No es lógico ni sostenible que una niña o un niño de Chiloé deba comer exactamente lo mismo que otro que habita en Constitución o en Pica. Esta y otras razones explican que el INDAP y la JUNAEB acordaran desarrollar un conjunto de experiencias piloto para que los agricultores locales provean de alimentos frescos y saludables al Programa de Alimentación Escolar (PAE), aprovechando así el enorme poder de compra del Estado para incorporar aspectos territoriales a la alimentación y aportar al desarrollo sostenible de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) en las zonas rurales del país.
Este convenio sigue la tendencia internacional en la que los programas de compras públicas de alimentos aportan al impulso de nuevas economías rurales, fortaleciendo a pequeños productores campesinos, al mismo tiempo que se proporciona menús saludables, respetando y aprovechando las preparaciones y productos de sus territorios.
Las compras públicas representan el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) en los países de la OCDE. En el caso de Brasil son un 35% y en Colombia un 15%. Para Chile, este porcentaje se estima en un 7%. Es así como las compras públicas han tomado un rol importante en la agenda del desarrollo, debido al potencial impacto no sólo en la agricultura local a través de la generación de mercados y redes de distribución, sino también en materia de nutrición, educación y salud de la población.
En Brasil, por ejemplo, el Programa Nacional de Alimentación Escolar contiene dentro de su marco normativo el requisito legal que por lo menos el 30% de los insumos adquiridos para la alimentación escolar provenga de los pequeños agricultores y/o sus organizaciones. En Perú, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (‘Niño Sano’ en quechua) ha sido desarrollado y puesto en marcha desde 2012 con el objetivo de incluir a emprendimientos locales vinculados de forma directa e indirecta con la agricultura familiar. Entre las características más interesantes de este programa está la adaptación de las raciones escolares a las recetas locales, de tal manera que aquellas tengan pertinencia cultural, uno de los grandes problemas de los sistemas de alimentación escolar, los que suelen ser dramáticamente homogéneos e ignorar las diferencias entre los patrimonios alimentarios de cada territorio.
La experiencia internacional nos dice que la tarea que viene por delante no es fácil. Muchos son los aspectos que se deben trabajar y estudiar, tanto en la oferta como en la demanda de este tipo de mercados regulados, para que estos programas de compras públicas de alimentos puedan cumplir eficazmente con sus múltiples objetivos económicos, sociales, culturales y medioambientales. No obstante, todo parece indicar que el enorme poder de compra del Estado, especialmente tratándose de recursos públicos, no puede desaprovecharse en grandes proveedores concentrados y desterritorializados cuyos aportes al desarrollo sostenible de los territorios es incierto.
*El autor es investigador adjunto de Rimisp- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
