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Año X, 11 de diciembre de 2018

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Ex juez Juan Guzmán: “Debe haber más apertura del Ejército en casos de DD.HH.”

El ex magistrado conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre su labor como investigador de las primeras causas de violaciones a los derechos humanos que involucraron al ex dictador, momento en el que, a su juicio, se comenzó a poner fin a la impunidad en Chile y muchos criminales de lesa humanidad fueron enjuiciados y encarcelados.

Diana Porras

  Viernes 25 de noviembre 2016 21:06 hrs. 
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El ex juez Juan Guzmán Tapia recibió el Premio Edelstam 2016. El jurado del galardón, otorgado por contribuciones importantes a favor de la defensa de los derechos humanos, destacó que el abogado “cada vez más conmovido por las entrevistas con las víctimas y la abrumadora evidencia contra Augusto Pinochet que él descubrió, convenció finalmente a la Corte Suprema de desaforar al ex dictador”.

“Luego procesó a Pinochet por los cargos de secuestro y asesinato y llevó a cabo investigaciones a lo largo del país para encontrar restos de cerca de mil 200 prisioneros políticos que aún se encontraban desaparecidos”, agregaron desde la Fundación Harald Edelstam.

Entre las motivaciones, también se argumentó que “a pesar de las amenazas a su persona, el juez Guzmán abrió un camino importante para la justicia en Chile que muchos jueces siguen hasta el día de hoy”.

Guzmán recibió el premio en la Casa de la Nobleza en Estocolmo, Suecia, el pasado 15 de noviembre. Luego de su regreso a Chile conversó con Radio Universidad de Chile.

¿Cómo recibe esta distinción internacional?

Este premio lleva el nombre de un embajador sueco en Chile, muy emblemático. Tiene un jurado muy serio que está presidido por Caroline Edelstam, nieta de Harald y co-fundadora de la Fundación Edelstam. Lo agradezco y me honra profundamente.

Hacen mención a situaciones reales, tiene que existir coraje, pero también se destaca la aplicación de la Ley de una manera más humanitaria y, si se puede decir, más progresista. Eran las virtudes del embajador Edelstam. ¿Quién era?  Él estaba en Chile cuando se produjo el Golpe sacándolos del Estadio Nacional. Los protegió en la embajada y gracias a ello logró salvar a muchas personas lo que lo convirtió en héroe.

En 1998 fue el primer juez asignado en Chile para resolver las acusaciones criminales formuladas en contra de Augusto Pinochet. Según ha reconocido, “fue una tarea enorme”.

El mejor mérito de la justicia es que a través de ella se logra la verdad. Y con ella se alcanza la paz y reconciliación. En estos casos, se determinó que fue lo ocurrió y que se repitió en todo el país. Sustracción de personas desde sus hogares y oficinas, llevados en camiones a determinados sitios clandestinos que eran utilizados para los interrogatorios y tortura.

El modus operandi fue el mismo de norte a sur. Consistía en tomar a estas personas, que se consideraban opositores al gobierno, meterlos en calabozos, torturarlos y, en muchas ocasiones, esas personas perdían la vida. Y finalmente, hacerlos desaparecer.

Me enmarqué en cuatro casos: Calle Conferencia, Caravana de la Muerte, Operación Cóndor y Colombo. Empecé con la Caravana de la Muerte porque tenía más material reunido. Esto fue una guía en cuanto al camino que debía recorrer y me ayudó mucho el libro “Los zarpazos del puma”. Después tenía que ver los oficiales que realizaron este viaje y que por ello resultaron muertas cerca de 80 personas.

En este premio se destaca el “coraje”. ¿Por qué?

La mayor parte de mis colegas encontró que era imposible el procesamiento de Pinochet. Cuando empiezan estos casos en 1998, la Corte Suprema estaba formada principalmente por ministros que fueron designados por Pinochet. Por otro lado, había sido el hombre más poderoso durante 17 años y aún tenía mucho poder porque era comandante en jefe del Ejército.

Luego pasó a ser senador vitalicio, o sea, siempre estaba protegido con capas de inmunidad. Era muy difícil procesarlo porque había que empezar por una solicitud de desafuero, pero solicité primero el desafuero por la causa Calle Conferencia. Ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema estuvieron por acceder a esta petición

A medida que avanzaban las otras causas, solicité los desafueros correspondientes a la Corte de Apelaciones con éxito y esto permitió el procesamiento en varias causas como Caravana de la Muerte, Operación Cóndor y luego otro colega lo procesó en la Operación Colombo.

Además, la Fundación recuerda que “estableció que el secuestro de personas que posteriormente desaparecieron era un delito permanente que debía ser perseguido a pesar de las amnistías o la prescripción mientras se desconociera su destino”.

Esa interpretación del secuestro, como delito permanente, permitió investigar las mil 200 causas que incluían causas de desaparecidos. Lo que hice fue aplicar a los hechos y la realidad, una doctrina que conocía. Por otra parte, existe la amnistía de 1978 que cubre solo hasta el 10 de marzo de ese año pero no cubre los hechos posteriores. La mayor parte de los secuestros tuvieron su comienzo de ejecución entre el Golpe y marzo de 1978, pero como no aparecieron seguía perpetrándose el crimen. Los imputados me solicitaron prescripción y no podía aplicarse. Y así, todas las excepciones que presentaron y que las fui desechando por razones similares.

“La verdad sobre quiénes eran las víctimas”

Caroline Edelstam destaca que “el procesamiento de Pinochet simultáneamente en España, Francia, Bélgica, Suiza e Italia es hasta hoy el mejor ejemplo de la cooperación internacional por la justicia”.

¿Qué rol tiene el derecho internacional ante estos crímenes?

Desde luego hay que ser justos y mencionar la solicitud de extradición de Pinochet por parte del juez (español) Baltasar Garzón. Allí el mundo se dio cuenta por primera vez de la naturaleza de los crímenes. Esto se puso en relieve a nivel internacional, se conoció qué pasó con el Golpe, la cantidad de crímenes y cómo operó la represión.

Durante este periodo yo estaba procesando a otros oficiales y se logró determinar que se trataba de los mismos crímenes. Luego se le da la libertad (2000) por el ministro de Interior británico, Jack Straw, sin perjuicio que estuvo más de un año y medio preso en Londres. Y continuaron procesándose otros agentes estatales y muy pocos civiles que estuvieron vinculados con estos crímenes.

Gracias a estos procesos se conoció la verdad sobre quiénes eran las víctimas. No eran los terroristas o enemigos del Estado sino hombres y mujeres. Entre ellos, muchos jóvenes que tenían la ilusión de que en Chile hubiera más justicia y equidad, menos miseria o desigualdad. Eso es necesario mencionar porque se produjo una redención respecto de personas que estaban injustamente acusadas.

¿Cuál es su balance sobre la justicia en estos casos?

Hay que ser justo. Terminó la impunidad cuando se inició el proceso en contra de Pinochet por la querella presentada por el abogado de Gladys Marín, Eduardo Contreras. Por este episodio no fue procesado, pero sí lo fueron otros agentes estatales. Poco a poco se fue expandiendo esta luz que implicaba el término de la impunidad. Al mismo tiempo, se expandió esta necesidad de conocer la verdad y llegar a la justicia en el extranjero como en Italia, Suiza, Bélgica, Francia, etc.

¿Qué pasa con el llamado “pacto de silencio” que tendría el Ejército?

Debería existir más apertura desde el Ejército porque la mayor parte de los crímenes, que han sido descubiertos e individualizadas las víctimas y hechores, han comenzado con el arrepentimiento de uno o más agentes que han dado a conocer donde estaban los cuerpos de las víctimas o quienes fueron los que organizaron ciertos operativos.

Delito de tortura: “Es un primer  gran paso de nuestra legislación”

El pasado 11 de noviembre se promulgó la Ley que tipifica los delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

¿Cuál es la importancia de esta nueva normativa?

El hecho de que la tortura contra civiles sea juzgada en terreno civil o tribunales ordinarios es un gran avance. Esto implica que va a ser más difícil que se produzca la impunidad. Hoy se habla de tortura y no de “apremios ilegítimos” que era una manera bastante curiosa y suave de legislar. Lo mismo que las penas que eran de reclusión menor. Hoy se actúa confirme a los tratados internacionales sobre esta materia.

Hoy hay requisitos: se trata de hechos aplicados por empleados públicos abusando de su cargo. O también empleados que permiten que se lleve efecto teniendo las facultades para impedir ese hecho. Es la terminología adecuada y las penas están acorde con la gravedad y lo espantoso de este delito. Este es un primer gran paso de nuestra legislación ante una penalidad ridícula que existía con los apremios ilegítimos.

¿Es necesaria una Nueva Constitución?

Una Constitución que fue dictada en un gobierno dictatorial carece de legitimidad, entonces habría que hacer un plebiscito para lograr un cambio a la brevedad posible. Lo que se está realizando es permitir hablar a gente de buena voluntad y con ideas progresistas, pero sin ninguna capacidad de llevar a efecto este cambio tan importante que merecemos los chilenos.