Las políticas universitarias para enfrentar los casos de acoso sexual
Los casos de acoso sexual al interior de la Universidad de Chile agudizaron un problema que se arrastra hace años: que las mujeres, al igual que en la sociedad, son excluidas y víctimas de violencia. Protocolos, normas y marcos institucionales, son algunas de las políticas que están adoptando las Universidades para hacer frente al conflicto.
Victoria Viñals
Lunes 9 de enero 2017 8:35 hrs.
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Cuando a mediados del año pasado se reunieron todas las Secretarías de Sexualidad y Género (Sesegen) tenían como único objetivo cuantificar, determinar un número, sumar uno a uno los casos de acoso sexual en la Universidad de Chile.
El resultado de ese primer catastro arrojó que ocho unidades académicas tenían casos en dos variables, cometidos por profesores a estudiantes y entre estudiantes. Las facultades involucradas eran las de Ciencias, Artes, Ciencias Sociales, de Ciencias Físicas y Matemáticas, Derecho, Veterinaria y en el Instituto de Asuntos Públicos. La Facultad de Filosofía y Humanidades obtuvo el primer lugar de un indigno ranking con 7 casos de acoso sexual de estudiantes a estudiantes y tres profesores denunciados, en algunos casos por más de una estudiante.
Si bien las conductas de acoso variaban según el contexto de cada carrera, había situaciones que se repetían en todas. Estudiantes acosando a compañeras en estado de ebriedad en fiestas, incluso dentro de las dependencias de la universidad. Profesores realizando toda clase de comentarios inadecuados sobre la apariencia y los cuerpos de las estudiantes, ofreciendo favores académicos, que luego tenían que ser pagados con altas exigencias.
Lo que a estas alturas se ha transformado en un movimiento contra el acoso sexual en la Universidad de Chile, nació con la organización de las y los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades a raíz del caso del académico Fernando Ramírez. Meses antes del primer catastro, la estudiante María Ignacia León en conjunto con la Sesegen y el Comité de Ética de la Facultad, denunciaron al profesor y después de un complejo proceso sumario, fue desvinculado.
La lucha porque ese caso llegara a buen puerto, inició un proceso en que muchos nuevos casos salieron a la luz. A raíz de la urgencia, se constituyó también una Sesegen de la propia Fech que permitiera unificar los trabajos de base que se venían realizando ante situaciones de violencia de género.
Los 19 casos públicos de acoso sexual que detectó el trabajo conjunto de las Sesegen, fue el primer paso en la cuantificaciòn y determinación del tema. “Empezamos caso por caso a hablar de cada uno de ellos y eran muy concretos los casos que estábamos recogiendo como secretaria. En ese momento era muy importante tomar cada caso desde la individualidad, de hacernos cargo de cada uno de ellos”, explica Bárbara Brito, vicepresidenta de la Fech e integrante de la Sesegen.
Un problema histórico
En 2012 la Universidad de Chile conformó su primera comisión de Igualdad de Oportunidades. Ahí se realizó un análisis sobre la situación de las mujeres en comparación con la de los hombres dentro de la casa de estudios. El equipo, conformado por representantes de los tres estamentos, llegó a la conclusión de que existían profundas desigualdades de género en la Universidad. Una de las medidas que sugirió fue crear un órgano permanente de análisis de problemas de género e implementación de políticas paliativas a corto, mediano y largo plazo.
Ese fue el inicio de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, el primer “mecanismo de género” universitario del país. Tuvo como primer objetivo profundizar los análisis realizados por el diagnóstico preliminar y proponer políticas universitarias para solucionar los problemas detectados en el informe.
En enero del 2014 la Oficina, presidida desde sus comienzos por la socióloga y ex ministra del Sernam, Carmen Andrade, entregó los resultados del primer estudio con estas características en la Universidad. Los resultados fueron lapidarios: había problemas paritarios graves que permanecían invisibles a los ojos de las autoridades y de la propia comunidad. En términos generales el estudio apuntó que pese a la presencia igualitaria de mujeres y de hombres, había diferencias de género relacionadas con las funciones y los cargos.
Si bien, en el estamento de los funcionarios se detectó mayor presencia de mujeres y a nivel de alumnos hubo resultados similares en cuanto a la matrícula, en el caso de la academia existía una clara diferencia donde la participación de mujeres estaba muy por debajo de la de los hombres.
En este sentido, se identificaron dos criterios para explicar esta disparidad. La primera titulada “segregación horizontal”, se refirió a la concentración de las mujeres en ciertas áreas que le son socialmente asignadas, como el cuidado de niños y enfermos. En este punto se constató que, si bien han entrado masivamente a la universidad, las mujeres se siguen concentrando en las mismas Facultades y en las mismas carreras, que coincidentemente son las que tienen menores salarios, como educación y salud.
Por su parte, la llamada “segmentación vertical” tenía que ver con que las mujeres ocupan los cargos menos altos en las escalas de jerarquía tanto a nivel académico como a nivel de funcionarios. Además, las mujeres recibían sistemáticamente un salario menor al de los hombres, en casos en que tienen las mismas funciones y equivalente formación académica
Otro aspecto relevante del informe tiene que ver con la compatibilización del aspecto familiar y laboral, en específico con el cuidado de los hijos, que parece ser una labor social y culturalmente propia y exclusiva de las mujeres.
En este sentido, el informe dio cuenta de que la desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, tenía un correlato directo con lo que estaba ocurriendo en la Universidad de Chile.
Los casos de acoso agudizaron esta constatación.
Sacar la basura bajo la alfombra
El 9 de marzo de 2015, en la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se lanzó el manual Orientaciones para enfrentar el acoso sexual en la Universidad de Chile. El material elaborado por Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género es un informativo respecto al acoso sexual a nivel social, acotado al ámbito universitario. El texto se propone definir y aclarar el concepto de acoso sexual dado que, como señala, “dentro de nuestra cultura hay conductas abusivas tan naturalizadas que incluso quienes son víctimas de ellas o las presencian no las reconocen nítidamente como ejemplos de acoso”.
El conocimiento público de los casos de acoso sexual remeció a todas las Facultades e Institutos. Los rayados en las paredes de los baños, las denuncias por redes sociales, la aparición de reportajes de investigación y los rumores de pasillo calaron hondo en la comunidad universitaria. Esto hizo necesario generar nuevas instancias, más completas y profundas para enfrentar el tema.
Así, a principios de junio de 2016 se presentó la propuesta de modificación al reglamento de estudiantes. La iniciativa surgió de quien entonces era presidenta de la Fech, Camila Rojas, en conjunto con otros doce senadores de la instancia, incluyendo al Rector Ennio Vivaldi.
Este reglamento aportó con tres elementos relevantes: se le quitó el sesgo de género, siendo reemplazado por un lenguaje inclusivo. Se definieron, siguiendo el Código del Trabajo y la ley Zamudio, los conceptos de acoso y discriminación; y finalmente se hizo extensivo para cualquier persona que tuviera una relación con la universidad no estamentaria, como trabajadores a honorarios, etc.
Del Protocolo a la Política integral
Otra de las medidas que ha tomado la Universidad para abordar estos casos, fue la de establecer una Mesa contra el Acoso Sexual, constituida por el vicerector Juan Cortés, la Oficina de Género, la Vicerectoria de Extensión y Comunicaciones, la Dirección Jurídica, la Fech e integrantes de Sesegen.
En esta mesa, se elaboró el primer protocolo contra el acoso sexual con el fin de encausar todo lo que dice actualmente el estatuto administrativo, en un mismo documento en donde se le cuente a las personas, ya sean autoridades, víctimas y victimarios, cual es el procedimiento a seguir frente a una denuncia de acoso sexual. Dice lo que ya existe y el conducto a seguir, pero mejorando algunos elementos como los plazos en torno a los procedimientos sumarios, la información que se le debe dar a la víctima, etc. Se trata en definitiva, de un protocolo que esclarece, informa y norma el proceso para que se realice de una manera justa y sin revictimizar a las víctimas.
El pasado martes 3 de enero se aprobó en el Consejo Universitario el Protocolo de Procedimiento Contra el Acoso Sexual. “Su importancia es que es una herramienta que sirve para acoger las denuncias de nuestras compañeras. Antes no existía ningún tipo de mecanismo o protocolo para poder canalizar estas denuncias, entonces se quedaban mucho al arbitrio de las distintas secretarias de género de las distintas facultades, o de la Oficina de Igualdad de Género y tampoco tenían donde llegar”, explica Bárbara Brito.
“Se pasaban a través de procesos de sumarios que no sabíamos cuando empezaban, cuando terminaban. Bueno, ahora el protocolo de procedimiento nos ayuda a tener las reglas claras, y a que pueda existir una vía para que nuestras compañeras puedan denunciar”, apuntó.
Además, el mismo martes 3 se presentó la Política Integral contra el Acoso Sexual. Este documento otorga los lineamientos de cómo se va a trabajar para la erradicación de la violencia de género y el acoso sexual en la Universidad de Chile. De esta forma, el Protocolo constituye uno de los elementos de la Política, de la misma forma que con compone el curso de fiscales para instruir sumarios administrativos por acoso sexual.
Esta política deberá ingresar durante los próximos días para ser votada en el Senado Universitario. Al respecto, el vicepresidente del organismo, Juan Carlos Letelier, afirmó que apenas ingrese, el proyecto será tramitado con la mayor celeridad posible. Además, manifestó estar seguro de que la iniciativa se aprobará y celebró “la creación de una política transversal”.
“Esta Política viene a dar cuenta de que el Procedimiento no es suficiente y que las sanciones o los sumarios tampoco son suficientes, porque el problema del machismo y de la misoginia, y del acoso como una de sus formas, es un problema estructural de la sociedad en que vivimos. Es muy importante que podamos tener políticas preventivas y de educación, que lleven a combatir las prácticas de acoso sexual que existen hoy en la Universidad. Para eso está enfocada la Política Integral, para poder enfrentar un problema que es social”, concluyó la vicepresidenta de la Fech.
Preocupación y medidas transversales
El acoso sexual fue un asunto que marcó la agenda de las universidades durante, al menos, todo el 2016. Radio y Diario Universidad de Chile se comunicó por correo electrónico con los Directores de Comunicaciones o Jefes de Prensa de todas las universidades estatales y tradicionales del país. De un total de 26 universidades consultadas (se excluyó a la Universidad de Chile, donde se entrevistaron y consultaron fuentes específicas), sólo cinco proporcionaron información respecto a las políticas o medidas ante casos de caso de acoso con que contaban sus instituciones.
La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce) cuenta actualmente con una propuesta de protocolo que acaba de ser remitida al Rector por una Comisión de Trabajo ad hoc integrada por académicos y estudiantes. Se espera que esté aprobada en el primer semestre de 2017. Además, cuenta con una propuesta para formar una Comisión Antidiscriminación de corte triestamental, que reciba las denuncias correspondientes ante casos de acoso.
Por otra parte, se está gestionando la creación de una Oficina de No Discriminación, encargada de llevar adelante una política institucional de no discriminación en general. En este momento no hay ninguna denuncia en curso.
En el caso de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, actualmente no existen procedimientos especìficos para el acoso sexual. Pese a esto, existen procedimientos institucionales para atender casos de acoso o violencia de distinto tipo que puedan ocurrir al interior de la Universidad. En éstos concurren coordinadamente distintas direcciones y unidades administrativas. La institución tiene normativas y reglamentos a nivel de estudiantes, docentes y trabajadores que permiten conducir y atender denuncias de acoso sexual.
Aún así se ha establecido un espacio de trabajo con los distintos estamentos que componen la comunidad universitaria con el objeto de actualizar la normativa y, al mismo tiempo, elaborar e implementar nuevos procedimientos para atender institucionalmente el asunto. Actualmente hay una denuncia sobre acoso en curso.
La Universidad de Concepción constituye un caso particular. Existe un reglamento especial, relativo a casos de acoso sexual a nivel de trabajadores. En los artículos 60 y 61 del Reglamento de personal se explica qué se entiende por acoso y se consagra dicho reglamento especial, que figura al final del Reglamento de Personal, especificando las formas de denuncia y los procedimientos a seguir.
En cuanto al acoso sexual de parte de profesores a estudiantes, a fines del año pasado se constituyó formalmente una comisión de género (que preside la profesora y ex ministra de Sernam, Cecilia Pérez), que pretende abordar la temática en forma transversal, y entre otros temas específicos que está trabajando se encuentra el del acoso. Esta comisión la conforman académicas especialistas en Género y derechos humanos, representantes de los estudiantes y de la Rectoría.
Actualmente, no existen denuncias formales de acoso sexual en la Fiscalía interna de la Universidad, ni tampoco ha habido alguna en los últimos años.
Hace un mes el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, junto a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, firmaron un acuerdo que constituye una mesa de trabajo entre ambas instituciones para colaborar en la creación de un protocolo de actuación en caso de situaciones de acoso.
La instancia consiste en una asesoría técnica a los integrantes de la mesa, medida que obedece a la decisión de relevar la acción transversal en torno a la perspectiva de género en el ámbito universitario.
Cuando a mediados del año pasado se reunieron todas las Secretarías de Sexualidad y Género (Sesegen) tenían como único objetivo cuantificar, determinar un número, sumar uno a uno los casos de acoso sexual en la Universidad de Chile.
El resultado de ese primer catastro arrojó que ocho unidades académicas tenían casos en dos variables, cometidos por profesores a estudiantes y entre estudiantes. Las facultades involucradas eran las de Ciencias, Artes, Ciencias Sociales, de Ciencias Físicas y Matemáticas, Derecho, Veterinaria y en el Instituto de Asuntos Públicos. La Facultad de Filosofía y Humanidades obtuvo el primer lugar de un indigno ranking con 7 casos de acoso sexual de estudiantes a estudiantes y tres profesores denunciados, en algunos casos por más de una estudiante.
Si bien las conductas de acoso variaban según el contexto de cada carrera, había situaciones que se repetían en todas. Estudiantes acosando a compañeras en estado de ebriedad en fiestas, incluso dentro de las dependencias de la universidad. Profesores realizando toda clase de comentarios inadecuados sobre la apariencia y los cuerpos de las estudiantes, ofreciendo favores académicos, que luego tenían que ser pagados con altas exigencias.
Lo que a estas alturas se ha transformado en un movimiento contra el acoso sexual en la Universidad de Chile, nació con la organización de las y los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades a raíz del caso del académico Fernando Ramírez. Meses antes del primer catastro, la estudiante María Ignacia León en conjunto con la Sesegen y el Comité de Ética de la Facultad, denunciaron al profesor y después de un complejo proceso sumario, fue desvinculado.
La lucha porque ese caso llegara a buen puerto, inició un proceso en que muchos nuevos casos salieron a la luz. A raíz de la urgencia, se constituyó también una Sesegen de la propia Fech que permitiera unificar los trabajos de base que se venían realizando ante situaciones de violencia de género.
Los 19 casos públicos de acoso sexual que detectó el trabajo conjunto de las Sesegen, fue el primer paso en la cuantificaciòn y determinación del tema. “Empezamos caso por caso a hablar de cada uno de ellos y eran muy concretos los casos que estábamos recogiendo como secretaria. En ese momento era muy importante tomar cada caso desde la individualidad, de hacernos cargo de cada uno de ellos”, explica Bárbara Brito, vicepresidenta de la Fech e integrante de la Sesegen.
Un problema histórico
En 2012 la Universidad de Chile conformó su primera comisión de Igualdad de Oportunidades. Ahí se realizó un análisis sobre la situación de las mujeres en comparación con la de los hombres dentro de la casa de estudios. El equipo, conformado por representantes de los tres estamentos, llegó a la conclusión de que existían profundas desigualdades de género en la Universidad. Una de las medidas que sugirió fue crear un órgano permanente de análisis de problemas de género e implementación de políticas paliativas a corto, mediano y largo plazo.
Ese fue el inicio de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, el primer “mecanismo de género” universitario del país. Tuvo como primer objetivo profundizar los análisis realizados por el diagnóstico preliminar y proponer políticas universitarias para solucionar los problemas detectados en el informe.
En enero del 2014 la Oficina, presidida desde sus comienzos por la socióloga y ex ministra del Sernam, Carmen Andrade, entregó los resultados del primer estudio con estas características en la Universidad. Los resultados fueron lapidarios: había problemas paritarios graves que permanecían invisibles a los ojos de las autoridades y de la propia comunidad. En términos generales el estudio apuntó que pese a la presencia igualitaria de mujeres y de hombres, había diferencias de género relacionadas con las funciones y los cargos.
Si bien, en el estamento de los funcionarios se detectó mayor presencia de mujeres y a nivel de alumnos hubo resultados similares en cuanto a la matrícula, en el caso de la academia existía una clara diferencia donde la participación de mujeres estaba muy por debajo de la de los hombres.
En este sentido, se identificaron dos criterios para explicar esta disparidad. La primera titulada “segregación horizontal”, se refirió a la concentración de las mujeres en ciertas áreas que le son socialmente asignadas, como el cuidado de niños y enfermos. En este punto se constató que, si bien han entrado masivamente a la universidad, las mujeres se siguen concentrando en las mismas Facultades y en las mismas carreras, que coincidentemente son las que tienen menores salarios, como educación y salud.
Por su parte, la llamada “segmentación vertical” tenía que ver con que las mujeres ocupan los cargos menos altos en las escalas de jerarquía tanto a nivel académico como a nivel de funcionarios. Además, las mujeres recibían sistemáticamente un salario menor al de los hombres, en casos en que tienen las mismas funciones y equivalente formación académica
Otro aspecto relevante del informe tiene que ver con la compatibilización del aspecto familiar y laboral, en específico con el cuidado de los hijos, que parece ser una labor social y culturalmente propia y exclusiva de las mujeres.
En este sentido, el informe dio cuenta de que la desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, tenía un correlato directo con lo que estaba ocurriendo en la Universidad de Chile.
Los casos de acoso agudizaron esta constatación.
Sacar la basura bajo la alfombra
El 9 de marzo de 2015, en la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se lanzó el manual Orientaciones para enfrentar el acoso sexual en la Universidad de Chile. El material elaborado por Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género es un informativo respecto al acoso sexual a nivel social, acotado al ámbito universitario. El texto se propone definir y aclarar el concepto de acoso sexual dado que, como señala, “dentro de nuestra cultura hay conductas abusivas tan naturalizadas que incluso quienes son víctimas de ellas o las presencian no las reconocen nítidamente como ejemplos de acoso”.
El conocimiento público de los casos de acoso sexual remeció a todas las Facultades e Institutos. Los rayados en las paredes de los baños, las denuncias por redes sociales, la aparición de reportajes de investigación y los rumores de pasillo calaron hondo en la comunidad universitaria. Esto hizo necesario generar nuevas instancias, más completas y profundas para enfrentar el tema.
Así, a principios de junio de 2016 se presentó la propuesta de modificación al reglamento de estudiantes. La iniciativa surgió de quien entonces era presidenta de la Fech, Camila Rojas, en conjunto con otros doce senadores de la instancia, incluyendo al Rector Ennio Vivaldi.
Este reglamento aportó con tres elementos relevantes: se le quitó el sesgo de género, siendo reemplazado por un lenguaje inclusivo. Se definieron, siguiendo el Código del Trabajo y la ley Zamudio, los conceptos de acoso y discriminación; y finalmente se hizo extensivo para cualquier persona que tuviera una relación con la universidad no estamentaria, como trabajadores a honorarios, etc.
Del Protocolo a la Política integral
Otra de las medidas que ha tomado la Universidad para abordar estos casos, fue la de establecer una Mesa contra el Acoso Sexual, constituida por el vicerector Juan Cortés, la Oficina de Género, la Vicerectoria de Extensión y Comunicaciones, la Dirección Jurídica, la Fech e integrantes de Sesegen.
En esta mesa, se elaboró el primer protocolo contra el acoso sexual con el fin de encausar todo lo que dice actualmente el estatuto administrativo, en un mismo documento en donde se le cuente a las personas, ya sean autoridades, víctimas y victimarios, cual es el procedimiento a seguir frente a una denuncia de acoso sexual. Dice lo que ya existe y el conducto a seguir, pero mejorando algunos elementos como los plazos en torno a los procedimientos sumarios, la información que se le debe dar a la víctima, etc. Se trata en definitiva, de un protocolo que esclarece, informa y norma el proceso para que se realice de una manera justa y sin revictimizar a las víctimas.
El pasado martes 3 de enero se aprobó en el Consejo Universitario el Protocolo de Procedimiento Contra el Acoso Sexual. “Su importancia es que es una herramienta que sirve para acoger las denuncias de nuestras compañeras. Antes no existía ningún tipo de mecanismo o protocolo para poder canalizar estas denuncias, entonces se quedaban mucho al arbitrio de las distintas secretarias de género de las distintas facultades, o de la Oficina de Igualdad de Género y tampoco tenían donde llegar”, explica Bárbara Brito.
“Se pasaban a través de procesos de sumarios que no sabíamos cuando empezaban, cuando terminaban. Bueno, ahora el protocolo de procedimiento nos ayuda a tener las reglas claras, y a que pueda existir una vía para que nuestras compañeras puedan denunciar”, apuntó.
Además, el mismo martes 3 se presentó la Política Integral contra el Acoso Sexual. Este documento otorga los lineamientos de cómo se va a trabajar para la erradicación de la violencia de género y el acoso sexual en la Universidad de Chile. De esta forma, el Protocolo constituye uno de los elementos de la Política, de la misma forma que con compone el curso de fiscales para instruir sumarios administrativos por acoso sexual.
Esta política deberá ingresar durante los próximos días para ser votada en el Senado Universitario. Al respecto, el vicepresidente del organismo, Juan Carlos Letelier, afirmó que apenas ingrese, el proyecto será tramitado con la mayor celeridad posible. Además, manifestó estar seguro de que la iniciativa se aprobará y celebró “la creación de una política transversal”.
“Esta Política viene a dar cuenta de que el Procedimiento no es suficiente y que las sanciones o los sumarios tampoco son suficientes, porque el problema del machismo y de la misoginia, y del acoso como una de sus formas, es un problema estructural de la sociedad en que vivimos. Es muy importante que podamos tener políticas preventivas y de educación, que lleven a combatir las prácticas de acoso sexual que existen hoy en la Universidad. Para eso está enfocada la Política Integral, para poder enfrentar un problema que es social”, concluyó la vicepresidenta de la Fech.
Preocupación y medidas transversales
El acoso sexual fue un asunto que marcó la agenda de las universidades durante, al menos, todo el 2016. Radio y Diario Universidad de Chile se comunicó por correo electrónico con los Directores de Comunicaciones o Jefes de Prensa de todas las universidades estatales y tradicionales del país. De un total de 26 universidades consultadas (se excluyó a la Universidad de Chile, donde se entrevistaron y consultaron fuentes específicas), sólo cinco proporcionaron información respecto a las políticas o medidas ante casos de caso de acoso con que contaban sus instituciones.
La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce) cuenta actualmente con una propuesta de protocolo que acaba de ser remitida al Rector por una Comisión de Trabajo ad hoc integrada por académicos y estudiantes. Se espera que esté aprobada en el primer semestre de 2017. Además, cuenta con una propuesta para formar una Comisión Antidiscriminación de corte triestamental, que reciba las denuncias correspondientes ante casos de acoso.
Por otra parte, se está gestionando la creación de una Oficina de No Discriminación, encargada de llevar adelante una política institucional de no discriminación en general. En este momento no hay ninguna denuncia en curso.
En el caso de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, actualmente no existen procedimientos especìficos para el acoso sexual. Pese a esto, existen procedimientos institucionales para atender casos de acoso o violencia de distinto tipo que puedan ocurrir al interior de la Universidad. En éstos concurren coordinadamente distintas direcciones y unidades administrativas. La institución tiene normativas y reglamentos a nivel de estudiantes, docentes y trabajadores que permiten conducir y atender denuncias de acoso sexual.
Aún así se ha establecido un espacio de trabajo con los distintos estamentos que componen la comunidad universitaria con el objeto de actualizar la normativa y, al mismo tiempo, elaborar e implementar nuevos procedimientos para atender institucionalmente el asunto. Actualmente hay una denuncia sobre acoso en curso.
La Universidad de Concepción constituye un caso particular. Existe un reglamento especial, relativo a casos de acoso sexual a nivel de trabajadores. En los artículos 60 y 61 del Reglamento de personal se explica qué se entiende por acoso y se consagra dicho reglamento especial, que figura al final del Reglamento de Personal, especificando las formas de denuncia y los procedimientos a seguir.
En cuanto al acoso sexual de parte de profesores a estudiantes, a fines del año pasado se constituyó formalmente una comisión de género (que preside la profesora y ex ministra de Sernam, Cecilia Pérez), que pretende abordar la temática en forma transversal, y entre otros temas específicos que está trabajando se encuentra el del acoso. Esta comisión la conforman académicas especialistas en Género y derechos humanos, representantes de los estudiantes y de la Rectoría.
Actualmente, no existen denuncias formales de acoso sexual en la Fiscalía interna de la Universidad, ni tampoco ha habido alguna en los últimos años.
Hace un mes el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, junto a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, firmaron un acuerdo que constituye una mesa de trabajo entre ambas instituciones para colaborar en la creación de un protocolo de actuación en caso de situaciones de acoso.
La instancia consiste en una asesoría técnica a los integrantes de la mesa, medida que obedece a la decisión de relevar la acción transversal en torno a la perspectiva de género en el ámbito universitario.
Cuando a mediados del año pasado se reunieron todas las Secretarías de Sexualidad y Género (Sesegen) tenían como único objetivo cuantificar, determinar un número, sumar uno a uno los casos de acoso sexual en la Universidad de Chile.
El resultado de ese primer catastro arrojó que ocho unidades académicas tenían casos en dos variables, cometidos por profesores a estudiantes y entre estudiantes. Las facultades involucradas eran las de Ciencias, Artes, Ciencias Sociales, de Ciencias Físicas y Matemáticas, Derecho, Veterinaria y en el Instituto de Asuntos Públicos. La Facultad de Filosofía y Humanidades obtuvo el primer lugar de un indigno ranking con 7 casos de acoso sexual de estudiantes a estudiantes y tres profesores denunciados, en algunos casos por más de una estudiante.
Si bien las conductas de acoso variaban según el contexto de cada carrera, había situaciones que se repetían en todas. Estudiantes acosando a compañeras en estado de ebriedad en fiestas, incluso dentro de las dependencias de la universidad. Profesores realizando toda clase de comentarios inadecuados sobre la apariencia y los cuerpos de las estudiantes, ofreciendo favores académicos, que luego tenían que ser pagados con altas exigencias.
Lo que a estas alturas se ha transformado en un movimiento contra el acoso sexual en la Universidad de Chile, nació con la organización de las y los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades a raíz del caso del académico Fernando Ramírez. Meses antes del primer catastro, la estudiante María Ignacia León en conjunto con la Sesegen y el Comité de Ética de la Facultad, denunciaron al profesor y después de un complejo proceso sumario, fue desvinculado.
La lucha porque ese caso llegara a buen puerto, inició un proceso en que muchos nuevos casos salieron a la luz. A raíz de la urgencia, se constituyó también una Sesegen de la propia Fech que permitiera unificar los trabajos de base que se venían realizando ante situaciones de violencia de género.
Los 19 casos públicos de acoso sexual que detectó el trabajo conjunto de las Sesegen, fue el primer paso en la cuantificaciòn y determinación del tema. “Empezamos caso por caso a hablar de cada uno de ellos y eran muy concretos los casos que estábamos recogiendo como secretaria. En ese momento era muy importante tomar cada caso desde la individualidad, de hacernos cargo de cada uno de ellos”, explica Bárbara Brito, vicepresidenta de la Fech e integrante de la Sesegen.
Un problema histórico
En 2012 la Universidad de Chile conformó su primera comisión de Igualdad de Oportunidades. Ahí se realizó un análisis sobre la situación de las mujeres en comparación con la de los hombres dentro de la casa de estudios. El equipo, conformado por representantes de los tres estamentos, llegó a la conclusión de que existían profundas desigualdades de género en la Universidad. Una de las medidas que sugirió fue crear un órgano permanente de análisis de problemas de género e implementación de políticas paliativas a corto, mediano y largo plazo.
Ese fue el inicio de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, el primer “mecanismo de género” universitario del país. Tuvo como primer objetivo profundizar los análisis realizados por el diagnóstico preliminar y proponer políticas universitarias para solucionar los problemas detectados en el informe.
En enero del 2014 la Oficina, presidida desde sus comienzos por la socióloga y ex ministra del Sernam, Carmen Andrade, entregó los resultados del primer estudio con estas características en la Universidad. Los resultados fueron lapidarios: había problemas paritarios graves que permanecían invisibles a los ojos de las autoridades y de la propia comunidad. En términos generales el estudio apuntó que pese a la presencia igualitaria de mujeres y de hombres, había diferencias de género relacionadas con las funciones y los cargos.
Si bien, en el estamento de los funcionarios se detectó mayor presencia de mujeres y a nivel de alumnos hubo resultados similares en cuanto a la matrícula, en el caso de la academia existía una clara diferencia donde la participación de mujeres estaba muy por debajo de la de los hombres.
En este sentido, se identificaron dos criterios para explicar esta disparidad. La primera titulada “segregación horizontal”, se refirió a la concentración de las mujeres en ciertas áreas que le son socialmente asignadas, como el cuidado de niños y enfermos. En este punto se constató que, si bien han entrado masivamente a la universidad, las mujeres se siguen concentrando en las mismas Facultades y en las mismas carreras, que coincidentemente son las que tienen menores salarios, como educación y salud.
Por su parte, la llamada “segmentación vertical” tenía que ver con que las mujeres ocupan los cargos menos altos en las escalas de jerarquía tanto a nivel académico como a nivel de funcionarios. Además, las mujeres recibían sistemáticamente un salario menor al de los hombres, en casos en que tienen las mismas funciones y equivalente formación académica
Otro aspecto relevante del informe tiene que ver con la compatibilización del aspecto familiar y laboral, en específico con el cuidado de los hijos, que parece ser una labor social y culturalmente propia y exclusiva de las mujeres.
En este sentido, el informe dio cuenta de que la desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, tenía un correlato directo con lo que estaba ocurriendo en la Universidad de Chile.
Los casos de acoso agudizaron esta constatación.
Sacar la basura bajo la alfombra
El 9 de marzo de 2015, en la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se lanzó el manual Orientaciones para enfrentar el acoso sexual en la Universidad de Chile. El material elaborado por Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género es un informativo respecto al acoso sexual a nivel social, acotado al ámbito universitario. El texto se propone definir y aclarar el concepto de acoso sexual dado que, como señala, “dentro de nuestra cultura hay conductas abusivas tan naturalizadas que incluso quienes son víctimas de ellas o las presencian no las reconocen nítidamente como ejemplos de acoso”.
El conocimiento público de los casos de acoso sexual remeció a todas las Facultades e Institutos. Los rayados en las paredes de los baños, las denuncias por redes sociales, la aparición de reportajes de investigación y los rumores de pasillo calaron hondo en la comunidad universitaria. Esto hizo necesario generar nuevas instancias, más completas y profundas para enfrentar el tema.
Así, a principios de junio de 2016 se presentó la propuesta de modificación al reglamento de estudiantes. La iniciativa surgió de quien entonces era presidenta de la Fech, Camila Rojas, en conjunto con otros doce senadores de la instancia, incluyendo al Rector Ennio Vivaldi.
Este reglamento aportó con tres elementos relevantes: se le quitó el sesgo de género, siendo reemplazado por un lenguaje inclusivo. Se definieron, siguiendo el Código del Trabajo y la ley Zamudio, los conceptos de acoso y discriminación; y finalmente se hizo extensivo para cualquier persona que tuviera una relación con la universidad no estamentaria, como trabajadores a honorarios, etc.
Del Protocolo a la Política integral
Otra de las medidas que ha tomado la Universidad para abordar estos casos, fue la de establecer una Mesa contra el Acoso Sexual, constituida por el vicerector Juan Cortés, la Oficina de Género, la Vicerectoria de Extensión y Comunicaciones, la Dirección Jurídica, la Fech e integrantes de Sesegen.
En esta mesa, se elaboró el primer protocolo contra el acoso sexual con el fin de encausar todo lo que dice actualmente el estatuto administrativo, en un mismo documento en donde se le cuente a las personas, ya sean autoridades, víctimas y victimarios, cual es el procedimiento a seguir frente a una denuncia de acoso sexual. Dice lo que ya existe y el conducto a seguir, pero mejorando algunos elementos como los plazos en torno a los procedimientos sumarios, la información que se le debe dar a la víctima, etc. Se trata en definitiva, de un protocolo que esclarece, informa y norma el proceso para que se realice de una manera justa y sin revictimizar a las víctimas.
El pasado martes 3 de enero se aprobó en el Consejo Universitario el Protocolo de Procedimiento Contra el Acoso Sexual. “Su importancia es que es una herramienta que sirve para acoger las denuncias de nuestras compañeras. Antes no existía ningún tipo de mecanismo o protocolo para poder canalizar estas denuncias, entonces se quedaban mucho al arbitrio de las distintas secretarias de género de las distintas facultades, o de la Oficina de Igualdad de Género y tampoco tenían donde llegar”, explica Bárbara Brito.
“Se pasaban a través de procesos de sumarios que no sabíamos cuando empezaban, cuando terminaban. Bueno, ahora el protocolo de procedimiento nos ayuda a tener las reglas claras, y a que pueda existir una vía para que nuestras compañeras puedan denunciar”, apuntó.
Además, el mismo martes 3 se presentó la Política Integral contra el Acoso Sexual. Este documento otorga los lineamientos de cómo se va a trabajar para la erradicación de la violencia de género y el acoso sexual en la Universidad de Chile. De esta forma, el Protocolo constituye uno de los elementos de la Política, de la misma forma que con compone el curso de fiscales para instruir sumarios administrativos por acoso sexual.
Esta política deberá ingresar durante los próximos días para ser votada en el Senado Universitario. Al respecto, el vicepresidente del organismo, Juan Carlos Letelier, afirmó que apenas ingrese, el proyecto será tramitado con la mayor celeridad posible. Además, manifestó estar seguro de que la iniciativa se aprobará y celebró “la creación de una política transversal”.
“Esta Política viene a dar cuenta de que el Procedimiento no es suficiente y que las sanciones o los sumarios tampoco son suficientes, porque el problema del machismo y de la misoginia, y del acoso como una de sus formas, es un problema estructural de la sociedad en que vivimos. Es muy importante que podamos tener políticas preventivas y de educación, que lleven a combatir las prácticas de acoso sexual que existen hoy en la Universidad. Para eso está enfocada la Política Integral, para poder enfrentar un problema que es social”, concluyó la vicepresidenta de la Fech.
Preocupación y medidas transversales
El acoso sexual fue un asunto que marcó la agenda de las universidades durante, al menos, todo el 2016. Radio y Diario Universidad de Chile se comunicó por correo electrónico con los Directores de Comunicaciones o Jefes de Prensa de todas las universidades estatales y tradicionales del país. De un total de 26 universidades consultadas (se excluyó a la Universidad de Chile, donde se entrevistaron y consultaron fuentes específicas), sólo cinco proporcionaron información respecto a las políticas o medidas ante casos de caso de acoso con que contaban sus instituciones.
La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce) cuenta actualmente con una propuesta de protocolo que acaba de ser remitida al Rector por una Comisión de Trabajo ad hoc integrada por académicos y estudiantes. Se espera que esté aprobada en el primer semestre de 2017. Además, cuenta con una propuesta para formar una Comisión Antidiscriminación de corte triestamental, que reciba las denuncias correspondientes ante casos de acoso.
Por otra parte, se está gestionando la creación de una Oficina de No Discriminación, encargada de llevar adelante una política institucional de no discriminación en general. En este momento no hay ninguna denuncia en curso.
En el caso de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, actualmente no existen procedimientos especìficos para el acoso sexual. Pese a esto, existen procedimientos institucionales para atender casos de acoso o violencia de distinto tipo que puedan ocurrir al interior de la Universidad. En éstos concurren coordinadamente distintas direcciones y unidades administrativas. La institución tiene normativas y reglamentos a nivel de estudiantes, docentes y trabajadores que permiten conducir y atender denuncias de acoso sexual.
Aún así se ha establecido un espacio de trabajo con los distintos estamentos que componen la comunidad universitaria con el objeto de actualizar la normativa y, al mismo tiempo, elaborar e implementar nuevos procedimientos para atender institucionalmente el asunto. Actualmente hay una denuncia sobre acoso en curso.
La Universidad de Concepción constituye un caso particular. Existe un reglamento especial, relativo a casos de acoso sexual a nivel de trabajadores. En los artículos 60 y 61 del Reglamento de personal se explica qué se entiende por acoso y se consagra dicho reglamento especial, que figura al final del Reglamento de Personal, especificando las formas de denuncia y los procedimientos a seguir.
En cuanto al acoso sexual de parte de profesores a estudiantes, a fines del año pasado se constituyó formalmente una comisión de género (que preside la profesora y ex ministra de Sernam, Cecilia Pérez), que pretende abordar la temática en forma transversal, y entre otros temas específicos que está trabajando se encuentra el del acoso. Esta comisión la conforman académicas especialistas en Género y derechos humanos, representantes de los estudiantes y de la Rectoría.
Actualmente, no existen denuncias formales de acoso sexual en la Fiscalía interna de la Universidad, ni tampoco ha habido alguna en los últimos años.
Hace un mes el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, junto a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, firmaron un acuerdo que constituye una mesa de trabajo entre ambas instituciones para colaborar en la creación de un protocolo de actuación en caso de situaciones de acoso.
La instancia consiste en una asesoría técnica a los integrantes de la mesa, medida que obedece a la decisión de relevar la acción transversal en torno a la perspectiva de género en el ámbito universitario.
