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Franquicias triubutarias: El millonario negocio de las donaciones que exime al Estado

Existe interés por incorporar el medio ambiente y la salud a la ley de donaciones. Lo que traería consigo un negocio mayor para las empresas que buscan bajar sus impuestos entregando dinero a actividades a fines con ellos, sin que se generen las políticas públicas para el real desarrollo del país.

Francisco Velásquez

  Miércoles 19 de octubre 2016 7:08 hrs. 
rse

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Una nueva ley de donaciones con franquicias tributarias que beneficie el desarrollo de proyectos ambientales y de salud es la propuesta que se envió al congreso el año 2014 y que busca desarrollar una ley única de Donaciones Tributarias.

La pregunta que cabe en este sentido es ¿existe realmente la necesidad de ampliar esta ley de donaciones o es necesario legislar para que el Estado se haga cargo de las materias que le corresponde resolver? . Al revisar el portal del Ministerio de Desarrollo Social que es uno de los que genera la triangulación entre privados y proyectos de donación, se puede apreciar en su encabezado que la política que está impulsando el Gobierno en este sentido apunta a una relación estrecha entre lo público y lo privado, algo complejo si pensamos que el concepto que se utiliza para generar esta relación es el de Responsabilidad Social Empresarial que habilita a las empresas como quienes deben resolver lo que ellos mismos en la aplicación y profundización de sus faenas han generado.

“Todo lo que tiene que ver con esta ley de donaciones y la ampliación del ámbito de la ley de donaciones, obedece a lo que en Estados Unidos se le denominó una esponsorización de los servicios públicos. Porque estamos en una fase de la empresarialidad privada que ha sido muy agresiva con la salud de la población y el medios ambiente. Resulta que de esa agresividad con la que se ha tratado la salud y el medio ambiente de nuestro país, vamos a recibir una preocupación desde el ámbito privado para resolver esos problemas que ellos mismos han creado a mí personalmente me parece nefasto”, Expreso el Profesor y sociólogo de la Universidad de Chile, Miguel Urrutia.

RSE un marco para la privatización del Estado

Resulta que hoy las empresas que más dañan el medio ambiente como mineras, faenadoras de animales, forestales, empresas agropecuarias y celulosas, entre otras se declaran como sustentables por desarrollar actividades de filantropía en que disponen dineros para actividades por ellos determinadas que supuestamente apuntan a mitigar los daños que producen en sus faenas al impactar los territorios, la vida en comunidad, acabar con los recursos naturales y sobre explotar incluso elementos fundamentales para la vida como el agua.

En este sentido, existen declaraciones en el Ministerio de Desarrollo Social que sorprenden, asumiendo que es uno de los organismos que debería estar más preocupado de los territorios, entendiendo que éste no es solo el espacio geográfico, sino que todas las relaciones sociales que en él se dan. En el encabezado del portal de dicho servicio público se declara como desarrollo inclusivo lo siguiente: “ya que la tarea de promover el desarrollo inclusivo de las personas y grupos vulnerables es compartida, el Estado busca permanentemente formas innovadoras de compromiso social entre los distintos actores del desarrollo. En ello se ha apoyado en los cada vez más extendidos conceptos de “responsabilidad social” (RS) y “sostenibilidad” promovidos inicialmente por actores privados, como las empresas, e internacionales”(Portal Ministerio de Desarrollo Social)

“Por no darle espacio a estos temas hay mucha plata que está en este momento esperando entregarse para proyectos tremendamente valiosos tanto sociales como de conservación que están y que no se pueden aprovechar porque no se ha implementado este sistema que está diseñado para alinear estas dos cosas (público y privado)… La Ley que proponemos apunta a tres aspectos, primero que haya un tratamiento igualitario porque hoy en día el régimen de donaciones es para algunos fines cultura, deporte, universidades por nombrar algunos que son tremendamente privilegiados, en desmedro de los temas sociales y medioambientales que está muy limitado y disminuido. Entonces este primer objetivo es igualar porque estos son temas de interés público pero hoy en día hay regímenes favorables que han sido productos del lobby”, declaró el abogado Roberto Peralta, uno de los impulsores de la ley única de donaciones.

La preocupación por las problemáticas sociales que atraviesan nuestra sociedad como la segregación social, conflictos socio ambientales, desastres socio – naturales, entre otras materias. No son el foco de la discusión, sino que cómo se están repartiendo las platas y en que materias las empresas pueden obtener mayores franquicias.

Ampliar esta cobertura de franquicias es sin dudas ampliar el mercado para quienes hoy han generado millonarios negocios como la Universidad de los Andes, Universidad del Desarrollo y la Universidad Católica que en 2010 recibieron aportes por más de 14 mil millones de parte de quienes hoy son los empresarios que controlan empresas como Entel, Banmedica e inmobiliarias por nombrar algunas.

El marco de la responsabilidad social es necesario revisarlo para comprender a que se refiere el Gobierno cuando plantea esto como forma de desarrollo, ya que este concepto está enraizado en el Libro Verde de la Unión Europea que declara que es “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” en ninguna parte de esto habla de normar esta forma de relación para que sea aplicada por un Estado.

“Yo pienso lo contrario el mercado es un espacio donde se cruzan los intereses, donde compiten los intereses de determinados sujetos, además desde posiciones de poder entonces difícilmente cuando se trata de reafirmar lo público de atender las necesidades publicas le podemos encargar a esa zona poblada de agentes de mercado que realice los ejercicios de diagnóstico y planificación. En el fondo se les está eximiendo de impuestos para que ellos tomen decisiones de cuestiones que normalmente le corresponde tomar al Estado”, finaliza el sociólogo Miguel Urrutia.

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