había sido juzgado por un tribunal federal y ambos habían purgado sus penas. Sin embargo, la justicia puertorriqueña, no conforme con la sentencia, intentó avanzar nuevamente contra los juzgados. Fue así que el caso llegó a la Corte Suprema. Al respecto, la jueza Elena Kagan explicó que “el Congreso (estadounidense) concedió autoridad para crear la Constitución de Puerto Rico, que a su vez concedió autoridad para presentar cargos”, lo que significa que “el Congreso es la fuente original de poder de la fiscalía de Puerto Rico, al igual que lo es para el gobierno federal”.

Luego de políticas aplicadas por una sucesión de gobiernos neoliberales y de una serie de dificultades propias de una nación que no puede ejercer sus políticas con soberanía, Puerto Rico se ha convertido en “la Grecia del Caribe”. La deuda puertorriqueña es de alrededor de 72.000 millones de dólares, lo que equivale al 70 por ciento de su PIB. Los exiguos recursos fiscales que se pueden generar en tiempo de crisis van, de manera significativa, al pago de deudas e intereses, con lo que se produce un círculo vicioso con el que hoy se justifica este paradójico “rescate”.

A pesar de que la política colonial se ha ejercido con esmero en la isla, especialmente en lo que refiere al intento de anexión cultural, las organizaciones independentistas de la Isla han realizado un trabajo incesante que, entre otros espacios, ha mantenido vigente el tema en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Esa instancia, en su carta fundacional de 1960, afirma que “en los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus derechos libremente expresados y sin distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas”.

Paralelamente, en las épocas previas al declive el ciclo progresista en América Latina, gobiernos e instituciones de la región, como el ALBA y CELAC, promovieron la puesta en agenda de la lucha regional contra los colonialismos del siglo XXI, de los cuales en el continente quedan tres vestigios: Guantánamo, las Islas Malvinas y Puerto Rico. Ellos forman parte de una lista que a nivel mundial incluye las reivindicaciones de los pueblos de Palestina y la República Saharaui, entre muchos otros. En ese contexto el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ofreció al gobierno puertorriqueño la venta de petróleo a precios rebajados para ayudar a paliar su crisis, pero el gobierno de Estados Unidos rechazó rápidamente la propuesta.

Desde la organizaciones que hoy ejercen la resistencia en la Isla, se ha hecho en las últimas horas un llamado a que la conciencia latinoamericana no olvide a Puerto Rico, nación que a pesar de la lucha de generaciones de boricuas pasó prácticamente sin paréntesis de ser colonia española a colonia estadounidense.

La soberanía de Puerto Rico se vota en inglés, pero la lucha se hace en castellano.