Un grupo de dirigentes gremiales, parlamentarios y concejales llegaron hasta el Palacio de La Moneda, para entregar una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet en la que solicitan dar una solución a la situación que afecta a las trabajadoras y trabajadores de la Junta nacional de jardines Infantiles (Junji), quienes han sido notificados por parte de la Dirección Nacional de que les serán cursados un total de 17 días de descuento producto de los días no trabajados durante el paro del sector público .
Sobre este tema, el coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza, señaló que se trata de una operación de castigo frente a una movilización cuya responsabilidad fue del Gobierno. Además apuntó que con esta acción se busca desmovilizar a los trabajadores del Estado.
“Estamos ante una operación de castigo en contra de organizaciones sindicales que han ejercido el derecho a movilización en el marco de un reajuste general en el que el Gobierno tiene la principal responsabilidad de la duración del paro y de sus formatos. Hoy día lo que está ocurriendo en la Junji es algo, dejar a una familia sin recursos, es violencia en contra de la mujer, por lo tanto pedimos a la Presidenta de la República que hemos vivido en otros servicios, lo que se busca es desmovilizar, lo que se busca es que dar la señal de que los trabajadores del sector públicos no pueden ejercer sus derechos colectivos”.
En tanto la presidenta de Ajunji, Rebeca Cardemil, explicó que la cuantía de los descuentos que afectarán a los funcionarios dependerá de su estamento. De esta forma, los profesionales arriesgan un descuento de 500 mil pesos, los técnicos de 350 mil, mientras que los auxiliares de servicio de 200 mil con un sueldo que bordea los 300 mil pesos mensuales.
Además recalcó que el 80 por ciento de las funcionarias son mujeres y el 60 por ciento de ellas son jefas de hogar lo que genera un perjuicio no sólo para las funcionarias, sino que para sus familias.
En ese sentido, la dirigenta manifestó que la aplicación de estos descuentos es contradictorio con el discurso en contra de la violencia en contra de la mujer, ya que dejar a una familia sin recursos, también es un tipo de violencia.
“Hay una política en relación a la no violencia en contra de la mujer y esto es una violencia. Dejar a una familia sin recursos, es violencia en contra de la mujer. Por lo tanto, pedimos a la Presidenta de la República un poco de sensibilidad para que nosotros podamos arreglar la situación, porque no estamos diciendo que nosotros no vamos a devolver lo que no trabajamos. Le hemos dado muchas propuestas a la presidenta y a la vicepresidenta de Junji, pero ninguna de ellas ha sido escuchada”.
Desde el mundo político también suscribieron esta petición de los funcionarios de la Junji, la que fue firmada por 7 alcaldes y concejales y 13 parlamentarios. Uno de ellos, el diputado Ricardo Rincón realizó un llamado al titular de Hacienda a dar una solución a las funcionarias y funcionarios.
“Yo creo que el Ministro de Hacienda también tiene que evaluar esta situación y el evaluar cómo genera más recursos para el fisco cuando se presentan este tipo de situaciones, que si se hubieran terminado antes, hubieran significado un ahorro para la caja fiscal”.
Cabe señalar que la Junji es el único gremio a nivel nacional al que se le serán aplicados estos descuentos. Esto, ya que según han explicado desde la Mesa del Sector Público, las otras organizaciones gremiales han alcanzado a acuerdos compensatorios con las autoridades de los distintos servicios públicos.
Algo que es relativizado por el presidente de la Confusam, Esteban Maturana, quien aseguró que en la salud municipal sí se han cursado descuentos, aunque es una situación que se ha dado sólo en algunas comunas: “Hasta este minuto nosotros hemos tenido antecedentes de descuentos en algunos municipios, no en todos (…) pero lo cierto es que hasta ahora son pocos los municipios que han descontado remuneraciones de los funcionarios de la salud municipal”.
El dirigente manifestó además su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de la Junji, apuntando a la vicepresidenta del servicio, quien aseguró ha tenido una actitud muy obstinada.
Un grupo de dirigentes gremiales, parlamentarios y concejales llegaron hasta el Palacio de La Moneda, para entregar una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet en la que solicitan dar una solución a la situación que afecta a las trabajadoras y trabajadores de la Junta nacional de jardines Infantiles (Junji), quienes han sido notificados por parte de la Dirección Nacional de que les serán cursados un total de 17 días de descuento producto de los días no trabajados durante el paro del sector público .
Sobre este tema, el coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza, señaló que se trata de una operación de castigo frente a una movilización cuya responsabilidad fue del Gobierno. Además apuntó que con esta acción se busca desmovilizar a los trabajadores del Estado.
“Estamos ante una operación de castigo en contra de organizaciones sindicales que han ejercido el derecho a movilización en el marco de un reajuste general en el que el Gobierno tiene la principal responsabilidad de la duración del paro y de sus formatos. Hoy día lo que está ocurriendo en la Junji es algo, dejar a una familia sin recursos, es violencia en contra de la mujer, por lo tanto pedimos a la Presidenta de la República que hemos vivido en otros servicios, lo que se busca es desmovilizar, lo que se busca es que dar la señal de que los trabajadores del sector públicos no pueden ejercer sus derechos colectivos”.
En tanto la presidenta de Ajunji, Rebeca Cardemil, explicó que la cuantía de los descuentos que afectarán a los funcionarios dependerá de su estamento. De esta forma, los profesionales arriesgan un descuento de 500 mil pesos, los técnicos de 350 mil, mientras que los auxiliares de servicio de 200 mil con un sueldo que bordea los 300 mil pesos mensuales.
Además recalcó que el 80 por ciento de las funcionarias son mujeres y el 60 por ciento de ellas son jefas de hogar lo que genera un perjuicio no sólo para las funcionarias, sino que para sus familias.
En ese sentido, la dirigenta manifestó que la aplicación de estos descuentos es contradictorio con el discurso en contra de la violencia en contra de la mujer, ya que dejar a una familia sin recursos, también es un tipo de violencia.
“Hay una política en relación a la no violencia en contra de la mujer y esto es una violencia. Dejar a una familia sin recursos, es violencia en contra de la mujer. Por lo tanto, pedimos a la Presidenta de la República un poco de sensibilidad para que nosotros podamos arreglar la situación, porque no estamos diciendo que nosotros no vamos a devolver lo que no trabajamos. Le hemos dado muchas propuestas a la presidenta y a la vicepresidenta de Junji, pero ninguna de ellas ha sido escuchada”.
Desde el mundo político también suscribieron esta petición de los funcionarios de la Junji, la que fue firmada por 7 alcaldes y concejales y 13 parlamentarios. Uno de ellos, el diputado Ricardo Rincón realizó un llamado al titular de Hacienda a dar una solución a las funcionarias y funcionarios.
“Yo creo que el Ministro de Hacienda también tiene que evaluar esta situación y el evaluar cómo genera más recursos para el fisco cuando se presentan este tipo de situaciones, que si se hubieran terminado antes, hubieran significado un ahorro para la caja fiscal”.
Cabe señalar que la Junji es el único gremio a nivel nacional al que se le serán aplicados estos descuentos. Esto, ya que según han explicado desde la Mesa del Sector Público, las otras organizaciones gremiales han alcanzado a acuerdos compensatorios con las autoridades de los distintos servicios públicos.
Algo que es relativizado por el presidente de la Confusam, Esteban Maturana, quien aseguró que en la salud municipal sí se han cursado descuentos, aunque es una situación que se ha dado sólo en algunas comunas: “Hasta este minuto nosotros hemos tenido antecedentes de descuentos en algunos municipios, no en todos (…) pero lo cierto es que hasta ahora son pocos los municipios que han descontado remuneraciones de los funcionarios de la salud municipal”.
El dirigente manifestó además su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de la Junji, apuntando a la vicepresidenta del servicio, quien aseguró ha tenido una actitud muy obstinada.
Un grupo de dirigentes gremiales, parlamentarios y concejales llegaron hasta el Palacio de La Moneda, para entregar una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet en la que solicitan dar una solución a la situación que afecta a las trabajadoras y trabajadores de la Junta nacional de jardines Infantiles (Junji), quienes han sido notificados por parte de la Dirección Nacional de que les serán cursados un total de 17 días de descuento producto de los días no trabajados durante el paro del sector público .
Sobre este tema, el coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza, señaló que se trata de una operación de castigo frente a una movilización cuya responsabilidad fue del Gobierno. Además apuntó que con esta acción se busca desmovilizar a los trabajadores del Estado.
“Estamos ante una operación de castigo en contra de organizaciones sindicales que han ejercido el derecho a movilización en el marco de un reajuste general en el que el Gobierno tiene la principal responsabilidad de la duración del paro y de sus formatos. Hoy día lo que está ocurriendo en la Junji es algo, dejar a una familia sin recursos, es violencia en contra de la mujer, por lo tanto pedimos a la Presidenta de la República que hemos vivido en otros servicios, lo que se busca es desmovilizar, lo que se busca es que dar la señal de que los trabajadores del sector públicos no pueden ejercer sus derechos colectivos”.
En tanto la presidenta de Ajunji, Rebeca Cardemil, explicó que la cuantía de los descuentos que afectarán a los funcionarios dependerá de su estamento. De esta forma, los profesionales arriesgan un descuento de 500 mil pesos, los técnicos de 350 mil, mientras que los auxiliares de servicio de 200 mil con un sueldo que bordea los 300 mil pesos mensuales.
Además recalcó que el 80 por ciento de las funcionarias son mujeres y el 60 por ciento de ellas son jefas de hogar lo que genera un perjuicio no sólo para las funcionarias, sino que para sus familias.
En ese sentido, la dirigenta manifestó que la aplicación de estos descuentos es contradictorio con el discurso en contra de la violencia en contra de la mujer, ya que dejar a una familia sin recursos, también es un tipo de violencia.
“Hay una política en relación a la no violencia en contra de la mujer y esto es una violencia. Dejar a una familia sin recursos, es violencia en contra de la mujer. Por lo tanto, pedimos a la Presidenta de la República un poco de sensibilidad para que nosotros podamos arreglar la situación, porque no estamos diciendo que nosotros no vamos a devolver lo que no trabajamos. Le hemos dado muchas propuestas a la presidenta y a la vicepresidenta de Junji, pero ninguna de ellas ha sido escuchada”.
Desde el mundo político también suscribieron esta petición de los funcionarios de la Junji, la que fue firmada por 7 alcaldes y concejales y 13 parlamentarios. Uno de ellos, el diputado Ricardo Rincón realizó un llamado al titular de Hacienda a dar una solución a las funcionarias y funcionarios.
“Yo creo que el Ministro de Hacienda también tiene que evaluar esta situación y el evaluar cómo genera más recursos para el fisco cuando se presentan este tipo de situaciones, que si se hubieran terminado antes, hubieran significado un ahorro para la caja fiscal”.
Cabe señalar que la Junji es el único gremio a nivel nacional al que se le serán aplicados estos descuentos. Esto, ya que según han explicado desde la Mesa del Sector Público, las otras organizaciones gremiales han alcanzado a acuerdos compensatorios con las autoridades de los distintos servicios públicos.
Algo que es relativizado por el presidente de la Confusam, Esteban Maturana, quien aseguró que en la salud municipal sí se han cursado descuentos, aunque es una situación que se ha dado sólo en algunas comunas: “Hasta este minuto nosotros hemos tenido antecedentes de descuentos en algunos municipios, no en todos (…) pero lo cierto es que hasta ahora son pocos los municipios que han descontado remuneraciones de los funcionarios de la salud municipal”.
El dirigente manifestó además su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de la Junji, apuntando a la vicepresidenta del servicio, quien aseguró ha tenido una actitud muy obstinada.
