Con satisfacción reaccionaron en la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos luego que el ministro en visita Mario Carroza dictara acusación contra un grupo de militares por el crimen del líder del MIR, Miguel Enríquez.
El magistrado determinó que el pelotón encabezado por el oficial en retiro Miguel Krassnoff e integrado por César Manríquez Bravo, Rodolfo Concha Rodríguez y Teresa del Carmen Osorio Navarro, son los responsables del asesinato del dirigente político, hecho ocurrido el 5 de octubre de 1974 en la comuna de San Miguel.
Para la presidenta de la entidad humanitaria que presentó la querella en este caso, Alicia Lira, la decisión de Carroza abre una posibilidad de justicia para develar lo ocurrido con Enríquez.
“Miguel Enríquez no murió en un enfrentamiento, pero sí hubo todo un operativo del organismo más siniestro de este país que fue la DINA, para ejecutarlo al llegar a la comuna de San Miguel, rodear su vivienda donde él estaba con su compañera Carmen Castillo embarazada”, precisó Alicia Lira.
La dirigenta recordó además que durante la reconstitución de escena realizada el mes de julio se pudo observar cómo “los agentes de la DINA asaltaron casas por los muros y por los techos para rodear la vivienda de Miguel Enríquez”.
Por otra parte, la presidenta de la AFEP criticó la carta pública difundida por el propio Miguel Krassnoff desde la cárcel en donde señala que no reconocerá en ningún caso ser un violador de los derechos humanos.
Para Alicia Lira, esto es una nueva demostración para los que buscan defender a quienes son condenados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar y que impulsan beneficios carcelarios a favor de estos agentes.
“Reivindica y hace apología del terrorismo de Estado donde dice que él no aceptará nunca que lo cataloguen de violador a los derechos humanos. Eso es un tapaboca, es un contradecir a aquellas personas que hoy día victimizan a estos victimarios que buscan beneficios carcelarios que no corresponden en crímenes de lesa humanidad”, comentó la dirigenta.
En el documento emitido por el ministro Carroza señala que “las diligencias y la información acumulada durante el desarrollo de esta investigación han permitido sostener que el aludido enfrentamiento no existió”, desmontando así la tesis de los militares que apuntaron a un ataque por parte de Miguel Enríquez contra la patrulla que encabezaba Krassnoff.
El magistrado añade en el libelo donde dicta la acusación contra los uniformados que “se advierte una preparación centrada en el operativo de detención, para lo cual el lugar fue cercado con antelación por los jefes operativos y comunicado a los canales respectivos de la dirección de la institución”, es decir del Ejército, desde donde la patrulla recibió la aprobación para su ejecución.
Con satisfacción reaccionaron en la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos luego que el ministro en visita Mario Carroza dictara acusación contra un grupo de militares por el crimen del líder del MIR, Miguel Enríquez.
El magistrado determinó que el pelotón encabezado por el oficial en retiro Miguel Krassnoff e integrado por César Manríquez Bravo, Rodolfo Concha Rodríguez y Teresa del Carmen Osorio Navarro, son los responsables del asesinato del dirigente político, hecho ocurrido el 5 de octubre de 1974 en la comuna de San Miguel.
Para la presidenta de la entidad humanitaria que presentó la querella en este caso, Alicia Lira, la decisión de Carroza abre una posibilidad de justicia para develar lo ocurrido con Enríquez.
“Miguel Enríquez no murió en un enfrentamiento, pero sí hubo todo un operativo del organismo más siniestro de este país que fue la DINA, para ejecutarlo al llegar a la comuna de San Miguel, rodear su vivienda donde él estaba con su compañera Carmen Castillo embarazada”, precisó Alicia Lira.
La dirigenta recordó además que durante la reconstitución de escena realizada el mes de julio se pudo observar cómo “los agentes de la DINA asaltaron casas por los muros y por los techos para rodear la vivienda de Miguel Enríquez”.
Por otra parte, la presidenta de la AFEP criticó la carta pública difundida por el propio Miguel Krassnoff desde la cárcel en donde señala que no reconocerá en ningún caso ser un violador de los derechos humanos.
Para Alicia Lira, esto es una nueva demostración para los que buscan defender a quienes son condenados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar y que impulsan beneficios carcelarios a favor de estos agentes.
“Reivindica y hace apología del terrorismo de Estado donde dice que él no aceptará nunca que lo cataloguen de violador a los derechos humanos. Eso es un tapaboca, es un contradecir a aquellas personas que hoy día victimizan a estos victimarios que buscan beneficios carcelarios que no corresponden en crímenes de lesa humanidad”, comentó la dirigenta.
En el documento emitido por el ministro Carroza señala que “las diligencias y la información acumulada durante el desarrollo de esta investigación han permitido sostener que el aludido enfrentamiento no existió”, desmontando así la tesis de los militares que apuntaron a un ataque por parte de Miguel Enríquez contra la patrulla que encabezaba Krassnoff.
El magistrado añade en el libelo donde dicta la acusación contra los uniformados que “se advierte una preparación centrada en el operativo de detención, para lo cual el lugar fue cercado con antelación por los jefes operativos y comunicado a los canales respectivos de la dirección de la institución”, es decir del Ejército, desde donde la patrulla recibió la aprobación para su ejecución.
Con satisfacción reaccionaron en la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos luego que el ministro en visita Mario Carroza dictara acusación contra un grupo de militares por el crimen del líder del MIR, Miguel Enríquez.
El magistrado determinó que el pelotón encabezado por el oficial en retiro Miguel Krassnoff e integrado por César Manríquez Bravo, Rodolfo Concha Rodríguez y Teresa del Carmen Osorio Navarro, son los responsables del asesinato del dirigente político, hecho ocurrido el 5 de octubre de 1974 en la comuna de San Miguel.
Para la presidenta de la entidad humanitaria que presentó la querella en este caso, Alicia Lira, la decisión de Carroza abre una posibilidad de justicia para develar lo ocurrido con Enríquez.
“Miguel Enríquez no murió en un enfrentamiento, pero sí hubo todo un operativo del organismo más siniestro de este país que fue la DINA, para ejecutarlo al llegar a la comuna de San Miguel, rodear su vivienda donde él estaba con su compañera Carmen Castillo embarazada”, precisó Alicia Lira.
La dirigenta recordó además que durante la reconstitución de escena realizada el mes de julio se pudo observar cómo “los agentes de la DINA asaltaron casas por los muros y por los techos para rodear la vivienda de Miguel Enríquez”.
Por otra parte, la presidenta de la AFEP criticó la carta pública difundida por el propio Miguel Krassnoff desde la cárcel en donde señala que no reconocerá en ningún caso ser un violador de los derechos humanos.
Para Alicia Lira, esto es una nueva demostración para los que buscan defender a quienes son condenados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar y que impulsan beneficios carcelarios a favor de estos agentes.
“Reivindica y hace apología del terrorismo de Estado donde dice que él no aceptará nunca que lo cataloguen de violador a los derechos humanos. Eso es un tapaboca, es un contradecir a aquellas personas que hoy día victimizan a estos victimarios que buscan beneficios carcelarios que no corresponden en crímenes de lesa humanidad”, comentó la dirigenta.
En el documento emitido por el ministro Carroza señala que “las diligencias y la información acumulada durante el desarrollo de esta investigación han permitido sostener que el aludido enfrentamiento no existió”, desmontando así la tesis de los militares que apuntaron a un ataque por parte de Miguel Enríquez contra la patrulla que encabezaba Krassnoff.
El magistrado añade en el libelo donde dicta la acusación contra los uniformados que “se advierte una preparación centrada en el operativo de detención, para lo cual el lugar fue cercado con antelación por los jefes operativos y comunicado a los canales respectivos de la dirección de la institución”, es decir del Ejército, desde donde la patrulla recibió la aprobación para su ejecución.
