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Año IX, 21 de noviembre de 2017

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Justicia

Fraude en Carabineros: Ocho ex uniformados quedan en prisión preventiva

Natalia Figueroa |Lunes 20 de marzo 2017 0:09 hrs.

carabineros fraude

Luego de una extensa audiencia de control de detención, el Séptimo Juzgado de Garantía dejó en prisión a ocho involucrados en la malversación de más de diez mil millones de pesos. En tanto un civil quedó con arresto domiciliario nocturno.

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El  Séptimo Juzgado de Garantía dictó prisión preventiva para ocho funcionarios imputados en el fraude de Carabineros, mientras que un civil involucrado deberá cumplir con reclusión nocturna.

Los imputados que deberán cumplir con la medida cautelar son el ex coronel Jaime Paz Meneses; los ex tenientes coroneles Ramiro Martínez Chiang, Robinson Carvajal Leyton y Héctor Nail Bravo; los ex capitanes en retiro Felipe Ávila Paz, Carlos Rojas Muñoz y Francisco Estrada Castro; y el mayor en retiro Nelson Valenzuela Aravena.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por delitos en calidad de autores de asociación ilícita, malversación de caudales públicos reiterados y lavado de activos, que entre 2011 y 2015 habrían provocado un fraude por más de diez mil millones de pesos.

“Todos recibieron altas sumas de dinero en sus cuentas corrientes que luego fueron fraccionando y distribuyendo”, señaló el fiscal a cargo del caso, Eugenio Campos, quien detalló el patrimonio de cada uno donde figuraban bienes raíces, vehículos y sociedades comerciales.

Además, la Fiscalía le extendió al tribunal un documento con la identidad de 99 personas que eventualmente estarían involucrados en el fraude y que deben ser investigadas. Se trata de familiares y civiles que participaron de los hechos y recibieron dineros ilícitos.

La investigación se inicia por el movimiento financiero inusual del capitán en retiro Felipe Ávila, detectado por el banco Falabella en Punta Arenas, que luego fue reportado a la Unidad de Análisis Financier (UAF). Las operaciones se concretaron hasta 2015 y fueron informadas en 2016 a este último organismo.

Es trascendental para comprender la configuración del fraude, según estimó el fiscal, una de las primeras declaraciones entregadas, el 21 de noviembre de 2016, por el ex comandante Héctor Nail Bravo, quien asegura que sólo se trataba de un problema informático que “erró en entregar dineros a terceros”.

Se apunta como líder de las operaciones ilícitas al general en retiro Flavio Echeverría Cortés, quien se encontraba a cargo de la Dirección de Finanzas de Carabineros. El Ministerio Público destacó el comportamiento del ex funcionario una vez conocida la alerta al banco.

“Echeverría reconoció haber sostenido una conversación con el ejecutivo del Banco Estado, Alejandro Cobián, en enero de 2015, con el objetivo de evitar que el caso pasara de una fase administrativa a una arista penal”, explicó el fiscal.

De acuerdo a otras declaraciones, hubo varias reuniones posteriores a la alerta bancaria entre los funcionarios activos y civiles involucrados, donde se pasaban dinero por mano y trataban de ingresar dineros propios -“falsa reintegración”- para borrar ciertas irregularidades que podrían saltar a la vista. Es decir, se trató de dar la apariencia de legales a estos dineros.

El fiscal relató las conversaciones que los funcionarios mantuvieron vía Whatsapp para concretar estas operaciones y el discurso que debían asumir.

“Juan Pablo, ¿estás en tú oficina? Hay que cambiar el discurso, hay que decir que te apareció esa plata en tu cuenta, que la guardaste un tiempo y que de a poco te la gastaste. Trataremos de pasarte plata para que la devuelvas, decir que tienes la intención de devolverla. Ya llamaron a Pedro Valenzuela y a Carlos Rojas y eso dijeron. Ese será el discurso y ahí hay que mantenerse. ¿Las de 2015 mi coronel? Si, no recuerdo cuántas fueron. A su orden mi coronel”, relató.

El modus operandi para concretar el fraude fue sistemático y reiterado. Los oficiales que estaban bajo la jefatura de Echeverría depositaban altas sumas de dinero en las cuentas corrientes de terceros para luego retirarlos de manera fraccionada y entregarlos en efectivo por mano a los funcionarios policiales.

Para concretar estos actos incluso se ocuparon las mismas instalaciones de Carabineros, ubicadas en el centro de Santiago, para entregarse bolsos con dinero en efectivo.

Se apunta también al mayor en retiro Nelson Valenzuela como vínculo en la asociación ilícita, teniendo en cuenta que es socio con Echeverría en la empresa inmobiliaria Nava Spa.

El abogado del general en retiro Flavio Echeverría, José Luis Andrés, señaló que el ex oficial entregaría toda la información requerida, desestimando la prisión preventiva.

Parlamentarios condicionan presupuesto

Los parlamentarios de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados han valorado los resultados de la investigación a cargo de la Fiscalía y las decisiones tomadas por el general director de Carabineros, Bruno Villalobos.

El diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, afirmó que la cifra defraudada conocida hasta ahora, diez mil millones de pesos, podría llegar hasta al doble.

“Desde el punto de vista de las diligencias debemos decir que ha sido una investigación bastante exitosa. Estimamos que se podría llegar hasta el doble de la cifra malversada desde el punto institucional y obviamente del punto de vista de los responsables podríamos llegar a dos o tres veces la cantidad de involucrados que hasta ahora ha conocido la opinión pública”, detalló.

Mientras, el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, adelantó que el presupuesto que será aprobado para la institución para 2018 tendrá que ser sometida a ciertas condiciones de probidad que ellos plantearán.

“Carabineros ha tomado una serie de medidas de auditoria y nosotros lo vamos a exigir porque de todas maneras se va requerir mayor fiscalización y control al momento de aprobarle el próximo presupuesto de la nación para esta institución y por eso se están tomando medidas”, enfatizó el parlamentario.

Dentro de las transacciones ilícitas incluso figura un depósito de 54 millones de pesos a uno de los funcionarios, del cual siete millones estarían destinados a un bingo de beneficencia que, sin embargo, fue nuevamente depositado a una empresa de iluminación de uno de los imputados. Esta forma de operar evidencia una organización criminal que se conformó para concretar innumerables delitos reiterados en el tiempo.