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Año IX, 25 de septiembre de 2017

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Ejecutivo despliega estrategia para amortiguar efectos de la Reforma Laboral

Rodrigo Fuentes |Jueves 30 de marzo 2017 20:30 hrs.

Reforma Laboral

El primero de abril entrará en vigencia la Ley. Por ello, desde el Gobierno anunciaron la creación de un Consejo Superior Laboral, instancia que profundiza el diálogo entre empleadores y trabajadores. La medida es respuesta a las advertencias sobre que la nueva normativa incrementará los conflictos al interior de las empresas.

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En pocas horas se implementará la nueva Reforma Laboral, por ello el Gobierno comenzó a profundizar el diálogo entre empleadores y sindicatos. Esto, luego que distintos expertos manifestaran su preocupación por la conflictividad que generará en las empresas la aplicación de la Ley.

Algunos puntos claves serán los artículos de la normativa que amplían de 45 a 180 días el proceso previo a la negociación colectiva, aspecto que sólo alargará el conflicto, según entendidos.

La nueva legislación también prohíbe el reemplazo durante la movilización, pero a la vez, permite al empleador realizar las llamadas adecuaciones necesarias, estableciendo servicios mínimos para que la empresa continúe funcionando.

Al respecto la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss adelantó que el Ejecutivo dará marcha a una nueva instancia denominada Consejo Superior Laboral, que se encargará de evaluar la Reforma Laboral y propondrá políticas públicas para fortalecer el dialogo social y el tripartismo entre Gobierno, trabajadores y empleadores.

“El diálogo ha sido esencial en la construcción de la nueva legislación, por esto se incorpora el Consejo Superior Laboral que justamente incluye el diálogo social como eje central y el tripartismo. Gobierno, empleadores y trabajadores tendrán una instancia que tiene por objeto fundamentalmente la proposición de políticas públicas y también la evaluación que tendrá la Ley”, detalló la secretaria de Estado.

La nueva normativa laboral destaca el piso de negociación que tendrán los trabajadores y mayor información para el ejercicio de sus derechos colectivos.

Otro tema establecido es que la ley reconoce el derecho a negociar de los sindicatos inter-empresa, subcontratistas o empresas externas, sin embargo, permite al empresario poner término de los contratos en cualquier momento de la negociación.

La académica de la Universidad Central, María Ester Feres, indicó que el nuevo reglamento es paupérrimo, ya que no existe ampliación de beneficios para los trabajadores, ni derecho a huelga efectiva.

Para la ex directora del Trabajo, las contradicciones en la normativa, sólo significará la judicialización de los conflictos laborales y sociales: “Vamos a tener un incremento de la conflictividad laboral. Esto dañará mucho la actividad económica, las relaciones y el mismo sistema democrático en Chile. Todos los especialistas están expectantes sobre qué pasará con esto, la técnica legislativa quedó bastante lamentable, va a ser difícil de interpretar por lo que se dice en un artículo y como que se desdice en otro”, subrayó.

Según Claudia Muñoz, dirigente del sindicato de profesionales y técnicos de Aguas Andinas, la Ley se parece al Plan Laboral de José Piñera.

La vocera del Frente Sindical No al Plan Laboral también indicó que otro de los puntos en discordia es el aumento del quórum a 25 integrantes para formar sindicatos en empresas de menos de 50 trabajadores. “Para nosotros se profundizó el plan laboral de la dictadura, se le subieron las exigencias de adhesión a los trabajadores que más les cuesta formar sindicatos en la pequeña empresa y el Gobierno lo que prometía de alguna forma era que la reforma iba a aumentar la sindicalización, sin embargo, aumenta el quórum, por lo tanto, no creemos que cambie la realidad sindical del país”, sentenció.

La dirigente sindical de Aguas Andinas, Claudia Muñoz, agregó que con la implementación de la reforma no se cierra la discusión de los derechos de los trabajadores, por el contrario, se abre el debate y deja la tarea a los candidatos presidenciales, parlamentarios y al próximo Gobierno que deberá perfeccionar una Ley que según la sindicalista, no cumplió con las expectativas.