Como una apuesta por demorar la resolución de su juicio en el caso Penta, Laurence Golborne ingresó al Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento alegando inconstitucionalidad en la aplicación del delito de infracción a la Ley de Donaciones, al no precisarse la pena que debe aplicarse por su incumplimiento.

Pese a la jugada de la defensa del ex ministro, el órgano revisor, por cuatro votos a uno, declaró inadmisible el reclamo, por lo que el juicio contra el ex ministro de Piñera se reanuda según los plazos establecidos.

En enero de 2015, el ex candidato presidencial de la UDI reconoció haber recibido 120 millones de pesos por parte de Penta a través de boletas falsas, para financiar su candidatura presidencial. Más tarde, se reveló que Golborne habría recibido otros 260 millones de pesos a través de empresas como BCI, Inversiones Caburga y Ripley, firmas que están siendo investigadas.

Como imputado, Golborne tiene cargos por evasión de impuestos, ya que recibió facturas sin prestar servicios. También se le imputan delitos relativos al incumplimiento de la Ley de Donaciones.

La acusación de la Fiscalía

Este 4 de marzo terminó el plazo de investigación del caso, tras ello la Fiscalía dio a conocer las penas solicitadas para cada imputado.

Así, por ejemplo, para los controladores del grupo, Carlos Délano y Carlos Lavín pidió 10 años de prisión efectiva, misma condena exigen para el ex subsecretario de Piñera, Pablo Wagner.

En más de 400 páginas, la carpeta investigativa que llevan los fiscales Carlos Norambuena y Carlos Gajardo estipula acusaciones contra 35 personas y cuatro empresas. A la espera de la resolución del TC, aún no estaba clara la situación de Laurence Golborne.

La tranquilidad de los querellantes

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado Mauricio Daza, uno de los querellantes en el caso, esperaba confiando en que los ministros del TC resolvieran en contra del ex ministro.

Principalmente porque carecía de los argumentos necesarios para ser admitida su revisión a fondo. En ese momento, Daza señaló que esperaban que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso “para poner término a este capítulo y seguir adelante con el proceso penal contra él, porque se le imputan graves y reiterados delitos”.

El temor, sin embargo, se alojaba en la posibilidad que nuevos imputados tomaran el camino escogido por la defensa de Golborne. Puerta que hoy se cierra con la definición del Tribunal.

El abogado Daza, elogió el trabajo llevado a cabo en este caso por los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Manuel Guerra, el que a su juicio debería redundar en que se condene a los acusados por delitos tributarios.

“Creemos que a partir del muy buen trabajo que han hecho el fiscal Gajardo, el fiscal Norambuena y el fiscal Guerra la verdad es que estamos frente a una investigación redonda, y con las pruebas que ya existen creemos que hay opciones que son bastante realistas de obtener una pena ejemplar en contra de las personas involucradas en esta red de corrupción”.

Daza respondió a quienes han acusado de sesgo político a la Fiscalía, tal como ha sido la estrategia de defensa, especialmente de personeros de Chile Vamos.

En este sentido, el abogado de Ciudadano Inteligente recordó que las empresas como Penta que entregaron financiamiento irregular a políticos, efectivamente tienen cercanía ideológica con la derecha, y es ahí donde radica el supuesto sesgo investigativo.

“Lo que nosotros queremos es que la Fiscalía investigue, porque ya se reveló sino también todos aquellos antecedentes que vinculan no solamente a otros políticos, sino también a otros grupos económicos. Acá se pierde un poco de vista qué es lo principal, todo el mundo está preocupado que cuáles el destino de las personas que recibieron financiamiento, pero se pierde la perspectiva de quiénes efectuaron ese financiamiento, y muchas veces ahí se puede explicar esos famosos sesgos que algunos políticos reclaman”.

Mauricio Daza hizo énfasis en que este el caso Penta no sólo marcará la historia judicial chilena, sino también la historia política y social de nuestro país, dado que es un proceso judicial que ha enfrentado a la élite política y económica de Chile.