Este jueves 8 de diciembre se cumplieron seis años del incendio de la torre 5 de la cárcel de San Miguel en el que murieron 81 personas privadas de libertad. Un trágico episodio que, según acusan parlamentarios y trabajadores de Gendarmería, no ha motivado un real impulso de una política pública penitenciaria nacional.
A juicio de los funcionarios de la institución uniformada existe un desconocimiento respecto de la realidad penitenciaria del país.
“Nos preocupa que no haya una seriedad respecto de este problema que es tan grave y que no solamente tiene que ver con el tema que pasa al interior de la cárcel, sino con cómo entendemos las políticas de seguridad pública en nuestro país, es decir, cuando solamente inviertes desmesuradamente en Carabineros, en Investigaciones y en el sistema de persecución penal y se deja de lado el sistema penitenciario, es que se pierde el foco de una política coherente de seguridad pública”, comentó uno de los dirigentes de Gendarmería, Joe González.
En esa línea, la diputada Karol Cariola, quien integra la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, es enfática en señalar que se requiere un cambio en materia penitenciaria y una mirada distinta en relación a la cantidad y al lugar en donde son invertidos los recursos en esta materia.
En ese sentido, la parlamentaria del Partido Comunista manifestó que “es lamentable que en Chile se tengan que abrir más cárceles y más cárceles, cuando en otros países se están cerrando cárceles y eso tiene que ver con la mirada de desarrollo”.
“Si en Holanda se cierran cárceles porque no tienen presos, es porque tienen derechos sociales garantizados, porque hay jornadas laborales dignas para los trabajadores, es porque los estudiantes tienen derecho al trabajo, es porque finalmente existe salud de calidad, las personas tienen garantizado un mínimo de calidad de vida que no los obliga a tener que delinquir para poder mejorarla”, criticó.
En tanto, el diputado del PPD Jorge Tarud recordó que Chile es uno de los países de la región que tiene mayor cantidad de personas privadas de libertad, por lo que apuntó a la necesidad de que el Estado invierta de manera efectiva en la reinserción: “Estamos llenando y llenando las cárceles, creo que somos de los países latinoamericanos que más gente tiene en las cárceles, pero yo creo que hay que hacer más esfuerzos en la reinserción y ahí evidentemente hay que invertir, para que esa persona que cumplió una condena, tenga la posibilidad de rehabilitarse y también tenga la posibilidad de ganarse la vida. Ahí el Estado tiene que cumplir una función más efectiva”, señaló.
Según datos de la ONG Leasur en Chile existen 94 centros penitenciarios, 9 de ellos con más del 200 por ciento de sobrepoblación. Recintos en los que según organismos como el INDH, Amnistía Internacional y el Poder Judicial, se producen prácticas de tortura y se incumplen los tratados de Derechos Humanos suscritos por nuestro país.
Un tema al que se han referido algunos de los precandidatos a La Moneda, entre ellos, el senador Manuel José Ossandón, quien ha propuesto “hacer trabajar a los presos”, mientras que el ex presidente Ricardo Lagos ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar la cantidad de recintos penales en el país.
Este jueves 8 de diciembre se cumplieron seis años del incendio de la torre 5 de la cárcel de San Miguel en el que murieron 81 personas privadas de libertad. Un trágico episodio que, según acusan parlamentarios y trabajadores de Gendarmería, no ha motivado un real impulso de una política pública penitenciaria nacional.
A juicio de los funcionarios de la institución uniformada existe un desconocimiento respecto de la realidad penitenciaria del país.
“Nos preocupa que no haya una seriedad respecto de este problema que es tan grave y que no solamente tiene que ver con el tema que pasa al interior de la cárcel, sino con cómo entendemos las políticas de seguridad pública en nuestro país, es decir, cuando solamente inviertes desmesuradamente en Carabineros, en Investigaciones y en el sistema de persecución penal y se deja de lado el sistema penitenciario, es que se pierde el foco de una política coherente de seguridad pública”, comentó uno de los dirigentes de Gendarmería, Joe González.
En esa línea, la diputada Karol Cariola, quien integra la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, es enfática en señalar que se requiere un cambio en materia penitenciaria y una mirada distinta en relación a la cantidad y al lugar en donde son invertidos los recursos en esta materia.
En ese sentido, la parlamentaria del Partido Comunista manifestó que “es lamentable que en Chile se tengan que abrir más cárceles y más cárceles, cuando en otros países se están cerrando cárceles y eso tiene que ver con la mirada de desarrollo”.
“Si en Holanda se cierran cárceles porque no tienen presos, es porque tienen derechos sociales garantizados, porque hay jornadas laborales dignas para los trabajadores, es porque los estudiantes tienen derecho al trabajo, es porque finalmente existe salud de calidad, las personas tienen garantizado un mínimo de calidad de vida que no los obliga a tener que delinquir para poder mejorarla”, criticó.
En tanto, el diputado del PPD Jorge Tarud recordó que Chile es uno de los países de la región que tiene mayor cantidad de personas privadas de libertad, por lo que apuntó a la necesidad de que el Estado invierta de manera efectiva en la reinserción: “Estamos llenando y llenando las cárceles, creo que somos de los países latinoamericanos que más gente tiene en las cárceles, pero yo creo que hay que hacer más esfuerzos en la reinserción y ahí evidentemente hay que invertir, para que esa persona que cumplió una condena, tenga la posibilidad de rehabilitarse y también tenga la posibilidad de ganarse la vida. Ahí el Estado tiene que cumplir una función más efectiva”, señaló.
Según datos de la ONG Leasur en Chile existen 94 centros penitenciarios, 9 de ellos con más del 200 por ciento de sobrepoblación. Recintos en los que según organismos como el INDH, Amnistía Internacional y el Poder Judicial, se producen prácticas de tortura y se incumplen los tratados de Derechos Humanos suscritos por nuestro país.
Un tema al que se han referido algunos de los precandidatos a La Moneda, entre ellos, el senador Manuel José Ossandón, quien ha propuesto “hacer trabajar a los presos”, mientras que el ex presidente Ricardo Lagos ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar la cantidad de recintos penales en el país.
Este jueves 8 de diciembre se cumplieron seis años del incendio de la torre 5 de la cárcel de San Miguel en el que murieron 81 personas privadas de libertad. Un trágico episodio que, según acusan parlamentarios y trabajadores de Gendarmería, no ha motivado un real impulso de una política pública penitenciaria nacional.
A juicio de los funcionarios de la institución uniformada existe un desconocimiento respecto de la realidad penitenciaria del país.
“Nos preocupa que no haya una seriedad respecto de este problema que es tan grave y que no solamente tiene que ver con el tema que pasa al interior de la cárcel, sino con cómo entendemos las políticas de seguridad pública en nuestro país, es decir, cuando solamente inviertes desmesuradamente en Carabineros, en Investigaciones y en el sistema de persecución penal y se deja de lado el sistema penitenciario, es que se pierde el foco de una política coherente de seguridad pública”, comentó uno de los dirigentes de Gendarmería, Joe González.
En esa línea, la diputada Karol Cariola, quien integra la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, es enfática en señalar que se requiere un cambio en materia penitenciaria y una mirada distinta en relación a la cantidad y al lugar en donde son invertidos los recursos en esta materia.
En ese sentido, la parlamentaria del Partido Comunista manifestó que “es lamentable que en Chile se tengan que abrir más cárceles y más cárceles, cuando en otros países se están cerrando cárceles y eso tiene que ver con la mirada de desarrollo”.
“Si en Holanda se cierran cárceles porque no tienen presos, es porque tienen derechos sociales garantizados, porque hay jornadas laborales dignas para los trabajadores, es porque los estudiantes tienen derecho al trabajo, es porque finalmente existe salud de calidad, las personas tienen garantizado un mínimo de calidad de vida que no los obliga a tener que delinquir para poder mejorarla”, criticó.
En tanto, el diputado del PPD Jorge Tarud recordó que Chile es uno de los países de la región que tiene mayor cantidad de personas privadas de libertad, por lo que apuntó a la necesidad de que el Estado invierta de manera efectiva en la reinserción: “Estamos llenando y llenando las cárceles, creo que somos de los países latinoamericanos que más gente tiene en las cárceles, pero yo creo que hay que hacer más esfuerzos en la reinserción y ahí evidentemente hay que invertir, para que esa persona que cumplió una condena, tenga la posibilidad de rehabilitarse y también tenga la posibilidad de ganarse la vida. Ahí el Estado tiene que cumplir una función más efectiva”, señaló.
Según datos de la ONG Leasur en Chile existen 94 centros penitenciarios, 9 de ellos con más del 200 por ciento de sobrepoblación. Recintos en los que según organismos como el INDH, Amnistía Internacional y el Poder Judicial, se producen prácticas de tortura y se incumplen los tratados de Derechos Humanos suscritos por nuestro país.
Un tema al que se han referido algunos de los precandidatos a La Moneda, entre ellos, el senador Manuel José Ossandón, quien ha propuesto “hacer trabajar a los presos”, mientras que el ex presidente Ricardo Lagos ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar la cantidad de recintos penales en el país.
