Una nueva irregularidad en Gendarmería investiga el Ministerio Público, esta vez contra al menos 300 funcionarios que habrían pagado por la obtención de títulos profesionales falsos sólo con el objetivo de cobrar asignaciones y aumentar sus salarios.
El delito consistía en que el empresario educacional Patricio Silva, representante legal de la Sociedad Jorquera y Compañía Limitada, realizaba el timbraje, suscripción de los certificados y títulos falsos. Por esto se cobraba 110 mil pesos a funcionarios de Gendarmería como mensualidad y otros 100 mil para matricularse en la carrera de Ingeniería Ejecutiva en Seguridad.
Los bonos cancelados iban desde los $350.000 hasta los $500.000 dependiendo el rango de cada funcionario y que sumados alcanzarían los $600 millones.
El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile (Ansog), Joe González llamó a no generalizar en este nuevo hecho fraudulento que afecta a la institución. “Acá no solamente la responsabilidad es del Ministerio de Justicia, sino que también educación y la propia institución. Ya en el año 2012 nosotros habíamos enviado algunas alertas por estos tipos de convenios exprés para la obtención de títulos profesionales. Hicimos también algunas consultas a Contraloría. Entonces no es que falle solamente la institución, sino que falla todo el sistema que regula el tema educacional en el país”, argumentó.
Una visión similar tiene el director nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Benavides, quien condenó los hechos que se investigan y destacó que la mayoría de los 17 mil funcionarios que componen la institución han procedido dentro de la legalidad.
Benavides emplazó a las asociaciones gremiales a las que pertenecen los funcionarios implicados Juan Yáñez, Leandro Tegler, Rodrigo Luna y Alex Catalán, a que den explicaciones y condenen los actos irregulares. “Nosotros condenamos los hechos que se están investigando. Si se comprueba su veracidad, creemos que no es posible que personas estén abusando de este tipo de beneficios tratando de engañar al Estado y esperamos que la asociaciones a las que pertenecen los inculpados tomen las medidas que correspondan porque esto le hace mal al mundo sindical”.
Al respecto, el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto, calificó como una verdadera mafia esta red que operaba al interior de Gendarmería capaz de conseguir títulos universitarios falsos.
El también presidente de la comisión investigadora sobre millonarias jubilaciones en la institución, agregó que en este caso nuevamente fallaron los controles internos, superiores jerárquicos, la propia Contraloría y la subsecretaria de justicia, de quien depende Gendarmería. “Detectamos otra anomalía, que está dentro de la leyes de Gendarmería. A diferencia de las que rigen en la administración pública, estas contemplan que pueden tener derecho a esta asignación profesional funcionarios que cursen carreras técnicas de no más allá de tres años, por lo que ha llevado a que muchos funcionarios cursen carreras exprés, que no tienen aplicación práctica, sólo con la finalidad de tener un aumento en sus remuneraciones”.
Después de dos años de investigación, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte ya formalizó a los primeros imputados y se agendó otra audiencia para el próximo 22 de mayo.
Entre los años 2012 y 2015 cerca de 300 funcionarios habrían presentado títulos profesionales falsos de las universidades SEK, La República y el Instituto Valle Central, cobrando los bonos que se sumaban a sus respectivos salarios.
Una nueva irregularidad en Gendarmería investiga el Ministerio Público, esta vez contra al menos 300 funcionarios que habrían pagado por la obtención de títulos profesionales falsos sólo con el objetivo de cobrar asignaciones y aumentar sus salarios.
El delito consistía en que el empresario educacional Patricio Silva, representante legal de la Sociedad Jorquera y Compañía Limitada, realizaba el timbraje, suscripción de los certificados y títulos falsos. Por esto se cobraba 110 mil pesos a funcionarios de Gendarmería como mensualidad y otros 100 mil para matricularse en la carrera de Ingeniería Ejecutiva en Seguridad.
Los bonos cancelados iban desde los $350.000 hasta los $500.000 dependiendo el rango de cada funcionario y que sumados alcanzarían los $600 millones.
El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile (Ansog), Joe González llamó a no generalizar en este nuevo hecho fraudulento que afecta a la institución. “Acá no solamente la responsabilidad es del Ministerio de Justicia, sino que también educación y la propia institución. Ya en el año 2012 nosotros habíamos enviado algunas alertas por estos tipos de convenios exprés para la obtención de títulos profesionales. Hicimos también algunas consultas a Contraloría. Entonces no es que falle solamente la institución, sino que falla todo el sistema que regula el tema educacional en el país”, argumentó.
Una visión similar tiene el director nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Benavides, quien condenó los hechos que se investigan y destacó que la mayoría de los 17 mil funcionarios que componen la institución han procedido dentro de la legalidad.
Benavides emplazó a las asociaciones gremiales a las que pertenecen los funcionarios implicados Juan Yáñez, Leandro Tegler, Rodrigo Luna y Alex Catalán, a que den explicaciones y condenen los actos irregulares. “Nosotros condenamos los hechos que se están investigando. Si se comprueba su veracidad, creemos que no es posible que personas estén abusando de este tipo de beneficios tratando de engañar al Estado y esperamos que la asociaciones a las que pertenecen los inculpados tomen las medidas que correspondan porque esto le hace mal al mundo sindical”.
Al respecto, el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto, calificó como una verdadera mafia esta red que operaba al interior de Gendarmería capaz de conseguir títulos universitarios falsos.
El también presidente de la comisión investigadora sobre millonarias jubilaciones en la institución, agregó que en este caso nuevamente fallaron los controles internos, superiores jerárquicos, la propia Contraloría y la subsecretaria de justicia, de quien depende Gendarmería. “Detectamos otra anomalía, que está dentro de la leyes de Gendarmería. A diferencia de las que rigen en la administración pública, estas contemplan que pueden tener derecho a esta asignación profesional funcionarios que cursen carreras técnicas de no más allá de tres años, por lo que ha llevado a que muchos funcionarios cursen carreras exprés, que no tienen aplicación práctica, sólo con la finalidad de tener un aumento en sus remuneraciones”.
Después de dos años de investigación, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte ya formalizó a los primeros imputados y se agendó otra audiencia para el próximo 22 de mayo.
Entre los años 2012 y 2015 cerca de 300 funcionarios habrían presentado títulos profesionales falsos de las universidades SEK, La República y el Instituto Valle Central, cobrando los bonos que se sumaban a sus respectivos salarios.
Una nueva irregularidad en Gendarmería investiga el Ministerio Público, esta vez contra al menos 300 funcionarios que habrían pagado por la obtención de títulos profesionales falsos sólo con el objetivo de cobrar asignaciones y aumentar sus salarios.
El delito consistía en que el empresario educacional Patricio Silva, representante legal de la Sociedad Jorquera y Compañía Limitada, realizaba el timbraje, suscripción de los certificados y títulos falsos. Por esto se cobraba 110 mil pesos a funcionarios de Gendarmería como mensualidad y otros 100 mil para matricularse en la carrera de Ingeniería Ejecutiva en Seguridad.
Los bonos cancelados iban desde los $350.000 hasta los $500.000 dependiendo el rango de cada funcionario y que sumados alcanzarían los $600 millones.
El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile (Ansog), Joe González llamó a no generalizar en este nuevo hecho fraudulento que afecta a la institución. “Acá no solamente la responsabilidad es del Ministerio de Justicia, sino que también educación y la propia institución. Ya en el año 2012 nosotros habíamos enviado algunas alertas por estos tipos de convenios exprés para la obtención de títulos profesionales. Hicimos también algunas consultas a Contraloría. Entonces no es que falle solamente la institución, sino que falla todo el sistema que regula el tema educacional en el país”, argumentó.
Una visión similar tiene el director nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Benavides, quien condenó los hechos que se investigan y destacó que la mayoría de los 17 mil funcionarios que componen la institución han procedido dentro de la legalidad.
Benavides emplazó a las asociaciones gremiales a las que pertenecen los funcionarios implicados Juan Yáñez, Leandro Tegler, Rodrigo Luna y Alex Catalán, a que den explicaciones y condenen los actos irregulares. “Nosotros condenamos los hechos que se están investigando. Si se comprueba su veracidad, creemos que no es posible que personas estén abusando de este tipo de beneficios tratando de engañar al Estado y esperamos que la asociaciones a las que pertenecen los inculpados tomen las medidas que correspondan porque esto le hace mal al mundo sindical”.
Al respecto, el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto, calificó como una verdadera mafia esta red que operaba al interior de Gendarmería capaz de conseguir títulos universitarios falsos.
El también presidente de la comisión investigadora sobre millonarias jubilaciones en la institución, agregó que en este caso nuevamente fallaron los controles internos, superiores jerárquicos, la propia Contraloría y la subsecretaria de justicia, de quien depende Gendarmería. “Detectamos otra anomalía, que está dentro de la leyes de Gendarmería. A diferencia de las que rigen en la administración pública, estas contemplan que pueden tener derecho a esta asignación profesional funcionarios que cursen carreras técnicas de no más allá de tres años, por lo que ha llevado a que muchos funcionarios cursen carreras exprés, que no tienen aplicación práctica, sólo con la finalidad de tener un aumento en sus remuneraciones”.
Después de dos años de investigación, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte ya formalizó a los primeros imputados y se agendó otra audiencia para el próximo 22 de mayo.
Entre los años 2012 y 2015 cerca de 300 funcionarios habrían presentado títulos profesionales falsos de las universidades SEK, La República y el Instituto Valle Central, cobrando los bonos que se sumaban a sus respectivos salarios.
