En el Día Mundial de la Salud la OMS fijó un problema para que los Estados reflexionen sobre las políticas públicas que deben priorizar. Este año estará enfocado en la depresión y cómo afecta a las personas de distintas edades.
Según el organismo internacional, uno de cada cinco chilenos sufre de depresión, es decir 850 mil personas en total. Un panorama aún más complejo si consideramos que muchos de estos casos llegan al suicidio. Sin embargo, hasta ahora no contamos con una Ley de Salud Mental.
Más allá de este trastorno particular, esta fecha da pie para analizar las falencias del sistema de salud en su conjunto y las distintas áreas que adolecen de deficiencias técnicas, económicas, de recursos humanos, entre otros aspectos.
El médico cirujano y presidente de Fundación Equidad, Tomás Lagomarsino, explicó que el sistema de salud se mantiene sumamente fragmentado. “Existen múltiples divisiones y prestadores que no funcionan en red que hacen ineficiente el sistema. Por ejemplo, por un lado tenemos las Isapre y Fonasa, el programa Prais para las víctimas de la Dictadura, otro modelo para las Fuerzas Armadas y las mutuales en caso de accidentes laborales”.
En esa línea, recalcó la urgente necesidad de mejorar el sistema de financiamiento que no garantiza ni el tratamiento ni la entrega de muchos de los medicamentos recetados a los pacientes. Para eso, afirmó que se necesita establecer una Política Nacional de Medicamentos que vaya más allá de la Ley Ricarte Soto, que avanzó en particular en los tratamientos de alto costo.
Otro de los pendientes que destacó el especialista es resolver la inconstitucionalidad de las tablas de factores de riesgo de las Isapres. Esto, según explicó, ha generado que cada año se ingresen alrededor de 90 mil recursos de protección a los tribunales producto de alzas arbitrarias de estas entidades a los usuarios.
Según datos de la Superintendencia de Salud, en 2016 las utilidades de las Isapres aumentaron un 61 por ciento respecto del año anterior, es decir, se obtuvieron ganancias por sobre los 50 mil millones de pesos.
Una opinión compartida por el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique Paris, quien planteó que una de las prioridades que deben considerar los candidatos presidenciales es reformar la Ley de Isapres para así limitar estas ganancias. Esto, luego que este jueves la Corte Suprema acogiera una serie de recursos de protección presentados por el aumento de los costos de planes de isapres por el factor de Garantías Explícitas de Salud (GES).
Para el especialista esta situación se podría ajustar con un Comité de Expertos que evitara la judicialización del tema y el cobro excesivo para los usuarios.
Por otro lado, el cambio al modelo de financiamiento de la atención primaria sigue siendo una deuda en la salud pública.
Hay que considerar como contexto que en 1980, en medio de la Dictadura, el sistema de salud fue fragmentado encargando los hospitales y los consultorios de especialidades a los servicios de salud, un total de 29 en el país, y las atenciones primarias a las municipalidades.
El médico cirujano Tomás Lagomarsino explicó que con esto “el Estado entrega un per cápita a cada consultorio de acuerdo a la cantidad de personas que se atienden y cada municipio adiciona un extra de acuerdo a sus recursos. Entonces, el servicio de Lo Prado recibe lo mismo que el de Las Condes, pero la diferencia es que este último municipio inyecta más recursos para los programas de salud, lo que lo hace un servicio mucho más robusto”.
En el Día Mundial de la Salud la OMS fijó un problema para que los Estados reflexionen sobre las políticas públicas que deben priorizar. Este año estará enfocado en la depresión y cómo afecta a las personas de distintas edades.
Según el organismo internacional, uno de cada cinco chilenos sufre de depresión, es decir 850 mil personas en total. Un panorama aún más complejo si consideramos que muchos de estos casos llegan al suicidio. Sin embargo, hasta ahora no contamos con una Ley de Salud Mental.
Más allá de este trastorno particular, esta fecha da pie para analizar las falencias del sistema de salud en su conjunto y las distintas áreas que adolecen de deficiencias técnicas, económicas, de recursos humanos, entre otros aspectos.
El médico cirujano y presidente de Fundación Equidad, Tomás Lagomarsino, explicó que el sistema de salud se mantiene sumamente fragmentado. “Existen múltiples divisiones y prestadores que no funcionan en red que hacen ineficiente el sistema. Por ejemplo, por un lado tenemos las Isapre y Fonasa, el programa Prais para las víctimas de la Dictadura, otro modelo para las Fuerzas Armadas y las mutuales en caso de accidentes laborales”.
En esa línea, recalcó la urgente necesidad de mejorar el sistema de financiamiento que no garantiza ni el tratamiento ni la entrega de muchos de los medicamentos recetados a los pacientes. Para eso, afirmó que se necesita establecer una Política Nacional de Medicamentos que vaya más allá de la Ley Ricarte Soto, que avanzó en particular en los tratamientos de alto costo.
Otro de los pendientes que destacó el especialista es resolver la inconstitucionalidad de las tablas de factores de riesgo de las Isapres. Esto, según explicó, ha generado que cada año se ingresen alrededor de 90 mil recursos de protección a los tribunales producto de alzas arbitrarias de estas entidades a los usuarios.
Según datos de la Superintendencia de Salud, en 2016 las utilidades de las Isapres aumentaron un 61 por ciento respecto del año anterior, es decir, se obtuvieron ganancias por sobre los 50 mil millones de pesos.
Una opinión compartida por el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique Paris, quien planteó que una de las prioridades que deben considerar los candidatos presidenciales es reformar la Ley de Isapres para así limitar estas ganancias. Esto, luego que este jueves la Corte Suprema acogiera una serie de recursos de protección presentados por el aumento de los costos de planes de isapres por el factor de Garantías Explícitas de Salud (GES).
Para el especialista esta situación se podría ajustar con un Comité de Expertos que evitara la judicialización del tema y el cobro excesivo para los usuarios.
Por otro lado, el cambio al modelo de financiamiento de la atención primaria sigue siendo una deuda en la salud pública.
Hay que considerar como contexto que en 1980, en medio de la Dictadura, el sistema de salud fue fragmentado encargando los hospitales y los consultorios de especialidades a los servicios de salud, un total de 29 en el país, y las atenciones primarias a las municipalidades.
El médico cirujano Tomás Lagomarsino explicó que con esto “el Estado entrega un per cápita a cada consultorio de acuerdo a la cantidad de personas que se atienden y cada municipio adiciona un extra de acuerdo a sus recursos. Entonces, el servicio de Lo Prado recibe lo mismo que el de Las Condes, pero la diferencia es que este último municipio inyecta más recursos para los programas de salud, lo que lo hace un servicio mucho más robusto”.
En el Día Mundial de la Salud la OMS fijó un problema para que los Estados reflexionen sobre las políticas públicas que deben priorizar. Este año estará enfocado en la depresión y cómo afecta a las personas de distintas edades.
Según el organismo internacional, uno de cada cinco chilenos sufre de depresión, es decir 850 mil personas en total. Un panorama aún más complejo si consideramos que muchos de estos casos llegan al suicidio. Sin embargo, hasta ahora no contamos con una Ley de Salud Mental.
Más allá de este trastorno particular, esta fecha da pie para analizar las falencias del sistema de salud en su conjunto y las distintas áreas que adolecen de deficiencias técnicas, económicas, de recursos humanos, entre otros aspectos.
El médico cirujano y presidente de Fundación Equidad, Tomás Lagomarsino, explicó que el sistema de salud se mantiene sumamente fragmentado. “Existen múltiples divisiones y prestadores que no funcionan en red que hacen ineficiente el sistema. Por ejemplo, por un lado tenemos las Isapre y Fonasa, el programa Prais para las víctimas de la Dictadura, otro modelo para las Fuerzas Armadas y las mutuales en caso de accidentes laborales”.
En esa línea, recalcó la urgente necesidad de mejorar el sistema de financiamiento que no garantiza ni el tratamiento ni la entrega de muchos de los medicamentos recetados a los pacientes. Para eso, afirmó que se necesita establecer una Política Nacional de Medicamentos que vaya más allá de la Ley Ricarte Soto, que avanzó en particular en los tratamientos de alto costo.
Otro de los pendientes que destacó el especialista es resolver la inconstitucionalidad de las tablas de factores de riesgo de las Isapres. Esto, según explicó, ha generado que cada año se ingresen alrededor de 90 mil recursos de protección a los tribunales producto de alzas arbitrarias de estas entidades a los usuarios.
Según datos de la Superintendencia de Salud, en 2016 las utilidades de las Isapres aumentaron un 61 por ciento respecto del año anterior, es decir, se obtuvieron ganancias por sobre los 50 mil millones de pesos.
Una opinión compartida por el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique Paris, quien planteó que una de las prioridades que deben considerar los candidatos presidenciales es reformar la Ley de Isapres para así limitar estas ganancias. Esto, luego que este jueves la Corte Suprema acogiera una serie de recursos de protección presentados por el aumento de los costos de planes de isapres por el factor de Garantías Explícitas de Salud (GES).
Para el especialista esta situación se podría ajustar con un Comité de Expertos que evitara la judicialización del tema y el cobro excesivo para los usuarios.
Por otro lado, el cambio al modelo de financiamiento de la atención primaria sigue siendo una deuda en la salud pública.
Hay que considerar como contexto que en 1980, en medio de la Dictadura, el sistema de salud fue fragmentado encargando los hospitales y los consultorios de especialidades a los servicios de salud, un total de 29 en el país, y las atenciones primarias a las municipalidades.
El médico cirujano Tomás Lagomarsino explicó que con esto “el Estado entrega un per cápita a cada consultorio de acuerdo a la cantidad de personas que se atienden y cada municipio adiciona un extra de acuerdo a sus recursos. Entonces, el servicio de Lo Prado recibe lo mismo que el de Las Condes, pero la diferencia es que este último municipio inyecta más recursos para los programas de salud, lo que lo hace un servicio mucho más robusto”.
