Luego del rechazo transversal a la designación de la ex ministra Javiera Blanco como consejera del CDE -a raíz de un supuesto conflicto de interés en temas como las pensiones abultadas de Gendarmería, en donde la entidad es querellante-, un grupo de parlamentarios de distintos partidos anunciaron que insistirán con el proyecto de ley que establece la exclusividad en las funciones de los consejeros del CDE.
La iniciativa ingresada en junio de 2015 se encuentra actualmente en la comisión de Constitución de la Cámara y busca entre otras cosas, evitar posibles conflictos de interés en funciones paralelas.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, uno de autores de la moción parlamentaria, el diputado DC Gabriel Silber manifestó que es necesario ir más allá de esta iniciativa y revisar el sistema de nombramiento por parte del Ejecutivo, junto con una modernización de la entidad.
Si bien el legislador es enfático en que “hay algo de ingenuidad” en quienes plantean que los consejeros del CDE debieran ser elegidos a través de la Alta Dirección Pública, propone un sistema alternativo al actual en el que participen representantes de los distintos poderes del Estado.
“Más me gustaría un sistema mixto de integración como ocurre con el Ministerio Público en donde primero la quina la forma a Corte Suprema y luego es designación del Senado o buscar una fórmula en que en primera instancia intervenga el Presidente de la República y luego otro órgano, ya sea el Poder Judicial o el Poder Legislativo puedan sancionar y hacer un escrutinio de los postulantes”.
Asimismo, Silber indicó que pese a que en un principio no hubo piso político para sacar adelante este proyecto, luego del anuncio que involucra a la ex titular de Justicia ha existido un compromiso por parte de distintos actores de respaldar esta iniciativa. Además, aseguró que en marzo buscarán que el Ejecutivo patrocine la normativa y la incluya en sus prioridades legislativas.
“Lamentablemente no tuvo mucho apoyo del Ejecutivo, ni tampoco de la oposición, sin embargo a propósito de esta polémica actual hoy día ha habido compromiso de distintos sectores a que estos sea ley de la República y esperamos que en marzo de este año obviamente sea prioridad respecto de la agenda del Gobierno (…) vamos a solicitar tanto el patrocinio del Ejecutivo, como la urgencia respecto de este proyecto”.
El diputado hizo hincapié en la necesidad que quienes ocupan estos cargos “sean lo más independientes posible respecto del gobierno de turno, que no caigan en el cuoteo político y que sus antecedentes sean de carácter público para dar garantías a todos de que se está buscando a los más idóneos y los más profesionales respecto de la defensa de los intereses del Estado”.
En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, (PPD) Guillermo Ceroni, ya anunció que en marzo pondrá en tabla el proyecto, mientras que desde el Ejecutivo, la ministra vocera de La Moneda, Paula Narváez, manifestó que el Gobierno “analizará en su momento” que el presidente (a) no designe a los consejeros del CDE y recordó que cuando se retome la actividad legislativa existirán instancias para conversar con la Nueva Mayoría acerca de la agenda de prioridades.
Cabe recordar que desde el año 94 a la fecha han sido designados 12 consejeros del CDE por los sucesivos presidentes de la República. Quienes ocupan este cargo se desempeñan en él hasta los 75 años y obtienen una renta bruta de casi ocho millones de pesos, pudiendo ser removidos, sólo mediante un acuerdo del Senado.
La polémica con Javiera Blanco no es la única en la historia reciente del Consejo. El ex presidente Sebastián Piñera nombró a Juan Ignacio Piña como presidente de la instancia poco tiempo antes de dejar su cargo. Previamente, Piña se desempeñó como subsecretario de Justicia por lo que la Nueva Mayoría veía con alerta la llegada de este personero cuando asumía un gobierno que tendría otro bloque político a la cabeza.
Luego del rechazo transversal a la designación de la ex ministra Javiera Blanco como consejera del CDE -a raíz de un supuesto conflicto de interés en temas como las pensiones abultadas de Gendarmería, en donde la entidad es querellante-, un grupo de parlamentarios de distintos partidos anunciaron que insistirán con el proyecto de ley que establece la exclusividad en las funciones de los consejeros del CDE.
La iniciativa ingresada en junio de 2015 se encuentra actualmente en la comisión de Constitución de la Cámara y busca entre otras cosas, evitar posibles conflictos de interés en funciones paralelas.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, uno de autores de la moción parlamentaria, el diputado DC Gabriel Silber manifestó que es necesario ir más allá de esta iniciativa y revisar el sistema de nombramiento por parte del Ejecutivo, junto con una modernización de la entidad.
Si bien el legislador es enfático en que “hay algo de ingenuidad” en quienes plantean que los consejeros del CDE debieran ser elegidos a través de la Alta Dirección Pública, propone un sistema alternativo al actual en el que participen representantes de los distintos poderes del Estado.
“Más me gustaría un sistema mixto de integración como ocurre con el Ministerio Público en donde primero la quina la forma a Corte Suprema y luego es designación del Senado o buscar una fórmula en que en primera instancia intervenga el Presidente de la República y luego otro órgano, ya sea el Poder Judicial o el Poder Legislativo puedan sancionar y hacer un escrutinio de los postulantes”.
Asimismo, Silber indicó que pese a que en un principio no hubo piso político para sacar adelante este proyecto, luego del anuncio que involucra a la ex titular de Justicia ha existido un compromiso por parte de distintos actores de respaldar esta iniciativa. Además, aseguró que en marzo buscarán que el Ejecutivo patrocine la normativa y la incluya en sus prioridades legislativas.
“Lamentablemente no tuvo mucho apoyo del Ejecutivo, ni tampoco de la oposición, sin embargo a propósito de esta polémica actual hoy día ha habido compromiso de distintos sectores a que estos sea ley de la República y esperamos que en marzo de este año obviamente sea prioridad respecto de la agenda del Gobierno (…) vamos a solicitar tanto el patrocinio del Ejecutivo, como la urgencia respecto de este proyecto”.
El diputado hizo hincapié en la necesidad que quienes ocupan estos cargos “sean lo más independientes posible respecto del gobierno de turno, que no caigan en el cuoteo político y que sus antecedentes sean de carácter público para dar garantías a todos de que se está buscando a los más idóneos y los más profesionales respecto de la defensa de los intereses del Estado”.
En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, (PPD) Guillermo Ceroni, ya anunció que en marzo pondrá en tabla el proyecto, mientras que desde el Ejecutivo, la ministra vocera de La Moneda, Paula Narváez, manifestó que el Gobierno “analizará en su momento” que el presidente (a) no designe a los consejeros del CDE y recordó que cuando se retome la actividad legislativa existirán instancias para conversar con la Nueva Mayoría acerca de la agenda de prioridades.
Cabe recordar que desde el año 94 a la fecha han sido designados 12 consejeros del CDE por los sucesivos presidentes de la República. Quienes ocupan este cargo se desempeñan en él hasta los 75 años y obtienen una renta bruta de casi ocho millones de pesos, pudiendo ser removidos, sólo mediante un acuerdo del Senado.
La polémica con Javiera Blanco no es la única en la historia reciente del Consejo. El ex presidente Sebastián Piñera nombró a Juan Ignacio Piña como presidente de la instancia poco tiempo antes de dejar su cargo. Previamente, Piña se desempeñó como subsecretario de Justicia por lo que la Nueva Mayoría veía con alerta la llegada de este personero cuando asumía un gobierno que tendría otro bloque político a la cabeza.
Luego del rechazo transversal a la designación de la ex ministra Javiera Blanco como consejera del CDE -a raíz de un supuesto conflicto de interés en temas como las pensiones abultadas de Gendarmería, en donde la entidad es querellante-, un grupo de parlamentarios de distintos partidos anunciaron que insistirán con el proyecto de ley que establece la exclusividad en las funciones de los consejeros del CDE.
La iniciativa ingresada en junio de 2015 se encuentra actualmente en la comisión de Constitución de la Cámara y busca entre otras cosas, evitar posibles conflictos de interés en funciones paralelas.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, uno de autores de la moción parlamentaria, el diputado DC Gabriel Silber manifestó que es necesario ir más allá de esta iniciativa y revisar el sistema de nombramiento por parte del Ejecutivo, junto con una modernización de la entidad.
Si bien el legislador es enfático en que “hay algo de ingenuidad” en quienes plantean que los consejeros del CDE debieran ser elegidos a través de la Alta Dirección Pública, propone un sistema alternativo al actual en el que participen representantes de los distintos poderes del Estado.
“Más me gustaría un sistema mixto de integración como ocurre con el Ministerio Público en donde primero la quina la forma a Corte Suprema y luego es designación del Senado o buscar una fórmula en que en primera instancia intervenga el Presidente de la República y luego otro órgano, ya sea el Poder Judicial o el Poder Legislativo puedan sancionar y hacer un escrutinio de los postulantes”.
Asimismo, Silber indicó que pese a que en un principio no hubo piso político para sacar adelante este proyecto, luego del anuncio que involucra a la ex titular de Justicia ha existido un compromiso por parte de distintos actores de respaldar esta iniciativa. Además, aseguró que en marzo buscarán que el Ejecutivo patrocine la normativa y la incluya en sus prioridades legislativas.
“Lamentablemente no tuvo mucho apoyo del Ejecutivo, ni tampoco de la oposición, sin embargo a propósito de esta polémica actual hoy día ha habido compromiso de distintos sectores a que estos sea ley de la República y esperamos que en marzo de este año obviamente sea prioridad respecto de la agenda del Gobierno (…) vamos a solicitar tanto el patrocinio del Ejecutivo, como la urgencia respecto de este proyecto”.
El diputado hizo hincapié en la necesidad que quienes ocupan estos cargos “sean lo más independientes posible respecto del gobierno de turno, que no caigan en el cuoteo político y que sus antecedentes sean de carácter público para dar garantías a todos de que se está buscando a los más idóneos y los más profesionales respecto de la defensa de los intereses del Estado”.
En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, (PPD) Guillermo Ceroni, ya anunció que en marzo pondrá en tabla el proyecto, mientras que desde el Ejecutivo, la ministra vocera de La Moneda, Paula Narváez, manifestó que el Gobierno “analizará en su momento” que el presidente (a) no designe a los consejeros del CDE y recordó que cuando se retome la actividad legislativa existirán instancias para conversar con la Nueva Mayoría acerca de la agenda de prioridades.
Cabe recordar que desde el año 94 a la fecha han sido designados 12 consejeros del CDE por los sucesivos presidentes de la República. Quienes ocupan este cargo se desempeñan en él hasta los 75 años y obtienen una renta bruta de casi ocho millones de pesos, pudiendo ser removidos, sólo mediante un acuerdo del Senado.
La polémica con Javiera Blanco no es la única en la historia reciente del Consejo. El ex presidente Sebastián Piñera nombró a Juan Ignacio Piña como presidente de la instancia poco tiempo antes de dejar su cargo. Previamente, Piña se desempeñó como subsecretario de Justicia por lo que la Nueva Mayoría veía con alerta la llegada de este personero cuando asumía un gobierno que tendría otro bloque político a la cabeza.
