Ante un nuevo aniversario de la partición del territorio palestino por parte de la ONU, en 1947; en Chile, la Federación Palestina, junto a un grupo de políticos y familiares de chilenos residentes en el territorio, se querellaron contra tres jueces de la Corte Suprema israelita, por permitir la anexión de territorios de la zona de Cremisán al Estado de Israel, hecho que, según han denunciado, vulnera los derechos humanos de palestinos que día a día se enfrentan a la hostilidad en un territorio en permanente disputa.

La acción fue presentada en el quinto Juzgado de Garantía de Santiago, el que deberá pronunciarse respecto a su competencia para tramitar la causa, que de no ser así, y si tampoco pueden las instancias de apelación, deberá elevarse a organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional de Justicia.

El director ejecutivo de la Federación Palestina de Chile, Anuar Majluf, comentó que se trata de una apuesta que se ha hecho en nuestro país, porque hay varios chilenos con familiares y patrimonio en la región que ven vulnerados sus derechos. Exige que Israel respete las normas del derecho internacional.

“Esto es una forma de buscar imparcialidad, de buscar justicia. Es una opción no violenta que hemos elegido contra la ocupación israelí. Queremos también que se replique en otros rincones del mundo, gasta que Israel respete lo que es el derecho internacional. Israel es el único estado que se ha dado el lujo de violar sistemáticamente todas las normas que regulan a la comunidad internacional. Si Israel quiere ser parte de la comunidad internacional, debe comportarse y acogerse a su norma”.

Este conflicto en particular, se ve materializado por la construcción de un muro por parte de Israel que atraviesa el territorio de Cremisán, aislando asentamientos urbanos y entorpeciendo el libre tránsito de los palestinos, además de realizar expropiaciones arbitrarias. Situaciones que se suman al trato discriminatorio, debido a que, según denuncian los palestinos, se les juzga y trata en la sociedad con leyes marciales; lo cual, este conjunto de situaciones constituyen a juicio de los querellantes, crímenes de lesa humanidad.

Entre los políticos que apoyaron la acción judicial, se mencionan los diputados Sergio Gahona (UDI) y Felipe De Mussy (UDI), además del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien se refirió a la importancia política de dar soporte a esta querella.

“De partida, es el compromiso político con el tema de los derechos humanos, que revisten de carácter universal. Aquí hay diputados de todas las bancadas, y yo en particular por ser alcalde de una de las comunas donde hay un fuerte porcentaje de chilenos de origen palestino, que son los que directa o indirectamente se ven afectados por estas decisiones”.

Se trata de una acción judicial inédita, ya que nunca en Chile se había realizado una querella de este tipo, por lo que cunde la interrogante de los efectos que pueda tener esta iniciativa.

De aquello, habló el abogado querellante, Nicolás Pavez. Dijo que se trata de un hecho sin precedentes, y que se está abriendo camino en términos de la capacidad del país de pronunciarse frente a hechos respecto de los cuales tiene tratados suscritos, tales como los crímenes de lesa humanidad.

“Es el Chile del siglo XXI al cual nos hemos enfrentado, donde Chile tiene que entender, y así creemos que lo hace cuando suscribe estos acuerdos internacionales, ante el desafío de ejercer jurisdicción universal. Y ejercer jurisdicción universal, significa hacerse cargo de que cuando se comete cualquier delito, en África, en Medio Oriente, en Palestina, donde sea, Chile está llamado a conocer los tribunales, y llegado el momento, si hay una condena, Chile tendrá que exigir, entonces, su cumplimiento”.

El jurista concluyó que es importante encontrar las respuestas en la realización de estos procesos, de forma de avanzar en términos de hacer cumplir la legislación también a modo internacional, y la verificación del cumplimiento de los acuerdos que suscribe nuestro país en estas materias.