26 años han pasado desde del fin de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Es el mismo tiempo en que cientos de personas que sufrieron con crudeza estos años oscuros de la historia, siguen esperando respuestas a sus inquietudes de justicia.

Esto, debido a que los gobiernos de la postdictadura no han logrado ser capaces de disipar una nebulosa que ha causado que muchos casos de violaciones a los Derechos Humanos no tengan resolución hasta el día de hoy.

La política de hacer justicia “en la medida de lo posible” de Patricio Aylwin, la decisión de Frei Ruiz-Tagle de emplear los recursos necesarios para regresar al dictador desde su detención en Londres y la muerte del mismo sin juicio en nuestro país, son algunas deudas que dejaron las administraciones posteriores a la dictadura, junto al secretismo del informe Valech y la mantención de privilegios a militares condenados.

Se denuncia una “floja y negativa” actitud de los gobiernos en avanzar en materia de Derechos Humanos y reparación a las víctimas.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, calificó de inaceptable la actitud de los gobiernos frente al escaso avance de normas que permitan esclarecer la verdad y hacer justicia frente los hechos.

“Es inaceptable que a 26 años del fin de la dictadura militar tengamos que seguir movilizándonos. Realmente es una deuda que han tenido todos estos gobiernos. No hay una voluntad política de realmente que se investiguen todos los crímenes, buscar el mecanismo que tiene el congreso, que tiene el Gobierno, como anular el decreto de Amnistía, como el proyecto de ley que duerme en el Congreso sobre la degradación de los militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos”, expresó Alicia Lira.

La líder de la AFEP reconoció avances, “pero son avances que no aportan a la verdad y a la justicia”, y acusó la utilización de su causa para poder sacar dividendos electorales por parte de algunos políticos.

Por su parte, el abogado experto en esta materia, Alberto Espinoza, detalla además que la situación se ve agravada por la actitud del Ejército de Chile frente al tema.

“Lo que mejor refleja la respuesta estatal a esto es que han pasado 43 años y todavía hay causas pendientes sin sentencia y sin que se responda a la demanda de verdad y de justicia. Desde luego aquí hay que tener en consideración que de parte del Ejército desde un punto de vista institucional no ha habido la más mínima cooperación, sino por el contrario, una política sistemática de obstrucción a las investigaciones, de ocultamiento de la información, de negación de hechos evidentes”, indicó el jurista.

Uno de los hechos que más se cuestiona es que en tiempos de democracia se haya permitido que Augusto Pinochet haya llegado al Senado. Alicia Lira calificó este hecho de “inmoral”, sin embargo ahondó en la responsabilidad que le cabe a los gobiernos, sobre todo, de la ex Concertación frente a un tema que afectó a varios de sus militantes.

“Lo más grave es la política de empate que han mantenido estos 26 años. En el Informe de Prisión Política y Tortura (Valech), un derecho que tenían los prisioneros y prisioneras políticas que se reivindicara el estado de lo que ellos eran políticamente. Sin embargo el señor Ricardo Lagos le pone el sello de impunidad por 50 años”, alegó Alicia Lira frente a un tema que recientemente fue parte de la agenda pública.

Por su parte, Alberto Espinoza expresó que “ha habido de parte de los gobiernos de la Concertación una renuncia sino expresa, por lo menos tácita, a reivindicar la demanda de verdad y de justicia”.

La herencia de la dictadura, un cúmulo de piedras de tope

Hoy todavía existen muchos familiares de detenidos desaparecidos, exonerados políticos, torturados y apresados, que siguen esperando que se revele y se asuma la verdad de los hechos ocurridos en la dictadura, y que los responsables de estos actos cumplan las penas que les corresponde.

Una de las trabas a esta aspiración es la vigencia del Decreto de Ley de Amnistía que impide investigar crímenes entre el Golpe y 1978. El Presidente de Amnistía Internacional Chile, Roberto Morales, sindicó este caso como una de las principales deudas del Estado con las víctimas y sus familias

“Un primer elemento de deuda, tiene que ver con la anulación del llamado Decreto de Ley de Amnistía. Ese es un dato, que es cierto que algunos tribunales civiles e incluso militares y la Corte Suprema han generado algún tipo de jurisprudencia; pero es inconcebible que a 43 años del golpe no podamos todavía anular un decreto que claramente va contra todos los estándares y la normativa de derecho internacional de Derechos Humanos”, explicó el Presidente de Amnistía Internacional Chile.

Otro punto es la justicia militar, tribunal alterno que sigue siendo determinante en la persecución de responsabilidades frente a delitos que involucran a uniformados, e incluso en abusos por parte de la policía que se denuncian hasta ahora.

En ese sentido, Alberto Espinoza reconoció el esfuerzo de algunos magistrados de poder llevar a cabo las causas que persiguen estos delitos, mientras que Roberto Morales apuesta a que este tipo de justicia se elimine o bien se remita solamente a acciones entre uniformados y dentro de su ámbito.

También se responsabilizó al actual gobierno de no hacer funcionar como corresponde la anunciada Subsecretaría de Derechos Humanos, cuya ley fue promulgada en diciembre del año pasado. Alicia Lira comentó que “es vergonzoso que a ocho meses de su promulgación aún no tengan el subsecretario o subsecretaria del organismo promulgado hace más de ocho meses”.

Alicia Lira lamentó esta situación, diciendo que “esto habla de la actitud, la consecuencia que tienen con el tema de verdad y justicia. Esta sociedad la necesita, para que nunca más se vuelvan a cometer estos crímenes”.

Alberto Espinoza también hizo hincapié que esto es tan sólo uno de los resabios que la sociedad chilena padece como herencia de la dictadura. Mencionó que el legado se mantiene con la merma de los derechos económicos sociales y culturales, la privatizaciones de la seguridad social, la educación privada o la exclusión del pueblo mapuche; muchos elementos consagrados con leyes “de última hora de Pinochet”.

Un año más desde el 11 de septiembre de 1973 en el que las demandas se repiten. Las personas consultadas coinciden en que es una deuda con la misma democracia el conocer la verdad y determinar responsabilidades, de modo de terminar de una vez por todas con la llamada “transición”.