Reproducimos a continuación el comentario radial de este jueves de Juan Pablo Cárdenas:

“Esta vez no podemos estar más de acuerdo con la Sofofa cuando en un inserto difundido ayer nos advierte que el “estado de derecho” no existe en la Araucanía, aseveración que, por supuesto, irritara a las autoridades de Gobierno. Sin embargo, creo que la clase patronal expresada en la SOFOFA se queda muy corta en su sentencia: el estado de derecho no solo se ha quebrado en la Araucanía sino en todo el país, y esto no ha sido culpa de los mapuches, justamente, sino de un conjunto de actores, entre los cuales los grandes empresarios y los políticos son sus principales responsables y ejecutores.

Al respecto, la airada y espontánea reacción de las redes sociales ha sido muy elocuente: el estado de derecho se quebró en 1973 cuando los militares acicateados  por muchos políticos, por la CIA estadounidense y los más poderosos militares del país decidieron ese fatídico Golpe de Estado mediante en mayor acto terrorista que recuerde nuestra historia, como lo fue el bombardeo, incendio de la Moneda y el magnicidio cometido contra el presidente constitucional de nuestro país. 17 años de un régimen de facto, contrario al estado de derecho, y otros 27 años de posdictadura regido por la Constitución de Pinochet, el modelo económico desigual impuesto por éste, el sistema electoral binominal, las impunidades por todos conocidas y esos escándalos en contra de la probidad que se han hecho sistemáticos en la mala conducta de las autoridades y, de nuevo, de los grandes empresarios nacionales y extranjeros enseñoreados  sobre las instituciones,  La Moneda, el Parlamento y los tribunales de Justicia. Por encima, incluso, el mismo Tribunal Constitucional y la legislación internacional a la cual hemos adscrito.

El “estado de derecho” se ha quebrado con un sistema previsional que discrimina criminalmente entre las pensiones que otorga  la Capredena  versus las del sistema AFP, que condena en su vejez a la pobreza y miseria a millones de trabajadores. La quiebra de nuestro “estado de derecho”  se ha profundizado, asimismo, con un sistema educacional que permite y alienta la discriminación y el lucro. En toda una crisis integral que viene agudizándose con el cohecho de quienes tienen dinero para corromper a nuestros legisladores y gobernantes. Para convertir a los militares y policías en fusileros, en guardianes de las inversiones foráneas en Chile, como de los intereses de las más poderosas empresas. Con la acción de esos carabineros que disparan y matan por la espalda, así como también con los falsos testimonios presentados ante la Justicia por los fiscales abyectos y tantas otras malas prácticas cotidianas de nuestro sistema judicial.

El  “estado de derecho” se constituye, estimados auditores,  en una pretensión absurda también cuando contemplamos que las farmacias, las papeleras y los productores de alimentos básicos se coluden para asaltar el bolsillo de los consumidores,  y ninguno de sus responsables es castigado ejemplarmente por los tribunales ni menos, todavía, sus empresas y bienes son confiscados por el Estado. Entre otras razones, para recuperar la dignidad del país por aquellas espurias privatizaciones  acometidas por el Régimen Cívico Militar. Consentidas, después, por autoridades que ciertamente muestran “pasividad  e indolencia”, como acusan los Sofofos al negarse intervenir Soquimich, las empresas del llamado retail y hasta los bancos que a diario asaltan  a millones de chilenos con sus usureros préstamos,  a tasas de interés  agraviantes y para cosechar utilidades especulativas y  millonarias que jamás serían permitidas en otros países donde efectivamente rige un estado de derecho o algo parecido a este concepto.

El “estado de derecho” se vulnera constantemente con la desidia de nuestras autoridades, con los sueldos y privilegios que se les conceden  a las Fuerzas Armadas en detrimento de salario justo y de un reajuste anual que siquiera iguale o supere levemente el alza del costo de vida, Cuando se presiona y se compra a las directivas de la CUT y de los sindicatos. Cuando los moradores de La Moneda le propinan portazos a las demandas sociales, mientras le abren sus puertas y les extienden alfombras rojas a  las cúpulas de la Confederación de la Producción y del Comercio y la Sofofa para que se atrevan a escupir a la Presidenta y a sus ministros con aseveraciones como la que acabamos de leer y escuchar de puño y letra de sus mandamases.

Es más; la ruptura del “estado de derecho”  se viene provocando desde el momento que el estado chileno desconoció los acuerdos firmados con el pueblo mapuche que fuera asignada como nación y se le otorgara soberanía en aquella zona del sur ahora convulsionada,  no por la justa protesta de nuestra etnia principal, sino por los abusos de los que fueron instalados allí para “depurar” nuestra raza y darle asilo, incluso,  a los criminales de nazismo. Y, además,  les dieran  rienda suelta a sus ambiciones y trapacerías a fin de que terminaran apropiándose delos territorios que nuestros padres de la Patria les reconocieran como propios a los mapuches sobrevivientes de aquellos de tres siglos de heroica resistencia a la invasión española. Para que lavaran la afrenta y no para que tuvieran que sufrir las nuevas afrentas de la llamada “Pacificación de la Araucanía”, cuyos agentes del estado son hasta ahora reconocidos, paradojalmente, como héroes y no como los verdaderos genocidas que fueron.

El estado de derecho lo quiebran la propia Constitución y las leyes vigentes. Las normas abusivas que nos impiden conocer los testimonios de quienes fueran brutalmente torturados e injustamente encarcelados por la Dictadura. Cuando se indulta a los más feroces criminales o se les otorgan cárceles de lujo para cumplir sus discretas sentencias. Así como también se quiebra con la intromisión indebida de aquellos satánicos clérigos que aún se resisten  a reconocer la antigua separación entre la Iglesia y del Estado. Con la insólita concentración de la riqueza y de los medios de comunicación, cuando en todo el mundo libre y democrático, por ejemplo, se reconoce a la diversidad informativa como  uno de los pilares más fundamentales del régimen republicano.

Justamente,  lo que se debe hacer es alentar y derribar el orden de facto establecido. El supuesto “estado de derecho” de quienes se favorecen con su impostura democrática, olvidándose de los crímenes que alentaron y justificaron sin ser tocados hasta ahora por la Justicia. Un “estado de derecho” que debiera hacerse trizas con las legítimas armas, por supuesto, de la conciencia social y la movilización del pueblo en contra de un régimen opresivo y represivo.

Estamos seguros, sin embargo, que la molestia expresada por la Moneda ante las declaraciones de los 42 gremios de la Sofofa muy luego se va a apaciguar y las medidas concretas exigidas por éstos van a ser religiosamente consideradas por una clase política rendida a las directrices impuestas por los grandes empresarios del país y el diario El Mercurio que oficia como su vocero principal.  Cuando el ministro del Interior y su lugarteniente Aleuy solo parecen incomodados por el “tenor” de las críticas de la casta empresarial y no por su gravísimo contenido. Por expresiones que incluso demandan la derogación de la Ley Indígena. Así como propician la paz de los cementerios que desde siempre es lo que más conviene a los poderosos e inescrupulosos”.