El abogado de derechos humanos, Cristián Cruz, valoró la reciente resolución de la justicia italiana que condenó a cadena perpetua a 8 opresores latinoamericanos, dos de ellos chilenos, por la denominada Operación Cóndor.
El jurista dijo que el fallo no lo deja contento por la cantidad de absueltos, sin embargo, recalcó que con este dictamen se reconoce en la justicia internacional que la Operación Cóndor existió, contradiciendo a personeros políticos y militares nacionales que aún niegan la existencia de este plan que significó asesinatos y torturas de opositores a los diferentes regímenes militares que se dieron en las décadas del 70 y 80 en toda Sudamérica.
En este sentido, el abogado afirmó que “si bien es cierto que los absueltos son muchos, es justamente la síntesis la mejor muestra de las enormes dificultades que han tenido los familiares de las víctimas asesinadas, los sobrevivientes y la sociedad para juzgar en sus países a estos responsables. Por lo tanto, Italia se tiene que hacer cargo de una situación que no le es naturalmente propia”.
Asimismo, Cristian Cruz se refirió a Rafael Ahumada Valderrama, uno de los chilenos condenados a cadena perpetua por la justicia italiana, afirmando que él pidió su procesamiento por la desaparición forzada de dos uruguayos al interior del Regimiento “Tacna”, donde el militar ejercía como jefe de inteligencia. Respecto a estos cargos, la Corte de Apelaciones debería pronunciarse próximamente.
El jurista además agregó que Ahumada y otros oficiales durante la dictadura militar tenían regalías que les permitieron incluso comprar acciones de la Compañía de Teléfonos de Chile cuando esta se privatizó. Cuenta el jurista, que el condenado habría comprado bonos por cerca de 4 millones de pesos en 1989.
Por lo mismo, afirma que “esto tuvo un caris económico, no solo se apropiaron del poder político y persiguieron a los que ellos consideraron enemigos de los dueños de Chile, de los grandes conglomerados nacionales e internacionales afincados en nuestro territorio, sino que además, como lo hizo Pinochet, tiraron las manos y se apropiaron de nuestras riquezas con fondos que no les eran propios”.
Documentos de la época indican que Rafael Ahumada Valderrama al momento del golpe fue el encargado de efectuar acciones represivas en el centro de Santiago. Incluso se le felicita por ser parte del bombardeo a La Moneda y a otras reparticiones públicas aledañas.
El abogado de derechos humanos, Cristián Cruz, valoró la reciente resolución de la justicia italiana que condenó a cadena perpetua a 8 opresores latinoamericanos, dos de ellos chilenos, por la denominada Operación Cóndor.
El jurista dijo que el fallo no lo deja contento por la cantidad de absueltos, sin embargo, recalcó que con este dictamen se reconoce en la justicia internacional que la Operación Cóndor existió, contradiciendo a personeros políticos y militares nacionales que aún niegan la existencia de este plan que significó asesinatos y torturas de opositores a los diferentes regímenes militares que se dieron en las décadas del 70 y 80 en toda Sudamérica.
En este sentido, el abogado afirmó que “si bien es cierto que los absueltos son muchos, es justamente la síntesis la mejor muestra de las enormes dificultades que han tenido los familiares de las víctimas asesinadas, los sobrevivientes y la sociedad para juzgar en sus países a estos responsables. Por lo tanto, Italia se tiene que hacer cargo de una situación que no le es naturalmente propia”.
Asimismo, Cristian Cruz se refirió a Rafael Ahumada Valderrama, uno de los chilenos condenados a cadena perpetua por la justicia italiana, afirmando que él pidió su procesamiento por la desaparición forzada de dos uruguayos al interior del Regimiento “Tacna”, donde el militar ejercía como jefe de inteligencia. Respecto a estos cargos, la Corte de Apelaciones debería pronunciarse próximamente.
El jurista además agregó que Ahumada y otros oficiales durante la dictadura militar tenían regalías que les permitieron incluso comprar acciones de la Compañía de Teléfonos de Chile cuando esta se privatizó. Cuenta el jurista, que el condenado habría comprado bonos por cerca de 4 millones de pesos en 1989.
Por lo mismo, afirma que “esto tuvo un caris económico, no solo se apropiaron del poder político y persiguieron a los que ellos consideraron enemigos de los dueños de Chile, de los grandes conglomerados nacionales e internacionales afincados en nuestro territorio, sino que además, como lo hizo Pinochet, tiraron las manos y se apropiaron de nuestras riquezas con fondos que no les eran propios”.
Documentos de la época indican que Rafael Ahumada Valderrama al momento del golpe fue el encargado de efectuar acciones represivas en el centro de Santiago. Incluso se le felicita por ser parte del bombardeo a La Moneda y a otras reparticiones públicas aledañas.
El abogado de derechos humanos, Cristián Cruz, valoró la reciente resolución de la justicia italiana que condenó a cadena perpetua a 8 opresores latinoamericanos, dos de ellos chilenos, por la denominada Operación Cóndor.
El jurista dijo que el fallo no lo deja contento por la cantidad de absueltos, sin embargo, recalcó que con este dictamen se reconoce en la justicia internacional que la Operación Cóndor existió, contradiciendo a personeros políticos y militares nacionales que aún niegan la existencia de este plan que significó asesinatos y torturas de opositores a los diferentes regímenes militares que se dieron en las décadas del 70 y 80 en toda Sudamérica.
En este sentido, el abogado afirmó que “si bien es cierto que los absueltos son muchos, es justamente la síntesis la mejor muestra de las enormes dificultades que han tenido los familiares de las víctimas asesinadas, los sobrevivientes y la sociedad para juzgar en sus países a estos responsables. Por lo tanto, Italia se tiene que hacer cargo de una situación que no le es naturalmente propia”.
Asimismo, Cristian Cruz se refirió a Rafael Ahumada Valderrama, uno de los chilenos condenados a cadena perpetua por la justicia italiana, afirmando que él pidió su procesamiento por la desaparición forzada de dos uruguayos al interior del Regimiento “Tacna”, donde el militar ejercía como jefe de inteligencia. Respecto a estos cargos, la Corte de Apelaciones debería pronunciarse próximamente.
El jurista además agregó que Ahumada y otros oficiales durante la dictadura militar tenían regalías que les permitieron incluso comprar acciones de la Compañía de Teléfonos de Chile cuando esta se privatizó. Cuenta el jurista, que el condenado habría comprado bonos por cerca de 4 millones de pesos en 1989.
Por lo mismo, afirma que “esto tuvo un caris económico, no solo se apropiaron del poder político y persiguieron a los que ellos consideraron enemigos de los dueños de Chile, de los grandes conglomerados nacionales e internacionales afincados en nuestro territorio, sino que además, como lo hizo Pinochet, tiraron las manos y se apropiaron de nuestras riquezas con fondos que no les eran propios”.
Documentos de la época indican que Rafael Ahumada Valderrama al momento del golpe fue el encargado de efectuar acciones represivas en el centro de Santiago. Incluso se le felicita por ser parte del bombardeo a La Moneda y a otras reparticiones públicas aledañas.
