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Medio AmbienteNacional

Acusan lobby para inhibir fiscalización a SQM y Rockwood en Salar de Atacama

Rodrigo Fuentes |Sábado 23 de julio 2016 11:02 hrs.

Soquimich, a Chilean company, is the world's largest producer of lithium, a pioneering remedy for manic depression taken by 3 million Americans. It's pumped out  of the Atacama Salt Flats in northern Chile, September 6, 2000. Photographer: Michael Smith. Bloomberg News

Organizaciones defensoras del medio ambiente local denuncian que los funcionarios encargados de fiscalizar la extracción de agua del Salar de Atacama propician abusos de las empresas SQM y Rockwood en total impunidad. Acusan "compra de voluntades políticas" frente a obras que amenazan el ecosistema de la zona.

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Compra de voluntades políticas de todos los sectores y de funcionarios gubernamentales que se encargan de fiscalizar el correcto funcionamiento de Soquimich, en el Salar de Atacama por la explotación de Litio, es la denuncia realizada por Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama.

Según el profesional, la cuestionada empresa que extrae el mineral está profundizando con el pago a personal fiscalizador del proyecto que significa extraer millones de litros de agua de las napas subterráneas del mayor depósito salino de Chile.

El también antropólogo indicó que este desastre ecológico es un incumplimiento de la cuestionada minera propiedad del yerno de Augusto Pinochet,  Julio Ponce Lerou, que está secando el Salar de Atacama, provocando con esto la destrucción de la flora y fauna, especialmente la desaparición de los flamencos que habitan la zona.

“Cuando yo digo responsablemente que aquí ha habido cooptación de funcionarios públicos, en la Región de Antofagasta, lo tengo todo documentado. La Fundación Desierto de Atacama ya presentó una querella por la licitación fallida del litio.”

Paradójicamente y luego que se supiera que la Comisión Investigadora sobre el daño ambiental en glaciares y salares realizara una visita al Salar de Atacama, la empresa controlada por Julio Ponce anunció un acuerdo con la estadounidense Rockwood Lithium, para impulsar un supuesto esfuerzo conjunto y cuidar el ecosistema del Salar de Atacama, donde ambas compañías tienen operaciones.

El acuerdo fue calificado como dudoso por el diputado Marcos Espinoza, presidente de la instancia fiscalizadora, que observa el deterioro provocado por las empresas mineras que trabajan en la zona.

“Curiosamente, cuando nosotros estamos acá, en el Desierto de Atacama, para fiscalizar si se están cumpliendo los convenios y protocolos establecidos en materia de medio ambiente y extracción de recursos hídricos, logran un acuerdo impresionante, por decirlo de alguna manera, SQM y Rockwood, en materia de sustentabilidad en el Desierto de Atacama.”

Al respecto, el vocero de la Agrupación de Defensa del Salar, Carlos Iriarte, agregó que derechamente se está robando agua, lo que calificó como “Un acto criminal”, ya que denunció que se supera ampliamente la cantidad hídrica que tiene autorizada la compañía explotadora del Litio.

Además añadió que hay una responsabilidad ética y moral del Estado que tiene la obligación de proteger y garantizar los espacios donde existe la vida, “pero lo que aquí sucede es contrario a eso.”

“En la Región de Antofagasta, hace más de tres años no se ha constituido el tribunal ambiental y hemos tenido que interponer una querella  buscando que el poder judicial responda ante esta usurpación de agua. No sólo es un daño, si no que es un crimen dado que se roba un recurso hídrico que pertenece a todos los chilenos y que sostiene un espacio ecológico relevante para el sostén de la vida en el planeta”.

A partir de imágenes satelitales, se ha advertido que algunas lagunas y praderas en el Salar de Atacama se están reduciendo o secando, mientras que la Comisión Forestal de Chile ha registrado un descenso en la población de flamencos.

Carlos Iriarte agregó finalmente que Soquimich está bombeando hasta mil 500 litros de agua por segundo desde el reseco paisaje, y Rockwood está bombeando hasta 142 litros por segundo, y denuncia que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), encargado de fiscalizar, actúa sólo en favor de los intereses empresariales.