En absoluto secreto, entre el 8 y el 10 de febrero pasados, la Armada chilena demolió el edificio en el cual hasta 2012 funcionó la Academia de Guerra Naval en Valparaíso.
Se trata del lugar desde el cual el almirante José Toribio Merino orquestó el golpe militar del 11 de septiembre de 1973; luego de eso, el inmueble fue convertido en centro de comando de las tareas represivas de la dictadura y en uno de los principales recintos de prisión y tortura en la región de Valparaíso.
La destrucción de la antigua Academia de Guerra Naval ocurre en momentos en los que el ministro en Visita Extraordinaria para Causas de Derechos Humanos, de Valparaíso, Jaime Arancibia, avanza en sus investigaciones, pues ya pudo identificar al equipo que en la Armada comandó y ejecutó las principales acciones represivas.
Esto ha causado preocupación en la Armada, que ha logrado mantener casi totalmente impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1973-1990). En esto difiere de lo sucedido con criminales del Ejército, la Aviación y Carabineros de Chile, muchos de los cuales han sido procesados y condenados a partir de que estas causas se activaron, tras la detención de Augusto Pinochet, en Londres, el 10 de octubre de 1998.
“Palacio de la Risa”
La Academia de Guerra Naval era una construcción de acero y concreto, de cuatro pisos, ubicada en un promontorio en el Cerro Playa Ancha, de Valparaíso. Luego del derrocamiento del presidente Salvador Allende y la imposición de la Junta Militar, este edificio –donde normalmente se formaba a los oficiales navales– pasó a ser conocido popularmente como el “Palacio de la Risa”, irónica alusión a los angustiantes alaridos de dolor que día y noche surgían de ahí, producto de las torturas a centenares de detenidos.
La Academia de Guerra Naval –que en 2012 se trasladó a la vecina ciudad de Viña del Mar– se emplazaba en lo que las organizaciones de derechos humanos de Valparaíso han denominado la “Colina del Terror”, puesto que allí también está el cuartel Silva Palma, guarnición que tras el golpe sirvió como centro masivo de detención.
“Creo que al echar abajo la Academia de Guerra pretenden borrar la memoria de lo que ahí sucedió, pero claramente el pueblo mantiene su imaginario y, dentro de eso, la tarea es poder reconstruir los hechos.
“Lo primero que hizo la Armada fue asesinar y torturar masivamente al pueblo chileno.”
Es lo que señala en entrevista Eduardo Cabrera, Neco, exprisionero político y presidente de Cine Forum, y quien se ha convertido, quizás, en el más tenaz perseguidor de criminales de la Armada.
Cine Forum –que organiza desde hace una década festivales de cine de derechos humanos y de pueblos indígenas– y la Agrupación de Marinos Antigolpistas denunciaron públicamente (mediante comunicado del 18 de febrero pasado) la demolición silenciosa e inconsulta de ese centro de tortura y muerte.
“Vemos con estupor en este hecho el intento de borrar de la memoria aquel lugar donde se deliberó y fraguó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”, manifestaron.
Además expresaron en su declaración la voluntad de perseverar en el esfuerzo por que el cuartel Silva Palma pronto sea declarado Sitio de Memoria Histórica por el Consejo de Monumentos Nacionales, y por lograr que toda la Colina del Terror sea declarada Zona de Conservación Histórica. Formalmente solicitaron esto el 20 de julio de 2016, y entregaron el expediente del caso este miércoles 8. Su carpeta fue foliada con el número 1557.
Neco, quien al momento del golpe era presidente del Centro de Alumnos de Filosofía del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, expresa que “el alto mando de la Armada cree que botando edificios y quemando archivos se acaba su problema… pero hoy somos muchos los que estamos preocupados del tema de la memoria”.
Temerosos de que la demolición de la Academia de Guerra Naval, además de afectar la memoria histórica y el patrimonio, pudiera incidir negativamente en las numerosas causas por crímenes de lesa humanidad, Cabrera y otros expresos políticos y militantes de organizaciones de derechos humanos se reunieron con el ministro Arancibia, a quien le plantearon su inquietud.
Éste les expresó que “de ninguna manera” la citada demolición afectaría los procesos, puesto que él ya había hecho una inspección de la Academia de Guerra, y había hecho registros de los lugares que, según diversos testimonios, habrían sido utilizados para las detenciones y torturas.
Ante los cuestionamientos por la demolición, la Armada justificó su proceder mediante una declaración el 21 de febrero. Indicó que el edificio demolido había quedado “con daños estructurales” tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Por lo mismo, y tras una serie de trámites administrativos, técnicos y legales –que no se especificaron–, habían establecido la necesidad de su destrucción, por considerarlo un peligro para la seguridad.
Ni la municipalidad de Valparaíso ni el Ministerio de Vivienda han respondido si sus organismos técnicos autorizaron la demolición, que necesariamente debió ser aprobada por ellos para cumplir con el ordenamiento jurídico relacionado con inmuebles ubicados en zonas de conservación histórica.
Crudos testimonios
El 14 de octubre de 2015 Arancibia inició proceso a 12 oficiales y suboficiales en retiro de la Armada por los delitos de tortura, secuestro calificado y asociación ilícita, cometidos contra Eduardo Cabrera.
Esta causa tiene el mérito de ser uno de los primeros autos de procesamiento por delito de tortura que alcanza a altos oficiales de dicha institución. Este tipo de crímenes fue ignorado por la justicia hasta hace unos cinco años, cuando se comenzaron a investigar con seriedad.
En aquel dictamen se establece que el 6 de abril de 1974, “aproximadamente a las 03:00 horas de la madrugada, Eduardo Cabrera Vásquez fue detenido en su domicilio particular por un contingente de efectivos de la Armada de Chile, sin existir motivo alguno para ello”.
Se añade: “Fue esposado y conducido en una camioneta hasta el Cuartel Silva Palma de la Armada en Valparaíso, lugar donde fue sometido a maltrato físico y psicológico, y fue obligado a permanecer por más de cinco horas de pie en un patio ubicado al interior del cuartel, siempre encapuchado. Cuando fue interrogado recibió descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, genitales, boca, orejas y extremidades, ello por medio de un objeto que se conocía con el nombre de Magneto”.
Cabrera señala en la entrevista que entre 5 mil y 10 mil personas pasaron por la Colina del Terror y otras dependencias utilizadas por la Armada como parte de las tareas represivas.
Dice que en los centros de estudios los rectores elaboraban listas con los estudiantes de izquierda, las cuales eran facilitadas a la Armada. “Estos estudiantes tuvieron que ir a firmar al cuartel Silva Palma, estar un par de días ahí, encapuchados, interrogados y fotografiados… y ahí se definía si los mantenían detenidos o si eran liberados”.
En entrevista con Proceso, Arancibia ratificó la veracidad de estos dichos. “Había listas de estudiantes que fueron interrogados en el cuartel Silva Palma. En algunos casos se llegó a los golpes, en otros no, la verdad es que hubo de todo, por eso es que hay que distinguir caso por caso”, expresa el magistrado.
La misma suerte corrieron miles trabajadores y dirigentes sindicales. “En el fondo, es el pueblo porteño –de Valparaíso– el que en su conjunto fue castigado por comprometerse en un proceso que afectó profundamente los intereses de la oligarquía”, señala Neco y asegura que la situación en el Silva Palma “era de una adversidad increíble: te enfrentabas a lo que ellos querían hacer contigo. Debías cooperar, entregar los elementos que ellos querían para su investigación, y si ellos no obtenían eso, significaba soportar los golpes, electricidad, siempre desnudo, en los genitales, en las orejas, en la lengua…”.
Este exprisionero, reconocido por sus pares por no haber realizado delaciones, recuerda que los equipos que aplicaban torturas estaban compuestos por entre seis y ocho personas: “Había mujeres… a mí me puso electricidad en los genitales una mujer que ahora está procesada: Gilda Ulloa, se llama”.
Narración anónima
El libro Estos mataron a Allende (1974), del periodista chileno Robinson Rojas, incluye el testimonio anónimo de un universitario que pasó por las mazmorras de la Armada, que entrega notables antecedentes sobre las torturas masivas perpetradas en la Colina del Terror y no ha sido integrado hasta ahora al expediente de la causa.
El testimonio fue publicado originalmente en el diario colombiano El Tiempo el 26 y el 27 de mayo de 1974, recogido por el columnista Daniel Samper Pizano, quien permanece activo en el periodismo.
“Fui detenido a mediados de octubre en el mismo recinto universitario donde estudiaba, donde asistía normalmente a clases. El rector designado por los militares permitía que los esbirros del Servicio de Inteligencia Naval se introdujeran en la universidad, y tengo la impresión de que el propio rector delataba a los estudiantes de izquierda. Con los demás detenidos nos llevaron a la Academia de Guerra Naval (…) Llegando se nos vendó los ojos y se nos hizo subir hasta el cuarto piso por las escaleras de hierro.”
Continuó el testigo: “Al subir escuchábamos gritos desgarradores; creímos que eran grabaciones para amedrentarnos, pero luego nos dimos cuenta de que eran gemidos auténticos de los torturados. Nos metieron en una pieza y nos obligaron a permanecer de pie, con las manos en la nuca, sin hablar. El que se movía o hablaba era lanzado al suelo, donde le daban culatazos y lo pateaban. Allí permanecimos toda una tarde, en espera de que nos llamaran para interrogarnos. Nos sorprendieron hablando y nos castigaron brutalmente, pero así pude saber que en esa sala ya había personal de la Aduana que estaba siendo torturado.
“El primer día sacaron a mucha gente que había llegado antes: los de la Aduana, el profesor de literatura y el cura católico. No volvieron más. Después sorprendí a un guardia que comentaba con otro: ‘El cura se les fue cortado, lo van a hacer aparecer como suicidio’.”
Cabe señalar que, tal como se ha podido acreditar en la investigación judicial del caso Woodward que ahora lleva el ministro Arancibia, el sacerdote chileno-británico Miguel Woodward murió a consecuencia de las torturas perpetradas en la Academia de Guerra y en el buque-escuela Esmeralda, aplicadas tras ser secuestrado de su domicilio en Valparaíso la noche del 16 de septiembre de 1973.
Como la Academia de Guerra, desde el 11 de septiembre de 1973 el Esmeralda se convirtió en un centro de detención y tortura. Esta situación, denunciada en aquel tiempo por familiares y víctimas, fue ratificada a lo largo de los setenta en diversos informes de la Organización de Estados Americanos, del Senado de Estados Unidos y de Amnistía Internacional.
Continúa el relato publicado en El Tiempo:
“Al segundo día fui interrogado: permanecí torturado durante más de tres horas. Me desnudaron y me golpearon con manos y pies por todo el cuerpo. Parece que los interrogadores eran muchos. Luego me aplicaron corriente en los testículos (…) Durante todo el interrogatorio me tuvieron con los ojos vendados y las manos esposadas. Con las contracciones musculares por la electricidad, las esposas se cerraban cada vez más y me rompí las muñecas hasta el hueso. A estas alturas del interrogatorio ya no sentía dolor. Solamente me daba cuenta de que me estaban quemando con electricidad.
“Al término del interrogatorio, que perseguía saber si había armas en la Universidad, me llevaron a otra sala donde me sacaron la venda para que pudiera caminar; pero me caía al suelo y me hicieron arrastrarme hacia otra sala, donde yacían los torturados. Había allí un profesor universitario que conocía de vista, que estaba con todo un lado del cuerpo negro de los hematomas y le habían perforado el tímpano, por lo que el dolor le hacía aullar; los restantes estaban todos tanto o más golpeados que yo. Muchos tenían las costillas rotas y no podían siquiera respirar. Ninguno podía caminar; tenían fracturas en los huesos de las piernas, por golpes y por las contracciones musculares producidas por la corriente.
“Había muchas mujeres tan golpeadas como nosotros. A las mujeres las habían violado en forma bestial; estaban desgarradas internamente y sangraban con profusión. Una se quejaba continuamente; le habían introducido un objeto cortante en la vagina y parece que le había traspasado el peritoneo. Entre los que estaban, algunos dijeron haber reconocido a los interrogadores: ‘Eran infantes de marina de los que han sido preparados en las bases norteamericanas en Panamá’.”
SICAJSI
A partir del 11 de septiembre de 1973 la Armada creó el Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), formado por funcionarios de la Armada, de Carabineros (policía uniformada) y de la Policía de Investigaciones. Dependía directamente de la Primera Zona Naval, con sede en Valparaíso.
El jefe de SICAJSI fue el capitán de navío Sergio Barra von Kretschmann, secundado por Héctor Trobok, coronel de Carabineros. Ellos reportaban al jefe de Estado Mayor de la Armada, Guillermo Aldoney.
En auto de procesamiento del 8 de mayo de 2015, mediante el cual Arancibia sometió a proceso a 18 exoficiales y suboficiales de la Marina y Carabineros por su responsabilidad en la muerte de Woodward, se fija el papel de la Academia de Guerra en las tareas represivas cumplidas por la Armada en los albores de la dictadura.
“Luego del 11 de septiembre de 1973, la Armada de Chile puso en marcha, con ciertas modificaciones, un Plan Antidisturbios, también denominado ‘Plan Cochayuyo’, ideado aproximadamente a comienzos de 1973 y que tenía, entre otros objetivos, detener la acción insurgente a sus designios, mantener el orden público y obtener el control absoluto de la población, especialmente de la Quinta Región (de Valparaíso).”
Allí se añade que “por orden de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval se instaló físicamente en la Academia de Guerra Naval, ubicada en Valparaíso, el denominado SICAJSI”, razón por la cual la citada academia suspendió en aquel tiempo “las labores de educación que le eran propias, para albergar al organismo antes referido”.
“La función principal era la de desbaratar los grupos contrarios al régimen militar instaurado en el país, procediendo para ello a ordenar la captura de personas militantes o afines a algún partido político o movimiento de centro, izquierda o revolucionario, y su posterior traslado a unidades controladas por la Armada o pertenecientes a ésta, habilitados como Centros de Detención e Interrogatorio.”
En entrevista con Proceso, Arancibia ratifica que ya está comprobado que el SICAJSI operó en la Academia de Guerra.
*El reportaje fue publicado en Proceso, México.