La noticia impactó, pero nadie puede decir que se sorprendió. El anuncio y la construcción de un centro de detención para migrantes (CDM), la discontinuación de algunos programas que facilitaban los trámites migratorios y la implementación de una Comisión Nacional de Fronteras fueron algunos pasos concretos que el Gobierno fue dando para controlar los flujos migratorios.
Una legislación que presumía de ser abierta e inclusiva se transformará, según sus detractores, en un instrumento que pone en jaque los derechos de los ciudadanos de algunas nacionalidades que buscan radicarse en el país, en especial de migrantes de Bolivia, Perú y Paraguay.
Por supuesto que en la letra de la nueva Ley no se distingue a los inmigrantes por nacionalidad, pero en la vida real impacta en aquellos de países limítrofes, personas de bajos recursos, que llegan por tierra a través de los pasos que Argentina comparte con Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil o Uruguay.
El asesinato de un adolescente argentino a manos de un joven peruano en una esquina de Buenos Aires pareció ser la señal que el Gobierno necesitó para acelerar los tiempos.
La principal protagonista de la ofensiva fue la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien en un puñado de declaraciones sugirió que la culpa de la criminalidad asociada al narcotráfico es de los paraguayos, peruanos y bolivianos.
Los diplomáticos de los países aludidos reaccionaron repudiando estos dichos, pero la ola de ofensas que estigmatizan a los migrantes de países vecinos no sólo provino de funcionarios del Gobierno. El líder de la bancada mayoritaria en el Senado, que pertenece al partido de la ex presidenta Cristina Kirchner, fue uno de los más violentos.
Horacio García, el director nacional de Migraciones designado por el actual presidente Macri y entrevistado por RFI, descarta las críticas recibidas desde los organismos de Derechos Humanos y los colectivos de migrantes.
Sin embargo, más allá de la voluntad de un gobierno de producir las políticas que más se ajustan a su ideología, la potencia del discurso xenófobo y el consecuente decreto firmado por Macri no tiene una justificación real en los números. Además la ministra Bullrich faltó a la verdad cuando difundió las estadísticas que según ella fundamentaban la mano dura contra los inmigrantes.
Según información del Ministerio de Justicia de la Nación, el 10 por ciento del total de presos en cárceles argentinas está detenido por delitos relacionados con drogas. De ese 10 por ciento sólo el 17 por ciento son extranjeros, y según el Ministerio, el porcentaje se mantiene estable hace años. Se trata al fin y al cabo de unas 1.400 personas que representan apenas el 0,06 por ciento del total de extranjeros en Argentina, un país cuyo porcentaje total de extranjeros es del 4.6 por ciento.
Para el núcleo duro del Gobierno, estas medidas impactarían directamente en una baja de los crímenes ligados al narcotráfico. Para otros, representan una contradicción más de la presidencia de Macri. Al mismo tiempo que estableció este decreto, implementó una serie de medidas administrativas para facilitar el ingreso de migrantes sirios. También se comprometió ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a suscribir a políticas migratorias más flexibles y basadas en un enfoque de Derechos Humanos y a eliminar aquellas que sean discriminatorias y selectivas, rechazando la criminalización de la migración irregular.
Además, en años recientes, la propia legislación del Mercosur ha ampliado una cantidad de derechos para los ciudadanos migrantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Para el Gobierno sin embargo, la nueva norma no contradice las existentes, precisa Horacio García, el director nacional de Migraciones.
Las referencias a una nación de brazos abiertos -como se supone fue la Argentina desde finales del siglo XIX- van quedando en el pasado. A partir de ahora, para muchos migrantes de bajos recursos, este país les parecerá un espacio de fronteras herméticas que ya no promete un futuro posible ni seguro donde iniciar una nueva vida con los mismos derechos que los nacionales. Un país que parece decirles que ya no son bienvenidos.
La noticia impactó, pero nadie puede decir que se sorprendió. El anuncio y la construcción de un centro de detención para migrantes (CDM), la discontinuación de algunos programas que facilitaban los trámites migratorios y la implementación de una Comisión Nacional de Fronteras fueron algunos pasos concretos que el Gobierno fue dando para controlar los flujos migratorios.
Una legislación que presumía de ser abierta e inclusiva se transformará, según sus detractores, en un instrumento que pone en jaque los derechos de los ciudadanos de algunas nacionalidades que buscan radicarse en el país, en especial de migrantes de Bolivia, Perú y Paraguay.
Por supuesto que en la letra de la nueva Ley no se distingue a los inmigrantes por nacionalidad, pero en la vida real impacta en aquellos de países limítrofes, personas de bajos recursos, que llegan por tierra a través de los pasos que Argentina comparte con Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil o Uruguay.
El asesinato de un adolescente argentino a manos de un joven peruano en una esquina de Buenos Aires pareció ser la señal que el Gobierno necesitó para acelerar los tiempos.
La principal protagonista de la ofensiva fue la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien en un puñado de declaraciones sugirió que la culpa de la criminalidad asociada al narcotráfico es de los paraguayos, peruanos y bolivianos.
Los diplomáticos de los países aludidos reaccionaron repudiando estos dichos, pero la ola de ofensas que estigmatizan a los migrantes de países vecinos no sólo provino de funcionarios del Gobierno. El líder de la bancada mayoritaria en el Senado, que pertenece al partido de la ex presidenta Cristina Kirchner, fue uno de los más violentos.
Horacio García, el director nacional de Migraciones designado por el actual presidente Macri y entrevistado por RFI, descarta las críticas recibidas desde los organismos de Derechos Humanos y los colectivos de migrantes.
Sin embargo, más allá de la voluntad de un gobierno de producir las políticas que más se ajustan a su ideología, la potencia del discurso xenófobo y el consecuente decreto firmado por Macri no tiene una justificación real en los números. Además la ministra Bullrich faltó a la verdad cuando difundió las estadísticas que según ella fundamentaban la mano dura contra los inmigrantes.
Según información del Ministerio de Justicia de la Nación, el 10 por ciento del total de presos en cárceles argentinas está detenido por delitos relacionados con drogas. De ese 10 por ciento sólo el 17 por ciento son extranjeros, y según el Ministerio, el porcentaje se mantiene estable hace años. Se trata al fin y al cabo de unas 1.400 personas que representan apenas el 0,06 por ciento del total de extranjeros en Argentina, un país cuyo porcentaje total de extranjeros es del 4.6 por ciento.
Para el núcleo duro del Gobierno, estas medidas impactarían directamente en una baja de los crímenes ligados al narcotráfico. Para otros, representan una contradicción más de la presidencia de Macri. Al mismo tiempo que estableció este decreto, implementó una serie de medidas administrativas para facilitar el ingreso de migrantes sirios. También se comprometió ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a suscribir a políticas migratorias más flexibles y basadas en un enfoque de Derechos Humanos y a eliminar aquellas que sean discriminatorias y selectivas, rechazando la criminalización de la migración irregular.
Además, en años recientes, la propia legislación del Mercosur ha ampliado una cantidad de derechos para los ciudadanos migrantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Para el Gobierno sin embargo, la nueva norma no contradice las existentes, precisa Horacio García, el director nacional de Migraciones.
Las referencias a una nación de brazos abiertos -como se supone fue la Argentina desde finales del siglo XIX- van quedando en el pasado. A partir de ahora, para muchos migrantes de bajos recursos, este país les parecerá un espacio de fronteras herméticas que ya no promete un futuro posible ni seguro donde iniciar una nueva vida con los mismos derechos que los nacionales. Un país que parece decirles que ya no son bienvenidos.
La noticia impactó, pero nadie puede decir que se sorprendió. El anuncio y la construcción de un centro de detención para migrantes (CDM), la discontinuación de algunos programas que facilitaban los trámites migratorios y la implementación de una Comisión Nacional de Fronteras fueron algunos pasos concretos que el Gobierno fue dando para controlar los flujos migratorios.
Una legislación que presumía de ser abierta e inclusiva se transformará, según sus detractores, en un instrumento que pone en jaque los derechos de los ciudadanos de algunas nacionalidades que buscan radicarse en el país, en especial de migrantes de Bolivia, Perú y Paraguay.
Por supuesto que en la letra de la nueva Ley no se distingue a los inmigrantes por nacionalidad, pero en la vida real impacta en aquellos de países limítrofes, personas de bajos recursos, que llegan por tierra a través de los pasos que Argentina comparte con Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil o Uruguay.
El asesinato de un adolescente argentino a manos de un joven peruano en una esquina de Buenos Aires pareció ser la señal que el Gobierno necesitó para acelerar los tiempos.
La principal protagonista de la ofensiva fue la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien en un puñado de declaraciones sugirió que la culpa de la criminalidad asociada al narcotráfico es de los paraguayos, peruanos y bolivianos.
Los diplomáticos de los países aludidos reaccionaron repudiando estos dichos, pero la ola de ofensas que estigmatizan a los migrantes de países vecinos no sólo provino de funcionarios del Gobierno. El líder de la bancada mayoritaria en el Senado, que pertenece al partido de la ex presidenta Cristina Kirchner, fue uno de los más violentos.
Horacio García, el director nacional de Migraciones designado por el actual presidente Macri y entrevistado por RFI, descarta las críticas recibidas desde los organismos de Derechos Humanos y los colectivos de migrantes.
Sin embargo, más allá de la voluntad de un gobierno de producir las políticas que más se ajustan a su ideología, la potencia del discurso xenófobo y el consecuente decreto firmado por Macri no tiene una justificación real en los números. Además la ministra Bullrich faltó a la verdad cuando difundió las estadísticas que según ella fundamentaban la mano dura contra los inmigrantes.
Según información del Ministerio de Justicia de la Nación, el 10 por ciento del total de presos en cárceles argentinas está detenido por delitos relacionados con drogas. De ese 10 por ciento sólo el 17 por ciento son extranjeros, y según el Ministerio, el porcentaje se mantiene estable hace años. Se trata al fin y al cabo de unas 1.400 personas que representan apenas el 0,06 por ciento del total de extranjeros en Argentina, un país cuyo porcentaje total de extranjeros es del 4.6 por ciento.
Para el núcleo duro del Gobierno, estas medidas impactarían directamente en una baja de los crímenes ligados al narcotráfico. Para otros, representan una contradicción más de la presidencia de Macri. Al mismo tiempo que estableció este decreto, implementó una serie de medidas administrativas para facilitar el ingreso de migrantes sirios. También se comprometió ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a suscribir a políticas migratorias más flexibles y basadas en un enfoque de Derechos Humanos y a eliminar aquellas que sean discriminatorias y selectivas, rechazando la criminalización de la migración irregular.
Además, en años recientes, la propia legislación del Mercosur ha ampliado una cantidad de derechos para los ciudadanos migrantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Para el Gobierno sin embargo, la nueva norma no contradice las existentes, precisa Horacio García, el director nacional de Migraciones.
Las referencias a una nación de brazos abiertos -como se supone fue la Argentina desde finales del siglo XIX- van quedando en el pasado. A partir de ahora, para muchos migrantes de bajos recursos, este país les parecerá un espacio de fronteras herméticas que ya no promete un futuro posible ni seguro donde iniciar una nueva vida con los mismos derechos que los nacionales. Un país que parece decirles que ya no son bienvenidos.
