Este miércoles se desarrollaron los alegatos en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia donde se enfrentaron abogados de las organizaciones y ciudadanos de Aysén con sus pares de representantes del Comité de Ministros que autorizó el proyecto central Río Cuervo.
Recordemos que fue en septiembre de este año que la ciudadanía de la región recurrió a dicha instancia judicial para impugnar la decisión de la instancia gubernamental que, en enero, validó la aprobación del proyecto que nació bajó el mandato de Sebastián Piñera. La reclamación fue presentada por juristas a nombre de la Comisión Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) y la Corporación por la Defensa de la Flora y la Fauna (Codeff) contra la resolución del Consejo de Ministros.
En la oportunidad, el abogado Diego Lillo basó su alegato en que no corresponde avanzar en un embalse de 13 mil hectáreas en una zona de alto riesgo como es la falla Liquiñe-Ofqui, rodeada de volcanes y sin estar definida una Política Energética Regional.
“La prevención y la mitigación de los posibles impactos de la exposición a la actividad sísmica, tanto el informe de Andean Geology como el informe de la Universidad de Chile señalan que estamos frente a una zona vulnerable sísmicamente y que por lo tanto los esfuerzos deberían ser a prevenir los riesgos”, detalló.
Durante el alegato, el jurista agregó que a esto se suma la destrucción de un ecosistema único en el mundo, que incluye la desaparición de dos de los principales lagos de la región: el Yulton y el Meullín.
En contraparte, la abogada representante del Comité de Ministros, Yordana Mehsen, basó su defensa en estudios geológicos que descartan en la zona un riesgo sísmico activado.
Además, indicó que la empresa comunicó la implementación de un plan de reforestación con especies nativas de la zona, que compensaría la inundación del terreno.
“El riesgo de sismicidad se consideró en la evaluación ambiental y, en consecuencia, se implementó este plan de monitoreo y alerta temprana y se complementó luego por el Comité de Ministros. Esto en el marco de la sismicidad propia de la zona en que se emplaza el proyecto, es decir, considerando que existe un riesgo sísmico asociado a fenómenos naturales, no como un supuesto efecto, como dice la parte reclamante de la sismicidad activada o inducida”.
Para Peter Hartmann, director de la filial Aysén de Codeff, el proyecto Río Cuervo dista mucho de los últimos postulados del gobierno respecto a utilizar energías renovables no convencionales.
Además, destacó negativamente la asesoría que está haciendo el formalizado ex ministro de Sebastián Piñera, Pablo Longueira, a la empresa dueña del proyecto, con el fin de anexar río Cuervo con su tendido eléctrico asociado. La transmisión, que aún no se ha presentado a evaluación, se proyectaría por Argentina para ingresar a Chile en alguna zona del centro-sur del país.
“El gobierno por un lado se comprometió por una Patagonia sin represas, pero por otro lado terminó aprobando este proyecto, creemos que es debido a que la oposición ha bajado, por eso lo vieron políticamente más viable y además porque el Ministerio de Energía quiere sumar hidroeléctricas en la matriz, para ello les da lo mismo cuales sean, mejor si son empresas que no conforman el monopolio energético, ya que da más competencia al sistema”, aseveró.
Peter Hartmann recalcó que la Central Río Cuervo se sustenta en una deficiente evaluación geológica y sísmica incumpliendo el Convenio 169 de la OIT, sobre consultar a los pueblos originarios que allí habitan.
Cabe destacar que con los alegatos en el Tercer Tribunal Ambiental se acaba el proceso de agregar antecedentes contra la empresa Energía Austral, de capitales suizos y australianos, y ahora los jueces deberán deliberar el futuro del plan energético, decisión que podría demorarse hasta un año.
Este miércoles se desarrollaron los alegatos en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia donde se enfrentaron abogados de las organizaciones y ciudadanos de Aysén con sus pares de representantes del Comité de Ministros que autorizó el proyecto central Río Cuervo.
Recordemos que fue en septiembre de este año que la ciudadanía de la región recurrió a dicha instancia judicial para impugnar la decisión de la instancia gubernamental que, en enero, validó la aprobación del proyecto que nació bajó el mandato de Sebastián Piñera. La reclamación fue presentada por juristas a nombre de la Comisión Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) y la Corporación por la Defensa de la Flora y la Fauna (Codeff) contra la resolución del Consejo de Ministros.
En la oportunidad, el abogado Diego Lillo basó su alegato en que no corresponde avanzar en un embalse de 13 mil hectáreas en una zona de alto riesgo como es la falla Liquiñe-Ofqui, rodeada de volcanes y sin estar definida una Política Energética Regional.
“La prevención y la mitigación de los posibles impactos de la exposición a la actividad sísmica, tanto el informe de Andean Geology como el informe de la Universidad de Chile señalan que estamos frente a una zona vulnerable sísmicamente y que por lo tanto los esfuerzos deberían ser a prevenir los riesgos”, detalló.
Durante el alegato, el jurista agregó que a esto se suma la destrucción de un ecosistema único en el mundo, que incluye la desaparición de dos de los principales lagos de la región: el Yulton y el Meullín.
En contraparte, la abogada representante del Comité de Ministros, Yordana Mehsen, basó su defensa en estudios geológicos que descartan en la zona un riesgo sísmico activado.
Además, indicó que la empresa comunicó la implementación de un plan de reforestación con especies nativas de la zona, que compensaría la inundación del terreno.
“El riesgo de sismicidad se consideró en la evaluación ambiental y, en consecuencia, se implementó este plan de monitoreo y alerta temprana y se complementó luego por el Comité de Ministros. Esto en el marco de la sismicidad propia de la zona en que se emplaza el proyecto, es decir, considerando que existe un riesgo sísmico asociado a fenómenos naturales, no como un supuesto efecto, como dice la parte reclamante de la sismicidad activada o inducida”.
Para Peter Hartmann, director de la filial Aysén de Codeff, el proyecto Río Cuervo dista mucho de los últimos postulados del gobierno respecto a utilizar energías renovables no convencionales.
Además, destacó negativamente la asesoría que está haciendo el formalizado ex ministro de Sebastián Piñera, Pablo Longueira, a la empresa dueña del proyecto, con el fin de anexar río Cuervo con su tendido eléctrico asociado. La transmisión, que aún no se ha presentado a evaluación, se proyectaría por Argentina para ingresar a Chile en alguna zona del centro-sur del país.
“El gobierno por un lado se comprometió por una Patagonia sin represas, pero por otro lado terminó aprobando este proyecto, creemos que es debido a que la oposición ha bajado, por eso lo vieron políticamente más viable y además porque el Ministerio de Energía quiere sumar hidroeléctricas en la matriz, para ello les da lo mismo cuales sean, mejor si son empresas que no conforman el monopolio energético, ya que da más competencia al sistema”, aseveró.
Peter Hartmann recalcó que la Central Río Cuervo se sustenta en una deficiente evaluación geológica y sísmica incumpliendo el Convenio 169 de la OIT, sobre consultar a los pueblos originarios que allí habitan.
Cabe destacar que con los alegatos en el Tercer Tribunal Ambiental se acaba el proceso de agregar antecedentes contra la empresa Energía Austral, de capitales suizos y australianos, y ahora los jueces deberán deliberar el futuro del plan energético, decisión que podría demorarse hasta un año.
Este miércoles se desarrollaron los alegatos en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia donde se enfrentaron abogados de las organizaciones y ciudadanos de Aysén con sus pares de representantes del Comité de Ministros que autorizó el proyecto central Río Cuervo.
Recordemos que fue en septiembre de este año que la ciudadanía de la región recurrió a dicha instancia judicial para impugnar la decisión de la instancia gubernamental que, en enero, validó la aprobación del proyecto que nació bajó el mandato de Sebastián Piñera. La reclamación fue presentada por juristas a nombre de la Comisión Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) y la Corporación por la Defensa de la Flora y la Fauna (Codeff) contra la resolución del Consejo de Ministros.
En la oportunidad, el abogado Diego Lillo basó su alegato en que no corresponde avanzar en un embalse de 13 mil hectáreas en una zona de alto riesgo como es la falla Liquiñe-Ofqui, rodeada de volcanes y sin estar definida una Política Energética Regional.
“La prevención y la mitigación de los posibles impactos de la exposición a la actividad sísmica, tanto el informe de Andean Geology como el informe de la Universidad de Chile señalan que estamos frente a una zona vulnerable sísmicamente y que por lo tanto los esfuerzos deberían ser a prevenir los riesgos”, detalló.
Durante el alegato, el jurista agregó que a esto se suma la destrucción de un ecosistema único en el mundo, que incluye la desaparición de dos de los principales lagos de la región: el Yulton y el Meullín.
En contraparte, la abogada representante del Comité de Ministros, Yordana Mehsen, basó su defensa en estudios geológicos que descartan en la zona un riesgo sísmico activado.
Además, indicó que la empresa comunicó la implementación de un plan de reforestación con especies nativas de la zona, que compensaría la inundación del terreno.
“El riesgo de sismicidad se consideró en la evaluación ambiental y, en consecuencia, se implementó este plan de monitoreo y alerta temprana y se complementó luego por el Comité de Ministros. Esto en el marco de la sismicidad propia de la zona en que se emplaza el proyecto, es decir, considerando que existe un riesgo sísmico asociado a fenómenos naturales, no como un supuesto efecto, como dice la parte reclamante de la sismicidad activada o inducida”.
Para Peter Hartmann, director de la filial Aysén de Codeff, el proyecto Río Cuervo dista mucho de los últimos postulados del gobierno respecto a utilizar energías renovables no convencionales.
Además, destacó negativamente la asesoría que está haciendo el formalizado ex ministro de Sebastián Piñera, Pablo Longueira, a la empresa dueña del proyecto, con el fin de anexar río Cuervo con su tendido eléctrico asociado. La transmisión, que aún no se ha presentado a evaluación, se proyectaría por Argentina para ingresar a Chile en alguna zona del centro-sur del país.
“El gobierno por un lado se comprometió por una Patagonia sin represas, pero por otro lado terminó aprobando este proyecto, creemos que es debido a que la oposición ha bajado, por eso lo vieron políticamente más viable y además porque el Ministerio de Energía quiere sumar hidroeléctricas en la matriz, para ello les da lo mismo cuales sean, mejor si son empresas que no conforman el monopolio energético, ya que da más competencia al sistema”, aseveró.
Peter Hartmann recalcó que la Central Río Cuervo se sustenta en una deficiente evaluación geológica y sísmica incumpliendo el Convenio 169 de la OIT, sobre consultar a los pueblos originarios que allí habitan.
Cabe destacar que con los alegatos en el Tercer Tribunal Ambiental se acaba el proceso de agregar antecedentes contra la empresa Energía Austral, de capitales suizos y australianos, y ahora los jueces deberán deliberar el futuro del plan energético, decisión que podría demorarse hasta un año.
