Señor Director:

Lo que plantea y hace la alcaldesa Matthei en Providencia acerca de la vigilancia con drones, es una cuestión de rango constitucional, no es que deba decidir alguien confeso de apoyar la dictadura.

Ella nombra mucho el hecho de que esto se estila en EEUU, y Europa, es cierto pero esa decisión la han tomado los parlamentos, acicateados por el problema del terrorismo islámico, cuestión que no rige en Chile.

Formalmente estas decisiones no las pueden tomar los alcaldes, y vendérselas a empresas privadas de seguridad.

Si tal decisión es aprobada por el parlamento, los encargados del funcionamiento y mantención de tal aparato de espionaje serán empresas del estado. Aunque sigo insistiendo que esto es materia constitucional.

La vigilancia y espionaje de este tipo, si bien protege contra la delincuencia, atenta en el fondo contra libertades expresadas en la Constitución.

Concluyendo esto que tan arbitrariamente plantea la alcaldesa, atenta contra la libertad individual y el derecho a la privacidad.

Si mal no recordamos la alcaldesa en tiempos de dictadura se refería a otro tipo de peligro, al de rebelión popular contra la dictadura.

En el fondo se podría especular en el resultado de toda esta propuesta que terminaría protegiendo a los delincuentes de cuello y corbata cuyo delitos no necesitan ningún tipo de dron para ser encubiertos.