Durante los primeros días de marzo el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez presentará una querella en contra de la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe por el delito de Cohecho en el marco de la arista Asipes del caso Corpesca.
Para el abogado que representa al parlamentario, Matías Ramírez, hay antecedentes en la tramitación de la ley de pesca que apuntan a que la legisladora gremialista habría ejecutado órdenes favor de Asipes a petición de su presidente, Luis Felipe Moncada.
Asimismo, según Ramírez existen registros de pagos para el financiamiento de su campaña política, los que comprobarían de la senadora habría “prestado servicios” a dicha empresa.
“Hay hechos puntuales en la tramitación de leyes misceláneas, donde Jacqueline Van Rysselberghe” ejecuta ciertas órdenes a favor de Asipes, a favor de Luis Felipe Moncada. También existen antecedentes de pagos efectuados para su campaña política. Nosotros planteamos que esos pagos para financiar la campaña política tienen como contraprestación este apoyo en los distintos proyectos de ley que se discutieron a parir de que ella asume en el Senado y particularmente en la comisión de Pesca”, sostuvo el jurista.
El silencio del SII
El abogado querellante en el caso Corpesca cuestionó el rol que ha jugado el Servicio de Impuestos Internos en casos de financiamiento irregular de la política y corrupción.
Al respecto Matías Ramírez indicó que existe una decisión política de proteger a los involucrados en estos casos, situación que calificó como grave.
“El Servicio de Impuestos Internos hace más de un año tomó una decisión política y no técnica. Y la decisión política es no involucrarse en ningún caso de corrupción y lo hemos visto por ejemplo en el caso de Royalty, donde está formalizado Pablo Longueira por delitos tributarios. A la fecha no existe ninguna querella presentada por el SII en contra del ex senador y lo mismo ha pasado respecto a todas estas aristas, particularmente Asipes, donde al menos hay antecedentes de facilitación de documentación tributaria falsa por determinadas personas y el Servicio de Impuestos Internos, brilla por su ausencia”, afirmó.
El jurista señaló que no se entiende cómo el Ejecutivo no ha tomado ciertos resguardos respecto de los involucrados en el caso Corpesca, que continúan en cargos donde pueden tener facultades y ejercer influencia en la toma de decisiones, como el Consejo Nacional de Pesca, en donde el ex director de Asipes continúa ejerciendo funciones.
“Yo creo que, particularmente en lo que dice relación con estos organismos público-privados, se debería fijar una normativa para prohibir que ellos sigan ejerciendo estos cargos mientras están siendo investigados en hechos que afectan la probidad pública”, concluyó.
Durante los primeros días de marzo el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez presentará una querella en contra de la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe por el delito de Cohecho en el marco de la arista Asipes del caso Corpesca.
Para el abogado que representa al parlamentario, Matías Ramírez, hay antecedentes en la tramitación de la ley de pesca que apuntan a que la legisladora gremialista habría ejecutado órdenes favor de Asipes a petición de su presidente, Luis Felipe Moncada.
Asimismo, según Ramírez existen registros de pagos para el financiamiento de su campaña política, los que comprobarían de la senadora habría “prestado servicios” a dicha empresa.
“Hay hechos puntuales en la tramitación de leyes misceláneas, donde Jacqueline Van Rysselberghe” ejecuta ciertas órdenes a favor de Asipes, a favor de Luis Felipe Moncada. También existen antecedentes de pagos efectuados para su campaña política. Nosotros planteamos que esos pagos para financiar la campaña política tienen como contraprestación este apoyo en los distintos proyectos de ley que se discutieron a parir de que ella asume en el Senado y particularmente en la comisión de Pesca”, sostuvo el jurista.
El silencio del SII
El abogado querellante en el caso Corpesca cuestionó el rol que ha jugado el Servicio de Impuestos Internos en casos de financiamiento irregular de la política y corrupción.
Al respecto Matías Ramírez indicó que existe una decisión política de proteger a los involucrados en estos casos, situación que calificó como grave.
“El Servicio de Impuestos Internos hace más de un año tomó una decisión política y no técnica. Y la decisión política es no involucrarse en ningún caso de corrupción y lo hemos visto por ejemplo en el caso de Royalty, donde está formalizado Pablo Longueira por delitos tributarios. A la fecha no existe ninguna querella presentada por el SII en contra del ex senador y lo mismo ha pasado respecto a todas estas aristas, particularmente Asipes, donde al menos hay antecedentes de facilitación de documentación tributaria falsa por determinadas personas y el Servicio de Impuestos Internos, brilla por su ausencia”, afirmó.
El jurista señaló que no se entiende cómo el Ejecutivo no ha tomado ciertos resguardos respecto de los involucrados en el caso Corpesca, que continúan en cargos donde pueden tener facultades y ejercer influencia en la toma de decisiones, como el Consejo Nacional de Pesca, en donde el ex director de Asipes continúa ejerciendo funciones.
“Yo creo que, particularmente en lo que dice relación con estos organismos público-privados, se debería fijar una normativa para prohibir que ellos sigan ejerciendo estos cargos mientras están siendo investigados en hechos que afectan la probidad pública”, concluyó.
Durante los primeros días de marzo el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez presentará una querella en contra de la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe por el delito de Cohecho en el marco de la arista Asipes del caso Corpesca.
Para el abogado que representa al parlamentario, Matías Ramírez, hay antecedentes en la tramitación de la ley de pesca que apuntan a que la legisladora gremialista habría ejecutado órdenes favor de Asipes a petición de su presidente, Luis Felipe Moncada.
Asimismo, según Ramírez existen registros de pagos para el financiamiento de su campaña política, los que comprobarían de la senadora habría “prestado servicios” a dicha empresa.
“Hay hechos puntuales en la tramitación de leyes misceláneas, donde Jacqueline Van Rysselberghe” ejecuta ciertas órdenes a favor de Asipes, a favor de Luis Felipe Moncada. También existen antecedentes de pagos efectuados para su campaña política. Nosotros planteamos que esos pagos para financiar la campaña política tienen como contraprestación este apoyo en los distintos proyectos de ley que se discutieron a parir de que ella asume en el Senado y particularmente en la comisión de Pesca”, sostuvo el jurista.
El silencio del SII
El abogado querellante en el caso Corpesca cuestionó el rol que ha jugado el Servicio de Impuestos Internos en casos de financiamiento irregular de la política y corrupción.
Al respecto Matías Ramírez indicó que existe una decisión política de proteger a los involucrados en estos casos, situación que calificó como grave.
“El Servicio de Impuestos Internos hace más de un año tomó una decisión política y no técnica. Y la decisión política es no involucrarse en ningún caso de corrupción y lo hemos visto por ejemplo en el caso de Royalty, donde está formalizado Pablo Longueira por delitos tributarios. A la fecha no existe ninguna querella presentada por el SII en contra del ex senador y lo mismo ha pasado respecto a todas estas aristas, particularmente Asipes, donde al menos hay antecedentes de facilitación de documentación tributaria falsa por determinadas personas y el Servicio de Impuestos Internos, brilla por su ausencia”, afirmó.
El jurista señaló que no se entiende cómo el Ejecutivo no ha tomado ciertos resguardos respecto de los involucrados en el caso Corpesca, que continúan en cargos donde pueden tener facultades y ejercer influencia en la toma de decisiones, como el Consejo Nacional de Pesca, en donde el ex director de Asipes continúa ejerciendo funciones.
“Yo creo que, particularmente en lo que dice relación con estos organismos público-privados, se debería fijar una normativa para prohibir que ellos sigan ejerciendo estos cargos mientras están siendo investigados en hechos que afectan la probidad pública”, concluyó.
