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Año IX, 18 de octubre de 2017

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Defensores de derechos humanos denuncian amenazas de muerte

Natalia Figueroa |Jueves 6 de abril 2017 7:56 hrs.

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A la situación del vocero de Modatima, se suman otros casos de activistas sociales que acusan amedrentamientos y presiones ejercidas presuntamente por las empresas contra las que protestan. Este miércoles, la comunidad de Petorca presentó un recurso de protección por las amenazas recibidas por Mundaca.

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Un reportaje publicado el 20 de marzo en un medio de Dinamarca reveló el negocio que mantienen los agricultores de paltas, en detrimento de las comunidades de Petorca, en la Región de Valparaíso, que por estos cultivos padecen escasez de agua. Después de conocer esta información, la cadena de supermercados danesa “Supermarket Lidl & Aldi” reaccionó y decidió abstenerse de comprar este producto mientras se mantenga esta grave situación en Chile.

Al día siguiente, el dirigente del Movimiento por la Recuperación del Agua, la Tierra y la Vida (Modatima), Rodrigo Mundaca, recibió un llamado telefónico donde se le amenazó de muerte.

Una situación que no sólo se ha enfocado en su figura como activista, sino que le ha ocurrido a varios de los vecinos de Petorca e integrantes del movimiento por la defensa del agua, que narran como el Estado ha desembolsado cerca de 12 mil millones de pesos para comprar agua potable y abastecer a la comunidad mediante camiones aljibes, sin ejercer ninguna regulación ante la usurpación de aguas.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Rodrigo Mundaca, insistió en los intereses políticos en torno a la concentración de los derechos de agua que se mantienen en propiedad de empresarios y agricultores de la zona. “El agua es el conflicto más neurálgico que existe en los territorios. Cuando nos preguntan por qué esa conciencia no está instalada en todo el país, la respuesta es obvia: Es objetivo de lucro, de usura y exclusión. Hay que recordar que el actual presidente del Senado, Andrés Zaldívar, recibió tres millones y medio de pesos por parte de Aguas Andina, entre 2006 y 2010,  para que hiciera seguimiento parlamentario”.

En ese escenario, el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, señaló que este miércoles presentaron un recurso de amparo en favor de la comunidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El objetivo es proteger a todos los vecinos que defienden los recursos naturales de la provincia y en particular a este dirigente.

Además, el abogado recordó que no es primera vez que Rodrigo Mundaca es violentado. Hace dos años fue agredido sospechosamente por la espalda en medio de una marcha ciudadana, lo que le generó graves contusiones en su cabeza. Antecedentes serán puestos a disposición de la justicia para que se inicie la investigación pertinente.

Las amenazas por la oposición a las mineras, Monsanto y al TPP

Pero las amenazas de muerte también se extienden a otros casos.

Patricia Núñez,  conocida como “Dedos Verdes” por su defensa a las Semillas Libres y activismo contra Monsanto, denunció ser víctima de una escalada de violencia por su visibilidad en la causa.

Los llamados de personas desconocidas propinando insultos y amenazas  son reiterados, incluso, en 2016 la casa de sus padres fue parcialmente incendiada en la previa de una charla que dictaría sobre el lobby de las empresas en la Ley Monsanto.

El problema, reconoce Patricia, es que no se puede realizar una denuncia en Carabineros porque tampoco se le puede atribuir la responsabilidad a alguien en específico. La única certeza es que son acciones constantes, que han ocurrido días antes a las actividades donde ella participa como defensora a los derechos de las comunidades: “No sé bien quienes eran todos los que sabían que yo iba a dar una charla en la Expo Mundo Rural, que era dirigida a los campesinos sobre lo que estaba ocurriendo con la política de las semillas y también con el TPP. En ese marco, llamaron a mi casa, llamó un hombre diciendo que me iba a matar si seguía en esto. Luego, dejaron un recado a Anamuri (Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas)  manifestando las mismas intenciones y lo que me dijeron es que era una mujer con acento extranjero”.

Eduardo Vallejos, vocero del Comité por el Agua de Villa Alemana, recordó un episodio donde fueron reprimidos por manifestarse contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), en Viña del Mar, en marzo pasado.

A su juicio, esto también refleja que el Estado no garantiza el derecho a la libre expresión a las organizaciones sociales.

Los vecinos de las localidad de Caimanes, ubicada en la comuna de Los Vilos, en la Región de Coquimbo también relatan cómo han tratado de intimidarlos desde minera los Pelambres. Si bien, en su caso particular, no se denuncian amenazas de muerte, manifiestan que se los persigue por reclamar que la empresa perteneciente al grupo Luksic, les ha provocado escasez de agua.

Cristián Flores, vocero del Comité de Defensa de Caimanes, comentó que la minera logró que muchos de los vecinos se ajustaran a las compensaciones por daños ofrecidas por la empresa, como arreglos de caminos,  abastecimiento de aguas y puestos de trabajo, y con esto que se dividiera la comunidad mediado por sus intereses.

Flores se refirió a un hecho puntual que vinculó a los abogados defensores de la comunidad con una supuesta asociación ilícita y suscripción engañosa de documentos ante organismos ambientales para tratar de beneficiarse económicamente con este conflicto en la zona. “El amedrentamiento más fuerte que tuvimos fue cuando la minera acusó a nuestros ex abogados de prevaricación y decían que los iban a condenar a más de 20 años de cárcel por delitos que en realidad nunca cometieron ni ellos ni la comunidad. Nosotros nunca dejaremos de defender el territorio a pesar de las amenazas”.

 

Los hechos de violencia contra los defensores de la Tierra no son solo una realidad local. En 2016, la dirigente social Berta Cáceres fue asesinada en Honduras por defender a su territorio de la instalación de una gran central hidroeléctrica con capitales internacionales.

Estos hechos de violencia revisten mayor gravedad considerando que se trata de personas que deben ser protegidos de acuerdo a tratados internacionales suscritos por Chile y establecidos en Convención Internacional sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).