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Año IX, 24 de septiembre de 2017

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Juan Pablo Cárdenas

La culpa es de los “chanchos”

Juan Pablo Cárdenas | Martes 30 de agosto 2016 9:22 hrs.

Se ha destacado mucho el hecho de que cada ley que se aprueba en los últimos tiempos no deja contentos ni al gobierno ni a la derecha, como tampoco a los sectores sociales involucrados. La promulgación de la  Reforma Laboral fue una expresión patética de esto por la frustración reconocida por la propia jefa de Estado, el desacuerdo de la derecha y del empresariado, además del malestar del mundo del trabajo. Más de un año de debates en el Congreso Nacional para que lo acordado por la mayoría parlamentaria fuera desbaratado, finalmente, por el Tribunal Constitucional; algo que ocurre solamente en una “democracia” más de veintiséis años tutelada por la Constitución de Pinochet, por sus leyes de amarre y por el cogobierno de un duopolio político –derecha y oficialismo- que tienen en común ser refractarios a los cambios más profundos y demandados por los chilenos.

Tendremos ahora una institucionalidad laboral que no reconoce la titularidad sindical, cohíbe la negociación colectiva e impide la acción organizada de los trabajadores en las llamadas empresas “estratégicas” que son, dicho sea de paso, las que la Dictadura le arrebató al Estado para cederlas a sus empresarios abyectos. Por la ambigüedad de una Ley se augura por esto que los próximos conflictos laborales vayan a terminar por judicializarse, resolverse a medias o con muchas dilaciones y contratiempos en los tribunales de Justicia.

Ciertamente que en cuanto a la reforma tributaria, como en la educación y otras materias viene resultando siempre lo mismo. Es decir, un descontento  generalizado. Esto explica que sea el conjunto de la política el desacreditado y que la gran mayoría de los ciudadanos ya no tenga interés en participar en las elecciones. Pero, además, de los principales actores políticos y empresariales, lo cierto es que ha colaborado mucho a este desencanto social la bochornosa realidad de nuestras organizaciones laborales, el enquistamiento en ellas de operadores políticos postrados ante los gobiernos de turno y envueltos, también, en toda suerte de sospechas respecto de su probidad.

Prueba de ello son las últimas elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), descalificadas desde el interior de los sindicatos que agrupa por haber repetido un proceso espurio, marcado por las irregularidades y dispuesto a perpetuar a  las mismas cúpulas dirigentes que cumplen largas décadas en sus cargos. Como las de la ANEF y otros referentes encabezados por sus añosos caudillos que, como se sabe, terminan siempre anteponiendo su militancia a los intereses de sus afiliados. Situación muy similar a la de un conjunto de instancias gremiales que, en vez de velar por el libre ejercicio de sus profesiones o actividades buscan aferrarse a sus “cuotas de poder” dejarse seducir por la clase política y hasta por las cúpulas empresariales.

Nada sería tan grave si en esta actitud los dirigentes sindicales y gremiales defendieran ideas y fueran fieles a las convicciones que proclaman. Se trata, muy por el contrario,  de que lo único que los motiva es permanecer en sus puestos, gozar de sus fueros y, muchas veces, recibir las dádivas de los gobernantes. Para muestra, años atrás, el propio Colegio de Periodistas recibía un estipendio regular de la Secretaría General de Gobierno para su funcionamiento, lo que ciertamente impidió que su directiva defendiera al gremio de los despropósitos comunicacionales de los gobiernos de la Concertación.

Es curioso que hasta los partidos políticos se hayan rendido a democratizar sus procedimientos internos, a practicar primarias y elecciones internas en que cada militante represente un voto, cuanto a transparentar sus cuentas, sus ingresos y gastos electorales. Sin embargo, en lo que respecta a federaciones y confederaciones sindicales lo que impera todavía son los turbios manejos que saltan de una elección como el que hemos visto recién en la CUT, al grado que después de cuatro o cinco días aún no se conocían sus escrutinios ni resultados.

Ya se sabe que ministros y parlamentarios están obligados, ahora,  a reconocer su situación patrimonial antes y después de desempeñar sus cargos. Pero nada similar rige, curiosamente,  para estos perennes “servidores” sindicales o gremiales, aunque se sabe que en varios casos podría descubrírseles enriquecimiento ilícito,  la recepción de sobornos, como la práctica del nepotismo, esto es en la contratación de familiares y amigos en la administración de sus organizaciones.

Es un hecho de la causa que quienes nos gobiernan conocen perfectamente la precariedad ética de muchos de estos representantes de la sociedad civil, lo que ciertamente les sirve para hacernos víctimas de sus aberrantes políticas previsionales, de sus vergonzosos reajustes salariales y, en definitiva, del imperio del modelo económico y social vigente, sacralizado por los gobiernos que sucedieron al de Pinochet. Y que hoy hace crisis en las pensiones que pagan las AFP,  el desmoronamiento del sistema de salud pública, en el grosero lucro que ejercen las universidades, como en fracasos monumentales como el Transantiago.

Como se sabe, primero se hizo necesario el Plan Laboral de la Dictadura para luego materializar el sistema previsional, la privatización de la educación y tantos otros horrores neocapitalistas que no hubieran sido posibles si hubiésemos mantenido una organización sindical y gremial fuerte, consciente de sus deberes y dispuesta a encarar a las autoridades. Si no se hubiera desactivado desde La Moneda, después de 1973 y de 1990, a las organizaciones sociales, incluidas las señaladas, además de las poblacionales, juveniles y de Derechos Humanos. Si el gobierno de Patricio Aylwin y sus sucesores no hubiesen llevado a cabo el homicidio programado de los medios de comunicación democráticos y libres,  para terminar en connivencia con aquellos diarios, revistas y canales de televisión que habían sido cómplices del Quiebre Institucional y de los horrores seguidos.

En todo un proceso de complicidades que ha derivado, consecuentemente,  en la corrupción generalizada, no solo de la política, sino de las grandes empresas e instancias sindicales. Bajo el abrigo, siempre, de las Fuerzas Armadas que, en vez de conspirar y matar en este tiempo, se han dedicado a disfrutar de sus presupuestos multimillonarios, de sus onerosos y fratricidas juguetes de guerra, cuanto de una repugnante Ley Reservada del Cobre que se lleva en su beneficio el 10 por ciento de las ventas de nuestra minera principal, incluso en momentos de zozobra de esta empresa,  a consecuencia del bajo precio del metal en el mercado mundial. Con lo que nuestros “valientes soldados” no solo demuestran su inconsistencia moral, su impostura, sino su falso amor por la Patria y nuestra condición republicana. Aunque ya sabemos que hoy los militares solo ofician de gendarmes de las inversiones extranjeras empoderadas en toda nuestra geografía. Gracias, por supuesto, a la cobardía o complicidad de los gobiernos de turno y a la forma en que sus ministros de defensa, como se ha hecho evidente,  terminan rendidos a sus lisonjas.

Porque la culpa es de los chanchos, como también de los que le dan afrecho.

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