Geotermia: la vanguardia energética de Chile dominada por las empresas
Este mes se pondrá en marcha el proyecto “Cerro Pabellón”, la primera central geotérmica de Chile y de América Latina. Desde el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes de la Universidad de Chile, explicaron que este es un proyecto que posiciona a nuestro país a la vanguardia energética pero que carece de una proyección a largo plazo por parte del Estado.
Sábado 15 de abril 2017 12:33 hrs.
A casi un siglo de que se iniciaran las primeras exploraciones en Chile, durante este mes comenzaría a operar el primer proyecto geotérmico en el país, ubicado en los géiseres del Tatio, en la región de Antofagasta.
Se trata de una planta de 48 mega watts desarrollada por la multinacional italiana Enel Green Power, con una participación de un 81 por ciento en el proyecto, y de la Empresa Nacional del Patróleo (Enap), en un 18 por ciento.
Esta es la primera experiencia en el área que apunta a una política energética sustentable, considerando que se trata de un recurso renovable que se obtiene a través de calor natural de la tierra. Además, se caracteriza por ser autóctona, es decir, que no depende de las condiciones climáticas ni tampoco de los vaivenes internacionales del petróleo para generar energía. De esta manera se podría instalar como la energía base del país.
Chile fue el cuarto país en el mundo en iniciar las exploraciones geotérmicas. Sin embargo, su tardía implementación responde a una serie de barreras técnicas, sociales y económicas.
El director del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA) de la Universidad de Chile, Diego Morata, señaló que Chile por su posición geográfica tiene un potencial geotérmico extremadamente alto, pero que hasta a la fecha no se ha sabido aprovechar.
Fueron los privados que en 1923 realizaron las primeras exploraciones en las regiones del norte del país, cuando sólo Estados Unidos e Italia habían iniciado estudios similares. Después en la década de los 60, el Estado realizó varios proyectos a través de la Corporación Nacional de Fomento (Corfo) para evaluar en qué condiciones se encontraban las exploraciones. Sin embargo, estos estudios se paralizaron durante la Dictadura, en 1979. “Las autoridades militares estimaron que estos estudios no tenían mayor relevancia”, comentó el profesor.
Luego de esto, el proyecto de Cerro Pabellón es el único que ha conseguido reflotar porque se trata de una iniciativa privada. Siguiendo la misma lógica que en otros proyectos energéticos, explicó Morata, en este caso el modelo se configura a partir de la iniciativa particular donde el Estado mantiene participación minoritaria. “El Estado participa aquí a través de la Enap, es decir no podemos decir que no esté presente, pero el modelo es diferente a como se ha hecho en otros países donde se inicia a partir del Estado y luego le da participación a los privados”, precisó.
Esto ha impedido que se proyecte una política energética a largo plazo por parte del Estado y que el sector geotérmico sea gobernado por la dinámica del mercado. “Estamos en una situación paradojal porque tenemos la primera planta en la región pero no sabemos lo que se nos viene a futuro”, recalcó el profesional.
El profesor Diego Morata explicó que en la actualidad quedan sólo cuatro empresas y cerca de veinte concesiones de exploración vigentes. Sin embargo, se proyecta un trabajo más amplio a futuro considerando los estudios que está realizando la Mesa de Energía Geotérmica, convocada a fines de 2016 por el Ministerio de Energía, y las reformas a la Ley sobre Exploraciones.
La posición de las comunidades aymaras y atacameñas
La Ley 19.657 sobre Concesiones de Energía Geotérmica se promulgó el 2000 y luego transitó por un periodo de licitaciones públicas, entre 2009 y 2010, en el marco de la Política Nacional Energética impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet.
En ese momento se otorgaron concesiones a empresas nacionales y trasnacionales para que realizaran los estudios de exploración en las regiones del norte del país. Sin embargo, las comunidades aymaras y atacameños denunciaron la vulneración a sus derechos territoriales por la extensión que les concedió el Ministerio de Minería para efectuar estos análisis.
El vocero de la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales, Richard Fernández, explicó que en el caso de la región de Arica y Parinacota se mantienen dos solicitudes de explotación donde se reconocen los impactos los afluentes de agua y la intervención en los volcanes.
“Se le entregan a las empresas derechos territoriales donde dentro de ese proceso está la perforación directo, es decir, ellos pueden hacer pozos profundos para buscar el fluido geotérmico. Es ahí que nosotros consideramos que es un daño porque, como lo indican los estudios científicos, estos fluidos contienen altos elementos tóxicos que pueden contaminar las aguas y en definitiva cualquier elemento que se encuentre sobre la superficie”, sostuvo.
Esto también afecta a su cosmovisión originaria enfocada en la preservación de la biodiversidad además de mantener las formas de vida del altiplano mediante la pequeña agricultura. “Estos podrían ser impactos irreversibles porque afectan la calidad del agua y esto no ha sido medido en la Ley de Concesiones Geotérmicas porque ahí tampoco fuimos consultados de acuerdo al Convenio 169 de la OIT”, señaló.
A casi un siglo de que se iniciaran las primeras exploraciones en Chile, durante este mes comenzaría a operar el primer proyecto geotérmico en el país, ubicado en los géiseres del Tatio, en la región de Antofagasta.
Se trata de una planta de 48 mega watts desarrollada por la multinacional italiana Enel Green Power, con una participación de un 81 por ciento en el proyecto, y de la Empresa Nacional del Patróleo (Enap), en un 18 por ciento.
Esta es la primera experiencia en el área que apunta a una política energética sustentable, considerando que se trata de un recurso renovable que se obtiene a través de calor natural de la tierra. Además, se caracteriza por ser autóctona, es decir, que no depende de las condiciones climáticas ni tampoco de los vaivenes internacionales del petróleo para generar energía. De esta manera se podría instalar como la energía base del país.
Chile fue el cuarto país en el mundo en iniciar las exploraciones geotérmicas. Sin embargo, su tardía implementación responde a una serie de barreras técnicas, sociales y económicas.
El director del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA) de la Universidad de Chile, Diego Morata, señaló que Chile por su posición geográfica tiene un potencial geotérmico extremadamente alto, pero que hasta a la fecha no se ha sabido aprovechar.
Fueron los privados que en 1923 realizaron las primeras exploraciones en las regiones del norte del país, cuando sólo Estados Unidos e Italia habían iniciado estudios similares. Después en la década de los 60, el Estado realizó varios proyectos a través de la Corporación Nacional de Fomento (Corfo) para evaluar en qué condiciones se encontraban las exploraciones. Sin embargo, estos estudios se paralizaron durante la Dictadura, en 1979. “Las autoridades militares estimaron que estos estudios no tenían mayor relevancia”, comentó el profesor.
Luego de esto, el proyecto de Cerro Pabellón es el único que ha conseguido reflotar porque se trata de una iniciativa privada. Siguiendo la misma lógica que en otros proyectos energéticos, explicó Morata, en este caso el modelo se configura a partir de la iniciativa particular donde el Estado mantiene participación minoritaria. “El Estado participa aquí a través de la Enap, es decir no podemos decir que no esté presente, pero el modelo es diferente a como se ha hecho en otros países donde se inicia a partir del Estado y luego le da participación a los privados”, precisó.
Esto ha impedido que se proyecte una política energética a largo plazo por parte del Estado y que el sector geotérmico sea gobernado por la dinámica del mercado. “Estamos en una situación paradojal porque tenemos la primera planta en la región pero no sabemos lo que se nos viene a futuro”, recalcó el profesional.
El profesor Diego Morata explicó que en la actualidad quedan sólo cuatro empresas y cerca de veinte concesiones de exploración vigentes. Sin embargo, se proyecta un trabajo más amplio a futuro considerando los estudios que está realizando la Mesa de Energía Geotérmica, convocada a fines de 2016 por el Ministerio de Energía, y las reformas a la Ley sobre Exploraciones.
La posición de las comunidades aymaras y atacameñas
La Ley 19.657 sobre Concesiones de Energía Geotérmica se promulgó el 2000 y luego transitó por un periodo de licitaciones públicas, entre 2009 y 2010, en el marco de la Política Nacional Energética impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet.
En ese momento se otorgaron concesiones a empresas nacionales y trasnacionales para que realizaran los estudios de exploración en las regiones del norte del país. Sin embargo, las comunidades aymaras y atacameños denunciaron la vulneración a sus derechos territoriales por la extensión que les concedió el Ministerio de Minería para efectuar estos análisis.
El vocero de la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales, Richard Fernández, explicó que en el caso de la región de Arica y Parinacota se mantienen dos solicitudes de explotación donde se reconocen los impactos los afluentes de agua y la intervención en los volcanes.
“Se le entregan a las empresas derechos territoriales donde dentro de ese proceso está la perforación directo, es decir, ellos pueden hacer pozos profundos para buscar el fluido geotérmico. Es ahí que nosotros consideramos que es un daño porque, como lo indican los estudios científicos, estos fluidos contienen altos elementos tóxicos que pueden contaminar las aguas y en definitiva cualquier elemento que se encuentre sobre la superficie”, sostuvo.
Esto también afecta a su cosmovisión originaria enfocada en la preservación de la biodiversidad además de mantener las formas de vida del altiplano mediante la pequeña agricultura. “Estos podrían ser impactos irreversibles porque afectan la calidad del agua y esto no ha sido medido en la Ley de Concesiones Geotérmicas porque ahí tampoco fuimos consultados de acuerdo al Convenio 169 de la OIT”, señaló.
A casi un siglo de que se iniciaran las primeras exploraciones en Chile, durante este mes comenzaría a operar el primer proyecto geotérmico en el país, ubicado en los géiseres del Tatio, en la región de Antofagasta.
Se trata de una planta de 48 mega watts desarrollada por la multinacional italiana Enel Green Power, con una participación de un 81 por ciento en el proyecto, y de la Empresa Nacional del Patróleo (Enap), en un 18 por ciento.
Esta es la primera experiencia en el área que apunta a una política energética sustentable, considerando que se trata de un recurso renovable que se obtiene a través de calor natural de la tierra. Además, se caracteriza por ser autóctona, es decir, que no depende de las condiciones climáticas ni tampoco de los vaivenes internacionales del petróleo para generar energía. De esta manera se podría instalar como la energía base del país.
Chile fue el cuarto país en el mundo en iniciar las exploraciones geotérmicas. Sin embargo, su tardía implementación responde a una serie de barreras técnicas, sociales y económicas.
El director del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA) de la Universidad de Chile, Diego Morata, señaló que Chile por su posición geográfica tiene un potencial geotérmico extremadamente alto, pero que hasta a la fecha no se ha sabido aprovechar.
Fueron los privados que en 1923 realizaron las primeras exploraciones en las regiones del norte del país, cuando sólo Estados Unidos e Italia habían iniciado estudios similares. Después en la década de los 60, el Estado realizó varios proyectos a través de la Corporación Nacional de Fomento (Corfo) para evaluar en qué condiciones se encontraban las exploraciones. Sin embargo, estos estudios se paralizaron durante la Dictadura, en 1979. “Las autoridades militares estimaron que estos estudios no tenían mayor relevancia”, comentó el profesor.
Luego de esto, el proyecto de Cerro Pabellón es el único que ha conseguido reflotar porque se trata de una iniciativa privada. Siguiendo la misma lógica que en otros proyectos energéticos, explicó Morata, en este caso el modelo se configura a partir de la iniciativa particular donde el Estado mantiene participación minoritaria. “El Estado participa aquí a través de la Enap, es decir no podemos decir que no esté presente, pero el modelo es diferente a como se ha hecho en otros países donde se inicia a partir del Estado y luego le da participación a los privados”, precisó.
Esto ha impedido que se proyecte una política energética a largo plazo por parte del Estado y que el sector geotérmico sea gobernado por la dinámica del mercado. “Estamos en una situación paradojal porque tenemos la primera planta en la región pero no sabemos lo que se nos viene a futuro”, recalcó el profesional.
El profesor Diego Morata explicó que en la actualidad quedan sólo cuatro empresas y cerca de veinte concesiones de exploración vigentes. Sin embargo, se proyecta un trabajo más amplio a futuro considerando los estudios que está realizando la Mesa de Energía Geotérmica, convocada a fines de 2016 por el Ministerio de Energía, y las reformas a la Ley sobre Exploraciones.
La posición de las comunidades aymaras y atacameñas
La Ley 19.657 sobre Concesiones de Energía Geotérmica se promulgó el 2000 y luego transitó por un periodo de licitaciones públicas, entre 2009 y 2010, en el marco de la Política Nacional Energética impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet.
En ese momento se otorgaron concesiones a empresas nacionales y trasnacionales para que realizaran los estudios de exploración en las regiones del norte del país. Sin embargo, las comunidades aymaras y atacameños denunciaron la vulneración a sus derechos territoriales por la extensión que les concedió el Ministerio de Minería para efectuar estos análisis.
El vocero de la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales, Richard Fernández, explicó que en el caso de la región de Arica y Parinacota se mantienen dos solicitudes de explotación donde se reconocen los impactos los afluentes de agua y la intervención en los volcanes.
“Se le entregan a las empresas derechos territoriales donde dentro de ese proceso está la perforación directo, es decir, ellos pueden hacer pozos profundos para buscar el fluido geotérmico. Es ahí que nosotros consideramos que es un daño porque, como lo indican los estudios científicos, estos fluidos contienen altos elementos tóxicos que pueden contaminar las aguas y en definitiva cualquier elemento que se encuentre sobre la superficie”, sostuvo.
Esto también afecta a su cosmovisión originaria enfocada en la preservación de la biodiversidad además de mantener las formas de vida del altiplano mediante la pequeña agricultura. “Estos podrían ser impactos irreversibles porque afectan la calidad del agua y esto no ha sido medido en la Ley de Concesiones Geotérmicas porque ahí tampoco fuimos consultados de acuerdo al Convenio 169 de la OIT”, señaló.
