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Denuncian presiones políticas en remoción de fiscal Arias

De acuerdo al abogado querellante en el caso Corpesca Matías Ramírez, no existen argumentos para la salida del fiscal. "Esto es un precedente negativo porque al parecer lo que se busca es acallar la situación de estas investigaciones, amordazar a los fiscales”, dijo.

Abril Becerra

  Miércoles 17 de agosto 2016 14:29 hrs. 
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La remoción del fiscal que lideraba la investigación del caso Corpesca, Emiliano Arias, trajo consigo una serie de críticas respecto de la independencia del Ministerio Público. Frente a ello, parlamentarios y juristas coincidieron en que su salida no se justifica.

El fin de semana pasado, el persecutor dio a conocer una nueva arista del caso Corpesca: la ampliación de la investigación producto del hallazgo de nuevos datos que dieron cuenta de un posible lobby durante la discusión de la Ley de Pesca.

Entonces, el fiscal dijo: “Puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos. Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar”.

Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas en la UDI.

Inmediatamente en el bloque opositor calificaron de “irresponsable” sus declaraciones. Incluso, recalcaron que sus comentarios pertenecían a la “opinología”.

Días más tarde la Fiscalía Nacional también hizo sentir su queja. A través de un comunicado difundido este martes, el organismo decretó la remoción del fiscal y la aplicación de un sumario, producto del incumplimiento de su “deber de reserva”.

“La decisión fue adoptada tras las opiniones vertidas por Arias en una entrevista concedida al diario La Tercera, en la que habría infringido el deber de reserva que le impone el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público entregando, a través de dicho medio de comunicación, antecedentes del caso que se encuentra actualmente vigente y actuando con escasa prudencia al hacer aseveraciones que exceden el ejercicio de su función como fiscal, refiriendo cuestionamientos políticos al trabajo legislativo que nada se relacionan con la función que constitucionalmente se le ha asignado”, subrayó el comunicado.

Cabe recordar que en febrero pasado el fiscal Abbott ya había decidido sacar de la investigación del caso SQM a Emiliano Arias, y poner en su lugar al fiscal Pablo Gómez, a instancias del fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf.

Las reacciones

La salida de Arias generó diversas críticas entre parlamentarios y abogados. “Es una decisión sorprendente, impresentable, en el sentido que se desmantela un equipo investigativo que estaba desarrollando una labor muy destacada”, recalcó el abogado querellante del caso SQM, Mauricio Daza.

“Hay que recordar que durante el tiempo que la investigación estuvo a su cargo se formalizó al senador Jaime Orpis y además se discutieron medidas cautelares que finalmente terminaron con la prisión preventiva del imputado”, añadió.

Asimismo, el jurista señaló que la medida adoptada por el Ministerio Público coincide con el llamado que realizó el fiscal nacional, Jorge Abbott, respecto de acotar las indagatorias.  “Recordemos que el fiscal nacional dio una extensa entrevista, bastante poco prudente, en donde dijo que las investigaciones debían ser limitadas y que había que apurarlas”, agregó.

Por otro lado,  Matías Ramírez, abogado querellante del caso Corpesca, manifestó que el argumento del Ministerio Público no corresponde, porque Arias no dio antecedentes de la indagatoria. “Jamás se mencionó a algún parlamentario que esté siendo indagado o cuáles serían los datos fundantes. Siempre se habló en términos generales”, manifestó.

En este sentido, el jurista señaló que en la salida de Arias existen claras intenciones políticas: “Aquí está en duda la independencia que pueda tener el Fiscal Nacional según grupos de poder. Esto es un precedente negativo porque al parecer lo que se busca es acallar la situación de estas investigaciones, amordazar a los fiscales”, agregó.

Desde el parlamento también criticaron la remoción de Arias. El senador Alejandro Navarro sostuvo que “el Ministerio Público está puesto a prueba con los casos emblemáticos de corrupción”.

“Hay una situación compleja con el SII. Yo soy partidario que el Ministerio Público investigue haya o no querella del SII, porque el delito es evidente. Al director del SII lo nombra la Presidenta Michelle Bachelet. No pidamos objetividad si hay un director que tiene un nombramiento político y, por lo tanto, yo espero de la Fiscalía la mayor independencia y esta señal con Arias es extremadamente compleja y negativa”, dijo.

Asimismo, el senador Antonio Horvarth indicó que considerando la nueva arista que abrió el fiscal Arias, la Ley de Pesca debe modificarse: “Por todos los antecedentes que ya han encontrado yo soy de la opinión que la Ley de Pesca hay que revisarla completa. No se puede dejar ningún margen de duda ni se puede estar a la espera de futuras investigaciones”, comentó.

Pese a estas reacciones, desde la UDI valoraron la remoción de Arias. La senadora Jacqueline van Rysselberghe señaló que “la Fiscalía no tienen ningún derecho a sembrar un manto de dudas a menos que tenga pruebas reales”.

“Esto es una señal para los otros fiscales que no tienen que tener ese tipo de comportamiento. Claramente un fiscal no puede aseverar ante la prensa que alguien es culpable y tampoco me parece que los fiscales, con todo el poder que tienen, estén sembrando dudas sobre leyes que hoy rigen en la República y sobre personas que probablemente son inocentes”, puntualizó.

Producto de  la salida de Arias de la investigación, el fiscal del Bío Bío Julio Contardo  será quién deba asumir la indagatoria.

Finlamente, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, será quien instruya la investigación administrativa en contra de Arias, según informó la Fiscalía Nacional.

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