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Juan Pablo Cárdenas S.

Catástrofes y responsabilidad política

Juan Pablo Cárdenas S. | Lunes 23 de enero 2017 8:46 hrs.

Mientras en la zona central del país arden más de cien mil hectáreas de bosques, plantaciones y pastizales, los diversos candidatos,  partidos y coaliciones han estado sacando cuentas alegres o tristes respecto de las elecciones venideras, en esa obsesión que los insensibiliza realmente frente al drama de millones de chilenos afectados o amenazados, en esta tragedia,  por las llamas incontrolables, la pérdida de sus viviendas y fuentes de trabajo. A consecuencia de la peor catástrofe de su género vivida por nuestro país, según lo constatan los especialistas.

Los diputados se permiten, incluso, abortar por falta de quorum sus sesiones legislativas en su descontrolado afán político de acceder o retener sus cargos en La Moneda y el Parlamento. Nuevamente han sido los propios alcaldes de las más de veinte comunas afectadas por este voraz siniestro las que han acusado a las autoridades de haber reaccionado tardíamente ante este nuevo siniestro y, como de costumbre, criticaron  la pertinaz renuencia de quienes nos gobiernan en cuanto a disponer de los recursos requeridos para hacer frente a estos recurrentes desastres medioambientales.

Tal vez pudiéramos manifestar alguna indulgencia respecto de la clase política si realmente fuésemos un país pobre y con otras prioridades más  urgentes que la de encarar siniestros y desastres naturales. Sin embargo, cuando se disponen de tan multimillonarios recursos para la adquisición de aviones, tanques y barcos de guerra, realmente indigna que no se contemos con  los medios que otros países más pobres que el nuestro sí poseen para protegerse de estas catástrofes. Se sabe que por un oneroso  cazabombardero (que termina por obsoletarse o capotar en el Desierto)  se podrían adquirir al menos tres de los más modernos aviones para encarar incendios como éste. Así como por el valor de un tanque podríamos adquirir unos tres o cuatro eficientes carros bomba para reemplazar a aquellos arcaicos vehículos que se mantienen todavía en operación a lo largo de todo Chile.

Al mismo tiempo, irrita que poco o nada se haga, por ejemplo, para prevenirnos a todos respecto de los cada vez más habituales incendios forestales. Que no se les exija a las propias empresas del rubro realicen y supervisen sus plantaciones bajo los necesarios estándares de seguridad y prevención. Es decir, que estos “emprendimientos”, como los llaman, dejen de endosarle al Estado y el erario nacional la protección de sus intereses. Tal como ahora son, otra vez,  los millonarios recursos fiscales los que se disponen para controlar el avance del fuego y salir al rescate de las víctimas.

Bochornoso es, al mismo tiempo, que el país mantenga a miles de efectivos de las Fuerzas Armadas preparándose constantemente para conflictos bélicos que nunca vendrán, en vez de estar capacitándolos para hacer frente a estas hecatombes que tienen causa en razones climáticas, pero muchas veces en atentados intencionales. Cuando se sabe que las penas por este tipo de delitos y negligencias son también muy tenues, como las de los empresarios que se coluden, sin ir más lejos. Más todavía si los culpables resultan ser turistas extranjeros, como sucediera en nuestra Patagonia con aquel desastre medioambiental provocado por un grupo de excursionistas en una de nuestras más ricas y bellas reservas ecológicas.

Todos hemos podido comprobar nuevamente cómo los jóvenes, los pobladores y hasta los niños salieron con lo que tenían a su alcance para hacer frente a las llamas, en una tarea que, como siempre, poco les sirve para salvar sus casas y sus animales. En una frustración que se doble en aquellos damnificados que recién desde el terremoto del año 2010 habían podido obtener una mediagua y recuperar sus enseres domésticos.

En una tradición decimonónica y absurda seguimos enorgulleciéndonos de contar con un Cuerpo de Bomberos integrado solo por voluntarios y no por profesionales debidamente remunerados, además de bien apertrechados, por supuesto, para hacer frente a estas tareas. Más todavía, en un país tan frágil naturaleza como el nuestro y que ha tenido un importante desarrollo en materia forestal.  Expresamos todo nuestro homenaje, sin duda, a esos miles de abnegados servidores que en cada siniestro pierden, incluso, sus vidas para combatir los incendios y hasta salir al rescate de quienes se accidentan en las carreteras; pero  de verdad es que este “voluntariado” hoy sirve más de excusa a los gobiernos que se niegan a proveerlos y capacitarlos como debiera ser, mientras que a las policías se les otorgan ingentes recursos para reprimir las pueblo, criminalizar las justas demandas indígenas y aplacar, también, el descontrolado descontento social.

Muchas de estas catástrofes podrían enfrentarse con más eficacia, si tuviésemos una demarcación territorial más lógica y certera, en la que cada región, provincia o comuna posea los recursos necesarios en relación a sus propias características y número de habitantes. Se evitaría, así, que en cada emergencia haya que despertar a los moradores de La Moneda para que dispongan de los recursos y los estados de excepción necesarios. Sin embargo, se crean  distritos y circunscripciones electorales por doquier para darle más cargos y prebendas a la clase política, en vez de consolidar territorios viables y, ojalá, autosustentables.

En las últimas elecciones municipales pudimos comprobar cómo se eligieron alcaldes y concejales en comunas casi despobladas y constituidas solo en cotos de caza y alcancías para algunos políticos. O se consolidan zonas electorales del país en que llegar a ser alcalde, diputado o senador cuesta veinte o treinta veces menos en número de sufragios y gasto electoral. Todo ello para darle espacio a las componendas electorales y favorecer la composición de  un Poder Legislativo de suyo desigual e inequitativa. Supuestos “representantes de pueblo” entregados en cuerpo y alma a algunos empresarios locales que financian sus cometidos electorales.

Desolador es el paisaje de nuestra naturaleza arrasada por el fuego y la negligencia de la política, así como por la desidia y el afán de lucro de muchos inversionistas privados y foráneos. Por más que se apuren ahora  recursos para cambiarle el rostro a estas tierras y poblaciones arrasadas, el país deberá aguardar por décadas para que se desarrolle la vegetación y se reconstruya lo arrasado por el fuego.  Una repoblación forestal que, ojalá, ahora, imponga especies que no le provoquen estragos a nuestro medio ambiente como ha sucedido con las plantaciones de eucaliptus y otras variedades  traídas del  extranjero, que agotan nuestras reservas acuíferas y  destruyen nuestros ecosistemas, pero sin duda les provocan rápidas utilidades a las compañías forestales.

En este país que ha sido subastado por la política y es  dirigido por la voracidad empresarial.

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