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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Delegaciones de BID e IFC visitaron Chile para escuchar denuncias sobre Alto Maipo

Los representantes del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (CFI) visitaron por estos días nuestro país, para emitir un informe sobre el impacto del proyecto Alto Maipo. El documento será entregado a los organismos internacionales que operan como financistas.

Victoria Vinals

  Domingo 16 de abril 2017 10:08 hrs. 
No Alto Maipo

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Los ocho representantes del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (CFI), dependiente del Banco Mundial, llegaron a la zona del Cajón del Maipo para recabar testimonios de diversos sectores de la comunidad y afectados por el proyecto Alto Maipo. El objetivo de la visita fue dar seguimiento a las quejas por incumplimiento de sus propias directrices ante los mecanismos de los bancos acreedores de Alto Maipo en enero pasado.

Las quejas presentadas por una serie de organizaciones lideradas por la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, apuntan a que los organismos internacionales no han cumplido con sus propias políticas ambientales, sociales, de acceso a la información, entre otros temas, al involucrarse en el citado proyecto.

A juicio de la coordinadora, las entidades financistas no habrían evaluado debidamente la precariedad de los estudios presentados por la empresa Aes Gener, los riesgos y severos impactos de la implementación del complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Maipo.

La gira de la delegación incluyó visitas en terreno, reuniones con dirigentes sociales, ONGs y fundaciones. También se habrían reunido con AES Gener, responsable de la construcción de  Alto Maipo.

Juan Pablo Orrego, director de la ONG Ecosistema, contó que se realizaron dos asambleas con vecinos del lugar y que tuvieron la particularidad de ser absolutamente transversales en cuanto a su composición. Desde profesionales a campesinos, todos habrían señalado a los comisionados, el impacto personal y ambiental que reviste el proyecto para ellos, sus familias y comunidad.

“Esta gente tuvo la oportunidad de escuchar los testimonios y cómo se sienten frente al impacto que ya está teniendo el proyecto Alto Maipo, y la percepción elevadísima de paranoia y angustia respecto al riesgo que se viene”, sostuvo.

Respecto a lo que sigue, Juan Pablo Orrego señaló que, una vez enviados los informes, serán las altas esferas de los organismos financieros los responsables de tomar medidas frente al proyecto.

Del total del costo del proyecto, la Corporación Financiera Internacional perteneciente al Banco mundial le entregó al proyecto Alto Maipo 150 millones de dólares, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo lo financió con 200 millones.

En ese contexto, la apuesta del movimiento ciudadano en contra del megaproyecto está orientada a que los directorios de ambos organismos retiren el financiamiento de Alto Maipo, evitando así, el impacto medioambiental que, desde antes que se implemente, está generando.

La reclamación internacional

Durante 2015, Marcela Mella, dirigente de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo y Juan Pablo Orrego, director de la ONG Ecosistema, viajaron a Washington donde sostuvieron una reunión con las entidades financistas del megaproyecto.

En dicha instancia los representantes de la banca internacional acogieron la iniciativa y les señalaron todos los procedimientos que debían seguir para presentar una queja en contra de la hidroeléctrica en construcción.

A su regreso a Chile, los representantes de la comunidad afectada comenzaron a elaborar los informes, sistematizaron la información recopilada por casi cuatro años y presentaron un documento de más de 50 carillas donde dieron cuenta de todos los daños que traería la instalación y funcionamiento del proyecto Alto Maipo.

Marcela Mella, quien ha luchado en contra del proyecto desde que se inició, explica que la internacionalización de sus denuncias responde a “las escasas posibilidades que la institucionalizad ambiental de Chile entrega a las comunidades para la defensa de su territorio. Sumado a esto al tráfico de influencias y las posiciones políticas que toman decisiones solo pensando en su beneficio”.

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