Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece mecanismos que los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales se traspasen a entidades sin fines de lucro. Ahora, el proyecto deberá ser revisado por el Senado.
El avance del trámite constitucional se da pese a que Chile Vamos nuevamente recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) por la glosa de gratuidad en la educación superior. En particular, presentarán su rechazo al requisito que convierte a CFT e IP en establecimientos sin fines de lucro.
Los senadores Andrés Allamand, Hernán Larraín y Ena Von Baer anunciaron que presentarán este requerimiento, tal como se realizó el año pasado respecto al mismo ítem y que fue rechazado en esa oportunidad por el Tribunal Constitucional. Hecho que, a la postre, terminó marginando en 2016 a los estudiantes de los centros de formación técnica e institutos del beneficio.
Desde Chile Vamos acusaron que el gobierno ha ignorado dicha resolución insistiendo con incorporar el requisito, y acusan que discrimina a los estudiantes vulnerables que por diversos motivos escogen aquellas instituciones para estudiar.
El dictamen del Tribunal Constitucional de 2015 indica que el criterio para acceder a este beneficio no puede asociarse a las características de organización jurídica de la casa de estudios, sino que debe relacionarse con las características de vulnerabilidad socioeconómica de los propios estudiantes.
Una decisión que ven de forma crítica desde la Nueva Mayoría. El senador y miembro de la comisión de Educación y Cultura de aquella corporación, Jaime Quintana (PPD) mencionó que la oposición busca defender los intereses de los dueños de las instituciones que lucran.
“No debiera sorprendernos porque siempre hemos creído que la derecha iba a resistir con dientes y muelas el avance de la reforma educacional, y particularmente en Educación Superior donde claramente se están tocando intereses. Intereses de mercado que son los que han predominado en la Educación Superior durante décadas, en perjuicio del interés de los estudiantes y sus familias”.
En tanto, el diputado e integrante de la comisión de Educación de la cámara Mario Venegas (DC) expresó que se trata de una estrategia de Chile Vamos al verse derrotada frente al avance de la idea.
“No me sorprende, ha sido la conducta invariable de Chile Vamos. Yo lo diría de manera simple, siempre que pierden en el juego democrático recurren a la secretaría. Y por secretaría intentan revertir lo que es la voluntad mayoritaria de este parlamento. Por desgracia han tenido éxito, lo tuvieron el año pasado, espero que esta vez no, porque la voluntad del Gobierno es permitir que los estudiantes que cumplan los requisitos y que estén en IP o CFT puedan acceder a la gratuidad”.
Respecto al pie político en que quedaría la iniciativa, de rechazarse esta glosa presupuestaria desde el Tribunal Constitucional, el diputado Venegas señaló que sería malo para la aspiración de brindar gratuidad aparejada con el control del lucro, demandado por los estudiantes.
“Sería muy malo porque están pidiendo sistemáticamente por una cosa torcida, porque ellos dicen alegar por los IP y CFT que en el marco legal están organizados como instituciones con fines de lucro. Pero una condición que hemos puesto es que queremos que sean corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, a fin de que reinNueviertan en el servicio educativo que entregan”.
En tanto, el investigador del Observatorio de Políticas Educativas de Chile (Opech), Mario Sobarzo, anticipó que es muy probable que el Tribunal Constitucional nuevamente se pronuncie en contra de la iniciativa y subrayó que el Ejecutivo hizo las cosas al revés al establecer el requisito mientras existen aún las instituciones con fines de lucro. Dijo que ese cambio constitucional debió realizarse antes de enfrentarse a este conflicto.
“El negárselo o imponerle una limitación respecto al tema del lucro, es algo que hoy día no se encuentra en la ley. No hay ninguna razón por la cual alguien tendría que evitar entregar recursos desde el Estado por el hecho simplemente de estar lucrando con la educación, porque eso hoy por hoy no existe como un requisito y para hacer un acambio como este haría que hacer un cambio constitucional”.
Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece mecanismos que los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales se traspasen a entidades sin fines de lucro. Ahora, el proyecto deberá ser revisado por el Senado.
El avance del trámite constitucional se da pese a que Chile Vamos nuevamente recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) por la glosa de gratuidad en la educación superior. En particular, presentarán su rechazo al requisito que convierte a CFT e IP en establecimientos sin fines de lucro.
Los senadores Andrés Allamand, Hernán Larraín y Ena Von Baer anunciaron que presentarán este requerimiento, tal como se realizó el año pasado respecto al mismo ítem y que fue rechazado en esa oportunidad por el Tribunal Constitucional. Hecho que, a la postre, terminó marginando en 2016 a los estudiantes de los centros de formación técnica e institutos del beneficio.
Desde Chile Vamos acusaron que el gobierno ha ignorado dicha resolución insistiendo con incorporar el requisito, y acusan que discrimina a los estudiantes vulnerables que por diversos motivos escogen aquellas instituciones para estudiar.
El dictamen del Tribunal Constitucional de 2015 indica que el criterio para acceder a este beneficio no puede asociarse a las características de organización jurídica de la casa de estudios, sino que debe relacionarse con las características de vulnerabilidad socioeconómica de los propios estudiantes.
Una decisión que ven de forma crítica desde la Nueva Mayoría. El senador y miembro de la comisión de Educación y Cultura de aquella corporación, Jaime Quintana (PPD) mencionó que la oposición busca defender los intereses de los dueños de las instituciones que lucran.
“No debiera sorprendernos porque siempre hemos creído que la derecha iba a resistir con dientes y muelas el avance de la reforma educacional, y particularmente en Educación Superior donde claramente se están tocando intereses. Intereses de mercado que son los que han predominado en la Educación Superior durante décadas, en perjuicio del interés de los estudiantes y sus familias”.
En tanto, el diputado e integrante de la comisión de Educación de la cámara Mario Venegas (DC) expresó que se trata de una estrategia de Chile Vamos al verse derrotada frente al avance de la idea.
“No me sorprende, ha sido la conducta invariable de Chile Vamos. Yo lo diría de manera simple, siempre que pierden en el juego democrático recurren a la secretaría. Y por secretaría intentan revertir lo que es la voluntad mayoritaria de este parlamento. Por desgracia han tenido éxito, lo tuvieron el año pasado, espero que esta vez no, porque la voluntad del Gobierno es permitir que los estudiantes que cumplan los requisitos y que estén en IP o CFT puedan acceder a la gratuidad”.
Respecto al pie político en que quedaría la iniciativa, de rechazarse esta glosa presupuestaria desde el Tribunal Constitucional, el diputado Venegas señaló que sería malo para la aspiración de brindar gratuidad aparejada con el control del lucro, demandado por los estudiantes.
“Sería muy malo porque están pidiendo sistemáticamente por una cosa torcida, porque ellos dicen alegar por los IP y CFT que en el marco legal están organizados como instituciones con fines de lucro. Pero una condición que hemos puesto es que queremos que sean corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, a fin de que reinNueviertan en el servicio educativo que entregan”.
En tanto, el investigador del Observatorio de Políticas Educativas de Chile (Opech), Mario Sobarzo, anticipó que es muy probable que el Tribunal Constitucional nuevamente se pronuncie en contra de la iniciativa y subrayó que el Ejecutivo hizo las cosas al revés al establecer el requisito mientras existen aún las instituciones con fines de lucro. Dijo que ese cambio constitucional debió realizarse antes de enfrentarse a este conflicto.
“El negárselo o imponerle una limitación respecto al tema del lucro, es algo que hoy día no se encuentra en la ley. No hay ninguna razón por la cual alguien tendría que evitar entregar recursos desde el Estado por el hecho simplemente de estar lucrando con la educación, porque eso hoy por hoy no existe como un requisito y para hacer un acambio como este haría que hacer un cambio constitucional”.
Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece mecanismos que los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales se traspasen a entidades sin fines de lucro. Ahora, el proyecto deberá ser revisado por el Senado.
El avance del trámite constitucional se da pese a que Chile Vamos nuevamente recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) por la glosa de gratuidad en la educación superior. En particular, presentarán su rechazo al requisito que convierte a CFT e IP en establecimientos sin fines de lucro.
Los senadores Andrés Allamand, Hernán Larraín y Ena Von Baer anunciaron que presentarán este requerimiento, tal como se realizó el año pasado respecto al mismo ítem y que fue rechazado en esa oportunidad por el Tribunal Constitucional. Hecho que, a la postre, terminó marginando en 2016 a los estudiantes de los centros de formación técnica e institutos del beneficio.
Desde Chile Vamos acusaron que el gobierno ha ignorado dicha resolución insistiendo con incorporar el requisito, y acusan que discrimina a los estudiantes vulnerables que por diversos motivos escogen aquellas instituciones para estudiar.
El dictamen del Tribunal Constitucional de 2015 indica que el criterio para acceder a este beneficio no puede asociarse a las características de organización jurídica de la casa de estudios, sino que debe relacionarse con las características de vulnerabilidad socioeconómica de los propios estudiantes.
Una decisión que ven de forma crítica desde la Nueva Mayoría. El senador y miembro de la comisión de Educación y Cultura de aquella corporación, Jaime Quintana (PPD) mencionó que la oposición busca defender los intereses de los dueños de las instituciones que lucran.
“No debiera sorprendernos porque siempre hemos creído que la derecha iba a resistir con dientes y muelas el avance de la reforma educacional, y particularmente en Educación Superior donde claramente se están tocando intereses. Intereses de mercado que son los que han predominado en la Educación Superior durante décadas, en perjuicio del interés de los estudiantes y sus familias”.
En tanto, el diputado e integrante de la comisión de Educación de la cámara Mario Venegas (DC) expresó que se trata de una estrategia de Chile Vamos al verse derrotada frente al avance de la idea.
“No me sorprende, ha sido la conducta invariable de Chile Vamos. Yo lo diría de manera simple, siempre que pierden en el juego democrático recurren a la secretaría. Y por secretaría intentan revertir lo que es la voluntad mayoritaria de este parlamento. Por desgracia han tenido éxito, lo tuvieron el año pasado, espero que esta vez no, porque la voluntad del Gobierno es permitir que los estudiantes que cumplan los requisitos y que estén en IP o CFT puedan acceder a la gratuidad”.
Respecto al pie político en que quedaría la iniciativa, de rechazarse esta glosa presupuestaria desde el Tribunal Constitucional, el diputado Venegas señaló que sería malo para la aspiración de brindar gratuidad aparejada con el control del lucro, demandado por los estudiantes.
“Sería muy malo porque están pidiendo sistemáticamente por una cosa torcida, porque ellos dicen alegar por los IP y CFT que en el marco legal están organizados como instituciones con fines de lucro. Pero una condición que hemos puesto es que queremos que sean corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, a fin de que reinNueviertan en el servicio educativo que entregan”.
En tanto, el investigador del Observatorio de Políticas Educativas de Chile (Opech), Mario Sobarzo, anticipó que es muy probable que el Tribunal Constitucional nuevamente se pronuncie en contra de la iniciativa y subrayó que el Ejecutivo hizo las cosas al revés al establecer el requisito mientras existen aún las instituciones con fines de lucro. Dijo que ese cambio constitucional debió realizarse antes de enfrentarse a este conflicto.
“El negárselo o imponerle una limitación respecto al tema del lucro, es algo que hoy día no se encuentra en la ley. No hay ninguna razón por la cual alguien tendría que evitar entregar recursos desde el Estado por el hecho simplemente de estar lucrando con la educación, porque eso hoy por hoy no existe como un requisito y para hacer un acambio como este haría que hacer un cambio constitucional”.
