Este jueves se dio a conocer que al menos cinco AFP que operan en la actualidad habrían realizado inversiones ilegales por US$ 120 millones con los fondos de los cotizantes.
Esto, según oficios de la Superintendencia de Pensiones en los que se detalla una serie de operaciones realizadas por las administradoras tanto dentro como fuera del país, en donde se excedieron los límites de inversión en varios millones de dólares.
Sin embargo, desde la entidad que regula a las administradoras, se decidió no denunciar estos hechos a la Fiscalía, sino que simplemente cursarles multas. El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, aseguró que las inversiones realizadas por las AFP no serían ilegales, sino que faltas administrativas, razón por lo que no correspondería denunciar esta situación a la Justicia.
“Lo que veo ahí en principio es que son infracciones administrativas que han sido sancionadas por la Superintendencia, han sido multadas las administradoras. La Superintendencia no informa a la Justicia cuando no hay delito, entonces son faltas administrativas que son sancionadas con multas a beneficio fiscal por parte de la Superintendencia. Son ilegales, es una transgresión a la ley y dado eso hay una multa. Las transgresiones al 3.500 son faltas administrativas”, dijo.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, afirmó que a partir de esta información se puede estar abriendo una “caja de pandora” respecto de lo que ocurre con las inversiones de las administradoras.
En relación al rol de la Superintendencia de Pensiones, tomando en cuenta lo ocurrido con la fusión de las AFP Cuprum y Provida, el economista lo calificó como peligroso:“Creo que hace tiempo ,ya que la Superintendencia de Pensiones está en la lupa, está en la mira, está en entredicho lo que es su capacidad de fiscalización y el rol que tiene la Superintendencia es bastante secundario y eso es bastante peligroso sobre todo para una industria que moviliza el 70, el 80 por ciento del PIB de nuestro país”, destacó.
Según lo informado en El Desconcierto, las operaciones realizadas en gran parte en 2007, habrían sido hechas cuando líderes políticos de la ex Concertación ocupaban cargos en los directorios de las AFP, entre ellos, la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón (Provida) y el ex presidente de la Fundación Salvador Allende, Osvaldo Puccio.
Al respecto, Durán manifestó que esto demuestra la complicidad entre el poder económico y el poder político -sea del oficialismo o la oposición-, por lo que aseguró que ningún cambio profundo en el actual sistema va a provenir desde estos sectores.
En esa misma línea, la vocera de la Coordinadora NO+AFP, Carolina Espinoza, subrayó la necesidad de fortalecer la movilización social durante este año para presionar y generar estas trasformaciones.
Asimismo, la dirigenta cuestionó la labor de la entidad reguladora de las AFP, manifestando que no existe un real rol fiscalizador, sino que sólo de administrar de manera simbólica.
“El decreto 3.500 está hecho a la medida de permitir el abuso del cual hoy somos víctimas, de eso no cabe duda. El tema es que existiendo organismos cuya función dentro del aparato del Estado es justamente fiscalizar, supervisar. Estos no cumplen la función de fondo para la cual fueron creadas y básicamente se dedican a administrar casi de manera figurativa”, apuntó.
En el mundo político manifestaron que estos hechos demuestran que “las AFP son un modelo de negocio y no un sistema previsional” y pidieron acelerar el proceso de elaboración de una reforma previsional.
Este jueves se dio a conocer que al menos cinco AFP que operan en la actualidad habrían realizado inversiones ilegales por US$ 120 millones con los fondos de los cotizantes.
Esto, según oficios de la Superintendencia de Pensiones en los que se detalla una serie de operaciones realizadas por las administradoras tanto dentro como fuera del país, en donde se excedieron los límites de inversión en varios millones de dólares.
Sin embargo, desde la entidad que regula a las administradoras, se decidió no denunciar estos hechos a la Fiscalía, sino que simplemente cursarles multas. El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, aseguró que las inversiones realizadas por las AFP no serían ilegales, sino que faltas administrativas, razón por lo que no correspondería denunciar esta situación a la Justicia.
“Lo que veo ahí en principio es que son infracciones administrativas que han sido sancionadas por la Superintendencia, han sido multadas las administradoras. La Superintendencia no informa a la Justicia cuando no hay delito, entonces son faltas administrativas que son sancionadas con multas a beneficio fiscal por parte de la Superintendencia. Son ilegales, es una transgresión a la ley y dado eso hay una multa. Las transgresiones al 3.500 son faltas administrativas”, dijo.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, afirmó que a partir de esta información se puede estar abriendo una “caja de pandora” respecto de lo que ocurre con las inversiones de las administradoras.
En relación al rol de la Superintendencia de Pensiones, tomando en cuenta lo ocurrido con la fusión de las AFP Cuprum y Provida, el economista lo calificó como peligroso:“Creo que hace tiempo ,ya que la Superintendencia de Pensiones está en la lupa, está en la mira, está en entredicho lo que es su capacidad de fiscalización y el rol que tiene la Superintendencia es bastante secundario y eso es bastante peligroso sobre todo para una industria que moviliza el 70, el 80 por ciento del PIB de nuestro país”, destacó.
Según lo informado en El Desconcierto, las operaciones realizadas en gran parte en 2007, habrían sido hechas cuando líderes políticos de la ex Concertación ocupaban cargos en los directorios de las AFP, entre ellos, la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón (Provida) y el ex presidente de la Fundación Salvador Allende, Osvaldo Puccio.
Al respecto, Durán manifestó que esto demuestra la complicidad entre el poder económico y el poder político -sea del oficialismo o la oposición-, por lo que aseguró que ningún cambio profundo en el actual sistema va a provenir desde estos sectores.
En esa misma línea, la vocera de la Coordinadora NO+AFP, Carolina Espinoza, subrayó la necesidad de fortalecer la movilización social durante este año para presionar y generar estas trasformaciones.
Asimismo, la dirigenta cuestionó la labor de la entidad reguladora de las AFP, manifestando que no existe un real rol fiscalizador, sino que sólo de administrar de manera simbólica.
“El decreto 3.500 está hecho a la medida de permitir el abuso del cual hoy somos víctimas, de eso no cabe duda. El tema es que existiendo organismos cuya función dentro del aparato del Estado es justamente fiscalizar, supervisar. Estos no cumplen la función de fondo para la cual fueron creadas y básicamente se dedican a administrar casi de manera figurativa”, apuntó.
En el mundo político manifestaron que estos hechos demuestran que “las AFP son un modelo de negocio y no un sistema previsional” y pidieron acelerar el proceso de elaboración de una reforma previsional.
Este jueves se dio a conocer que al menos cinco AFP que operan en la actualidad habrían realizado inversiones ilegales por US$ 120 millones con los fondos de los cotizantes.
Esto, según oficios de la Superintendencia de Pensiones en los que se detalla una serie de operaciones realizadas por las administradoras tanto dentro como fuera del país, en donde se excedieron los límites de inversión en varios millones de dólares.
Sin embargo, desde la entidad que regula a las administradoras, se decidió no denunciar estos hechos a la Fiscalía, sino que simplemente cursarles multas. El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, aseguró que las inversiones realizadas por las AFP no serían ilegales, sino que faltas administrativas, razón por lo que no correspondería denunciar esta situación a la Justicia.
“Lo que veo ahí en principio es que son infracciones administrativas que han sido sancionadas por la Superintendencia, han sido multadas las administradoras. La Superintendencia no informa a la Justicia cuando no hay delito, entonces son faltas administrativas que son sancionadas con multas a beneficio fiscal por parte de la Superintendencia. Son ilegales, es una transgresión a la ley y dado eso hay una multa. Las transgresiones al 3.500 son faltas administrativas”, dijo.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, afirmó que a partir de esta información se puede estar abriendo una “caja de pandora” respecto de lo que ocurre con las inversiones de las administradoras.
En relación al rol de la Superintendencia de Pensiones, tomando en cuenta lo ocurrido con la fusión de las AFP Cuprum y Provida, el economista lo calificó como peligroso:“Creo que hace tiempo ,ya que la Superintendencia de Pensiones está en la lupa, está en la mira, está en entredicho lo que es su capacidad de fiscalización y el rol que tiene la Superintendencia es bastante secundario y eso es bastante peligroso sobre todo para una industria que moviliza el 70, el 80 por ciento del PIB de nuestro país”, destacó.
Según lo informado en El Desconcierto, las operaciones realizadas en gran parte en 2007, habrían sido hechas cuando líderes políticos de la ex Concertación ocupaban cargos en los directorios de las AFP, entre ellos, la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón (Provida) y el ex presidente de la Fundación Salvador Allende, Osvaldo Puccio.
Al respecto, Durán manifestó que esto demuestra la complicidad entre el poder económico y el poder político -sea del oficialismo o la oposición-, por lo que aseguró que ningún cambio profundo en el actual sistema va a provenir desde estos sectores.
En esa misma línea, la vocera de la Coordinadora NO+AFP, Carolina Espinoza, subrayó la necesidad de fortalecer la movilización social durante este año para presionar y generar estas trasformaciones.
Asimismo, la dirigenta cuestionó la labor de la entidad reguladora de las AFP, manifestando que no existe un real rol fiscalizador, sino que sólo de administrar de manera simbólica.
“El decreto 3.500 está hecho a la medida de permitir el abuso del cual hoy somos víctimas, de eso no cabe duda. El tema es que existiendo organismos cuya función dentro del aparato del Estado es justamente fiscalizar, supervisar. Estos no cumplen la función de fondo para la cual fueron creadas y básicamente se dedican a administrar casi de manera figurativa”, apuntó.
En el mundo político manifestaron que estos hechos demuestran que “las AFP son un modelo de negocio y no un sistema previsional” y pidieron acelerar el proceso de elaboración de una reforma previsional.
