En una situación de emergencia, los subsidios ayudan. Es dinero fresco que permite hacer frente al estado crítico que viven miles de familias que lo han perdido todo o mucho.
Sin embargo, es importante que frente a estas catástrofes no se pierda de vista que los subsidios y transferencias no pueden ser permanentes y visualizar el rol – también político – que tienen estas ayudas a fin de quitar presión a debates estructurales.
Para ilustrar el punto, podemos revisar el caso de Cauquenes, Constitución, San Javier, tres de las comunas más afectadas por los recientes incendios en la región del Maule y otras del país. Estas comunas son también las que previo a los incendios forestales tenían los mayores índices de pobreza de la región: 28,4%, 23,9% y 25,3% respectivamente (datos de la CASEN 2015). Es decir, las tres comunas más que duplican (cada una) la tasa nacional (11,7%) y superan con creces el porcentaje regional (18,7%).
Pero en estas cifras hay dos aspectos que decididamente contribuyen a que los indicadores no sean todavía peores: los subsidios y transferencias que hace el Estado (bono marzo, bono bodas de oro, bono invierno, subsidio de agua potable, Ingreso Ético Familiar, etc.) y el llamado “alquiler imputado”, es decir, la imputación de ingresos que se le hace a la economía de los hogares, por el solo hecho de ser dueño de la vivienda o de estar pagándola. En simple: si se es dueño o se está pagando la vivienda donde se habita, ese hogar automáticamente aparece con un ingreso mensual que equivale al monto que se pagaría por un arriendo en la zona. Consideremos un ejemplo: la vivienda es propia (no se paga arriendo) pero en el sector quienes sí deben arrendar, en promedio gastan 250 mil pesos. Esto quiere decir que el hogar que tiene vivienda propia, aparecerá con un “ingreso mensual adicional” – sólo por este concepto (alquiler imputado) – de 250 mil pesos. ¿Qué sucede si se calcula la pobreza sin considerar los subsidios del Estado y tampoco este ingreso ficticio que se asigna a ciertas familias?
En ese caso, usando los datos de la CASEN 2015, en Cauquenes la cifra sube a un 43,5% de personas en situación de pobreza; Constitución queda en 38,7% y San Javier en un impresionante 48% (casi la mitad de su población). Esta mirada, que persistentemente queda ausente del debate público, puede dar pistas de un problema más de fondo. ¿Es normal que en estas tres comunas – y varias más posiblemente si dispusiéramos de los datos – exista una pobreza económica como resultado de los ingresos de las personas en el mercado, que al 2015/2016 bordee el 40% y que inclusive llegue casi al 50% en ciertos casos? Estamos hablando de territorios forestales, en donde se sitúan parte de los predios e instalaciones forestales de dos de las familias más ricas de Chile: los Matte y los Angelini.
Un último apunte estadístico: en Cauquenes, la mitad de los hogares gana $250.000 o menos como ingresos del trabajo (sumando todas las fuentes de ingresos del trabajo familiar). En Constitución, la mitad de los hogares gana 350 mil pesos o menos, y en San Javier, la mitad de los hogares gana 300 mil pesos o menos en el ingreso familiar del trabajo. La política de asistencia junto al efecto del alquiler imputado, como ancla de las políticas Estatales, cumple un rol político: conduce a un debate en el cual los grupos dominantes descansan en una zona de confort, uno en el cual se invisibiliza y no es tema el sub-empleo, ni que se paguen sub-salarios ni que se destruya el medio ambiente.
Los casos de Cauquenes, Constitución y San Javier así como de otras comunas afectadas por los incendios, evidencian algo más que un desafío logístico frente a las emergencias. Dan cuenta de la fractura expuesta que recorre a Chile: la desigualdad, los bajos salarios y la pobreza oculta. El hecho de que mucha gente pierda su casa – recordemos que se considera un ingreso familiar más para efectos de estimar si se está en pobreza económica o no – junto con ser un doloroso drama social para las personas afectadas, desnuda una cara más real de la situación de pobreza en Chile y hace aún más patente el problema de los ingresos autónomos (sin subsidios y sin el poco conocido alquiler imputado) como condición de seguridad vital, asimismo, da cuenta de la necesaria centralidad que debe reconocérsele al mundo del trabajo.
